EC —En principio puede haber un diálogo entre la persona mayor que sufrió el accidente y el operador del servicio de teleasistencia; si no se concreta, si hay alguna dificultad a esos efectos, igual el servicio funciona, toma sus decisiones.
JB —Exactamente. Debe activar un determinado protocolo, por el cual nos aseguramos de que la persona va a ser atendida, va a recibir una atención de acuerdo a la situación que está planteada, que en ese momento no se conoce, por lo tanto hay que prever todas las alternativas posibles y actuar en consecuencia.
EC —Como quedó dicho, el servicio no lo va a prestar el Estado, el Estado va a coordinar con empresas privadas que serán las encargadas.
JB —Efectivamente, esa es la solución que hemos elegido.
EC —¿Y estará disponible efectivamente en todo el país? ¿Las personas que hoy están llamadas a anotarse pueden ser de cualquier punto del territorio?
JB —De cualquier punto del territorio, con la condición de que tengan una línea telefónica de Antel fija. Ese es el requisito tecnológico que hemos dispuesto. Ahora estamos a la espera de los resultados de la convocatoria de las empresas, hemos dado un período de tres meses para que se inscriban, y mientras tanto vamos ganando tiempo recibiendo por el Portal de Cuidados y por el 0800-1811 las solicitudes de los potenciales usuarios.
***
EC —Cuéntenos cómo va a funcionar el subsidio. Porque de eso se trata, las personas que se anotan van a tener cubierto, a través del sistema, el total de la cuota de este servicio o un porcentaje de esa cuota.
JB —Efectivamente. Los ingresos no son una condición limitante para el ingreso. Una vez que la persona entra al servicio, se evalúa su condición económica para ver en qué franja de subsidio puede quedar.
El mecanismo es el siguiente. Supongamos dos personas mayores que viven en un hogar y ganan $ 50.000 de ingresos. A ese ingreso se le resta un ficto de $ 9.000 –el valor de una pensión por invalidez–, queda en $ 41.000; luego se divide entre dos y se establece un per cápita, en este caso de $ 20.500, que se coteja con el sistema de franjas.
El sistema de franjas es el siguiente: entre 1 y 3 BPC (bases de prestaciones y contribuciones) per cápita, el subsidio es de 100 %; entre 3 y BPC, de 70 %; entre 6 y 11 BPC, de 30 %, y de 11 BPC en adelante, 0 %.
El valor de la BPC se actualiza anualmente en enero, hoy está en $ 3.611. Quiere decir que un hogar compuesto por dos personas que tenga como ingresos $ 52.000 tendrá 100 % de subsidio. Y un hogar de cuatro personas que tenga ingresos de unos $ 167.000, tendrá 0 % de subsidio, para tomar los dos puntos de corte.
EC —¿De qué orden es la cuota mensual? ¿Qué implicaría el 100 % del subsidio para una persona?
JB —El precio del servicio que nosotros fijamos y que vamos a pagar en el caso de 100 % de subsidio es de 0,26 BPC más IVA: $ 3.611 por 0,26, por 1,22: aproximadamente $ 1.200 por mes.
EC —¿Con qué presupuesto cuenta el SNIC para el arranque?
JB —Son $ 40 millones para el 2017.
EC —¿A cuántas personas se va a poder abarcar con ese presupuesto?
JB —A 4.000 personas si el subsidio fuera del 100 % para todas las personas.
EC —¿Tienen estimada la cantidad de personas que pueden necesitar el acceso a este servicio? ¿Qué dice la experiencia de otros países, por ejemplo?
JB —Ahí hay dos elementos. El primero, que el sistema estadístico nacional no mide la dependencia, salvo por una encuesta longitudinal de dependencia que ha hecho el BPS, pero que mide la dependencia en personas mayores, no toma el universo de personas por ejemplo con discapacidad que tienen dependencia; hemos tenido que triangular con otras encuestas que se han hecho sobre discapacidad para poder aproximar números de la cantidad de personas en situación de dependencia. Ahora estamos conversando con el INE para incluir en un módulo de la Encuesta Continua de Hogares la medición de la dependencia. No se hacía porque no había políticas públicas definidas para eso.
El otro elemento es que, más allá de la cantidad de personas dependientes, en este caso con dependencia moderada, la experiencia internacional que analizamos muestra que en países culturalmente próximos a nosotros, como España –ahí sí hay medición de la cantidad de gente en situación de dependencia, porque ya tienen una ley desde hace muchos años–, del total de gente que podría estar en condiciones de usufructuar el servicio solo un 10 % lo demanda. Eso tiene que ver con que mucha gente no quiere reconocer su condición y le cuesta asumir que tiene que tener un dispositivo de esta naturaleza. No sabemos cómo va a evolucionar eso en el Uruguay, no tenemos datos certeros de la cantidad de usuarios que tienen las empresas que están en el mercado, entonces vamos a ver. Calculamos que tenemos entre 20.000 y 25.000 personas, pueden llegar a 30.000 personas que están en situación de dependencia moderada o leve. Vamos a empezar por 4.000 en el 2017. Vamos a ver cuál es la demanda real que en el caso de Uruguay se establece en los próximos meses.
EC —¿Está previsto efectivamente que el presupuesto vaya aumentando año a año para que se dé ese crecimiento en la población abarcada?
JB —El presupuesto se dividió en dos tramos, por lo tanto hasta 2017, hasta esta rendición de cuentas, y se dice que se “planchó” el presupuesto para los tres años siguientes. En esta rendición de cuentas se va a discutir cuáles van a ser los eventuales incrementos que se van a realizar o no en los distintos sectores del Estado, en función de las condiciones del país. Vamos a estar a lo que defina el Parlamento.
EC —¿Cómo van a hacer para elegir? Supongamos que se anotan 10.000, ¿cómo hacen para resolver quiénes van a ser los beneficiarios en esta etapa inicial?
JB —En ese caso, tenemos previsto utilizar algún criterio adicional, tratando siempre de mantener la universalidad en el acceso, es decir que no sea la condición económica la que defina el acceso, sino que sea para todos los sectores sociales. Seguramente una restricción podrá venir, si sucede esa hipótesis que tú planteas, por el lado de las personas que viven solas, tratar de tener un criterio que permita definir prioridades no en un marco de ingreso, sino en un marco de necesidades de las personas. Esa es una variable que manejamos, y eventualmente nuestros técnicos discutirán, junto con los técnicos del BPS, que es un socio en el marco del SNIC en la implementación de este servicio.
EC —Recordemos cómo va a funcionar, incluso cómo funcionan experiencias que ya existen en Uruguay desde hace años. La persona que vive sola o que queda sola en su casa tiene puesta una pulsera o un collar con un dispositivo electrónico que, en caso de sufrir un percance, le permite, apretando un botón simplemente, disparar una consulta con un servicio, que en principio hasta puede dialogar con ella para conocer qué es lo que está sucediendo y darle indicaciones, o, si eso no se da, si está bloqueada la posibilidad del diálogo, activa una serie de contactos previstos para que la persona termine recibiendo ayuda efectivamente.
JB —Hay que acotar que la persona que está en la central no es un especialista en salud, o sea que no va a diagnosticar, no hace una evaluación sanitaria, porque esto no es un servicio de salud, sino un servicio de cuidado. Sí tiene la capacitación básica y mínima para saber hacia dónde disparar la red de asistencia. Pero que quede claro que no va a haber ni consultas psicológicas ni consultas de salud, porque los personales de las empresas no van a tener esas características.
