La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) puso en marcha esta semana el protocolo de “seguimiento y actuación para garantizar el derecho a la educación”, un mecanismo destinado a localizar a los alumnos que no están concurriendo a ningún centro de estudios para reinsertarlos en el sistema.
El protocolo implica primero la intervención de las autoridades de la institución a donde concurría el alumno, quienes evalúan caso a caso la situación del joven y sus familias junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Una vez que se agotan estos procedimientos, la ANEP puede solicitar la intervención de la Policía Comunitaria que irá casa por casa a buscar a los alumnos que no asisten a clase.
Según informó el BPS a comienzos de este mes, hay 16.000 estudiantes de entre 5 y 17 años que no figuran inscriptos en ningún centro educativo. A sus familias se les advirtió que corren el riesgo de perder las asignaciones familiares, una prestación que recibían a cambio de enviar a los menores a cargo a estudiar.
Esta cifra descendió con respecto a 2015, cuando figuraban 22.000 alumnos sin inscribirse. Ese año, sin embargo, la eventualidad de retirar la Asignación Familiar se suspendió ya que la ministra de Desarrollo Social Marina Arisemendi se oponía a esa medida sancionatoria.
En 2013, el primer año de este sistema, el BPS emitió un listado inicial de 31.000 estudiantes.
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa con Teresa Herrera, Gerardo Caetano, Guillermo Fossati y Rafael Porzecanski.
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