EC —En el mismo Comcar está el Polo Industrial, donde trabajan hoy unos 500 presos ya. Es otra realidad, no sé si llamarla paraíso, pero parece bastante claro que ese es el camino.
VA —Absolutamente. Ese es el camino que queremos, a partir de una norma –que es una de las propuestas legislativas que le llevamos al ministro–, dijimos “los presos tienen que trabajar”. No alcanza con terminar el hacinamiento; como decía Petit, no alcanza con seguir construyendo plazas –el ministro nos decía que están en construcción 1.960 plazas en Punta de Rieles– si no hay medidas socioeducativas, si no hay medidas laborales, si no hay políticas. Esto tendría que haber llegado antes, tiene que ver con lo que hicimos antes, hay una ausencia del Estado o de las políticas sociales antes de que se llegue a esta situación. Pero esta situación existe y las cárceles muestran la derrota de una sociedad, lo enfermo de una sociedad. Y podemos tomar dos caminos, como decía recién: o seguimos mirando para el costado o nos ocupamos de eso. La propuesta legislativa tiene que ver con establecer que los presos trabajen.
EC —Vamos a los dos proyectos. Empecemos por este que introduce la obligación completa para los reclusos de trabajar. Este texto se centra en los artículos 40 y 41 de la ley 14.470 (Normas sobre Reclusión Carcelaria y Personal Penitenciario) del año 1975, una ley de la dictadura, que después tuvo modificaciones en democracia.
VA —En el 84.
EC —¿Qué es lo que procura cambiar de aquella ley?
VA —Varias cosas antes. Lo que nosotros planteamos también está en concordancia –quiero rescatarlo porque me parece importante– con un proyecto de ley que el senador Pedro Bordaberry presentó en febrero de 2015, con las mismas características, que establecía el trabajo obligatorio para los condenados, pero no para los procesados. Tomando en cuenta que hoy en nuestro sistema penitenciario solamente 4 de cada 10 son condenados y el resto están procesados, nos parecía que era necesario generar un marco normativo que estableciera la obligatoriedad del trabajo para todas las personas privadas de libertad, tanto penadas como procesadas.
Porque acá hay un debate, en las redes nos expresan “¿por qué defienden a los presos?, ¿por qué están buscando generar oportunidades, en lugar de defender…?”. No se trata de eso, ese no es el debate, el debate es el que hablábamos recién desde el punto de vista conceptual. Tomemos en cuenta que por año 6.500 de estas personas vuelven a convivir con nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? Tomando en cuenta que en nuestro sistema penitenciario la reincidencia es enorme; estamos hablando de que el 67 % son reincidentes, casi 7 de cada 10 que salen reinciden. Porque no hay medidas que rehabiliten, y nada mejor para rehabilitar a un preso que el trabajo. Eso yo lo vi y tú lo viste en el Polo Industrial.
En el Polo Industrial hay 500 presos que están con un uniforme, que están trabajando, que aprenden un oficio, adquieren hábitos, hasta desde el punto de vista de la convivencia, y además reciben de esas empresas privadas que funcionan en el Polo Industrial un salario, cumpliendo con las leyes laborales. Eso tiene una implicancia hasta desde el punto de vista hasta económico, porque las personas privadas de libertad significan un costo para el Estado. De esta manera uno hasta facilita y termina con ese peso, con ese costo que les significan a todos los ciudadanos.
EC —Además estas personas tienen cómo pasarles algo de dinero por mes a sus familias.
VA —…A sus familias, y un porcentaje a las víctimas de la delincuencia. Eso también está establecido en una ley, pero lamentablemente, como hoy es muy bajo el porcentaje de quienes trabajan, es también muy bajo el porcentaje que va a las víctimas de la delincuencia.
EC —Leyendo su proyecto de ley y comparando con la normativa vigente, con la ley tal cual está redactada hoy, me surgen algunas preguntas. El artículo 40 de la ley, tal cual está redactado hoy, dice: “El trabajo es un deber y un derecho de todo recluso, y será utilizado como medio de tratamiento profiláctico y reeducativo y no como castigo adicional”. Eso ya está vigente hoy.
VA —Está vigente hoy.
EC —Lo curioso es que habla de “todo recluso”, y después el 41 lo relativiza. No entendí muy bien esta forma de plantearlo en la ley. El 41 dice que “el trabajo de los reclusos penados será obligatorio, mientras que a los procesados la autoridad carcelaria deberá siempre proporcionarles la posibilidad de trabajar”. No entendí por qué el artículo 40 dice que es obligatorio para todos y el 41 distingue entre penados y procesados.
VA —Justamente, porque había esa diferenciación me parecía que era una buena instancia para ampliar a todo el sistema penitenciario, en todo el territorio nacional, a unos y a otros.
EC —De todos modos, parece haber una incoherencia entre el 40 y el 41. Pero dejando de lado eso, me llama la atención que el 41 diga que el trabajo es obligatorio para los reclusos penados, y eso hoy no se está cumpliendo.
VA —Exactamente.
EC —¿Cuántos reclusos con condena tenemos hoy?
VA —Son 4 de cada 10, como decíamos recién.
EC —O sea, unos 4.000 y algo. ¿Hay 4.000 presos trabajando? No.
VA —No. Justamente, esa es una de las cosas que conversamos con el propio ministro. El viernes pasado le llevamos las dos iniciativas, y el ministro recibió de muy buena forma este proyecto. De hecho, el Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley de empleo penitenciario, con lo cual es una buena cosa que gobierno y oposición puedan generar un proyecto que cuente con el máximo apoyo, con el mayor consenso posible.
Y justamente el ministro me decía que el porcentaje de reclusos que trabajan no es el que les gustaría, que hoy lo que dice la ley no se está cumpliendo. Tiene que ver también con una cuestión cultural. Lo que hay que hacer –y esto tiene que ver con la segunda propuesta que nosotros hacemos– es extender los polos industriales, ampliar, porque el Polo Industrial alcanza a 500 presos. Pero además ahí hay convenios o se generan situaciones con empresas privadas fuera del sistema penitenciario, fuera del sistema carcelario, con las intendencias, con determinadas empresas, pero hay resistencias culturales, porque no todos toman personas que están penadas y privadas de libertad. Ahí hay un tema de cambio cultural o de ir hacia determinados cambios. De todas maneras, falta un largo proceso…
EC —Justamente, ¿qué ganamos con establecer la obligatoriedad del trabajo ahora para todos los presos, incluso para los procesados, si, por lo visto, la obligatoriedad no alcanza? Lo estamos viendo hoy.
VA —Por eso es importante, primero, establecer una norma, establecer la obligatoriedad, y por supuesto tomar determinadas medidas, tomar conciencia. Hay varias cosas, no solo el INR, el Ministerio del Interior (MI), creo que muchas veces se le carga todo al MI y ahí es importante el trabajo con los otros ministerios, con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Entonces la siguiente propuesta es que busquemos –lo conversé en varias oportunidades con el director del Polo Industrial, Jaime Saavedra– establecer polos industriales y fomentar que empresas privadas se instalen en estos polos. Pero ¿cómo hacemos para potenciar que las empresas se instalen en estos polos? Saavedra me decía hace un tiempo “hagamos una especie de zona franca para cárceles, generemos exoneraciones fiscales para las empresas que se instalen”, porque esto es bueno desde todo punto de vista.
EC —Y eso es justamente lo que usted propone en el segundo proyecto. Artículo 2: “Las empresas de origen privado que se instalen en dicho espacio –el del polo industrial extendido– y contraten mano de obra penitenciaria contarán con los beneficios fiscales que surgen de la Ley de Zonas Francas N° 15.921 (exoneración del IRAE en el giro corriente de la empresa, impuesto al valor agregado IVA e Impuesto al Patrimonio)”. Esas tres exoneraciones. Eso es lo que usted propone, pero esto a su vez requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.
VA —Todo lo que tiene que ver con temas tributarios es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por eso también se lo llevamos al ministro Bonomi, porque requiere que el Poder Ejecutivo lo promueva.
