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Entrevista central, viernes 16 de junio: Pablo Rosselli

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EC —Recordemos en cuánto estamos.

PR —Hoy estamos con un déficit fiscal del orden de 3,4 % del PBI, con alguna ayuda transitoria; podríamos decir que estamos más en torno al 3,5 %-3,6 % del PBI. Y la deuda pública neta pasó de 33 % a 43 % del PBI.

EC —Aumentó de manera importante.

PR —Significativa. La deuda bruta aumentó bastante menos, hay un tema de pérdida de reservas en 2015, 2016, en el peor momento. Pero para estabilizar la deuda pública, para evitar que siga creciendo, de acuerdo a nuestros cálculos se requiere un esfuerzo fiscal o un ajuste fiscal adicional de 1 %, 1,5 % del PBI, según las hipótesis que tomemos. Todavía falta bastante en el frente fiscal.

EC —En ese panorama, ¿cómo evaluaron los aumentos de gasto que se anunciaron? El gobierno plantea incrementos de gastos por un total de US$ 222 millones. Este número ha ido y venido, ha tenido distintos enfoques. Vamos a explicarlo.

PR —Cuando pensamos en las rendiciones de cuentas tenemos que distinguir los componentes automáticos de los componentes discrecionales. Hay gastos que ocurren automáticamente. El ministro señaló que las transferencias al Banco de Previsión Social (BPS) para cubrir pasividades están siendo mayores de lo previsto en unos US$ 100 millones y las transferencias a la llamada caja militar están siendo mayores de lo previsto en US$ 50 millones.

EC —Ahí tenemos US$ 150 millones de gasto extra que va a haber el año que viene, no resuelto por el gobierno.

PR —Exactamente, que no estaba contemplado en la Rendición de Cuentas anterior, es automático.

EC —Son situaciones que quedaron de hecho. En el caso de los US$ 50 millones extra de la "caja militar", porque no se votó en el Parlamento un proyecto de ley que se había enviado para crear un impuesto a las jubilaciones militares más altas…

PR —…Exactamente…

EC —…En el caso del BPS es otra historia, hubo hasta errores de cálculo del propio organismo. Ahí tenemos, entre los dos factores, US$ 150 millones que vienen impuestos.

PR —Exacto. Y luego hay una decisión discrecional de incrementar el gasto en US$ 72 millones, US$ 62 millones para la educación y US$ 10 millones para pagar un acuerdo con funcionarios del Poder Judicial. El aumento discrecional del gasto es muy pero muy pequeño, lo cual refleja las restricciones que teníamos. Igual esta distinción entre discrecional y automático tenemos que manejarla con cierto cuidado, porque lo que hoy es automático muchas veces responde a decisiones que se tomaron en el pasado; no quiere decir que no se haya tomado nunca ninguna decisión. Pero las decisiones ya se tomaron y ahora solo se observan las consecuencias.

RA —Quizás uno de los temas más sorprendentes de la información que divulgó el equipo económico tiene que ver con los gastos en seguridad social. Sobre todo estoy pensando en el BPS, en las cifras que se presentaron respecto a lo que se difiere de las proyecciones que había del gasto del BPS.

PR —El gasto en pasividades está subiendo fuerte. En el 2008 se aprobó una ley de flexibilización del sistema para acceder a la jubilación. Veníamos con la reforma del 96 y para muchas personas era muy difícil completar los años de aportación requeridos, entonces hubo una ley de flexibilización, pero los efectos de esa ley aparentemente fueron sustancialmente mayores de lo previsto. La cantidad de jubilaciones por año pasó de 15.000 a 30.000, se duplicó la cantidad de personas que se jubilan cada año. Las jubilaciones por invalidez pasaron de 1.500 al año en 2008 a más de 6.000 ahora. Ahí parecería que hay alguna anomalía; es muy poco razonable pensar que el 20 % de las personas que se jubilan cada año lo hagan por una razón de invalidez. Es un número francamente llamativo. A su vez, las pasividades suben porque aumenta el salario real, y eso está teniendo impactos significativos en el sistema. Pensemos que antes de la reforma del 96 el país gastaba como 12 % del PBI en pasividades, ese número bajó hasta 8,3 % del PBI en el 2008 y del 2008 para acá, producto de todas estas cosas que decíamos, subió nuevamente, a 9,7 % del PBI. Y el gasto en términos reales de las pasividades se duplicó entre 2008 y el 2017. Y por otro lado tenemos la caja militar.

EC —Lo curioso es que el propio equipo económico destaca, con respecto al BPS, que este aumento del gasto que se instaló lo sorprendió, es mayor de lo que el propio organismo había avisado. Había como una advertencia, como un rezongo incluido.

PR —Probablemente, no está escrito el rezongo, pero el ministro marcó que la discrepancia entre las dos cifras era bastante significativa.

EC —Vayamos a la caja militar, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

PR —La asistencia a la llamada caja militar o al Servicio prácticamente se duplicó en términos reales en cinco años. Va a llegar a US$ 550 millones, casi 1 punto del PBI. Estas tendencias en seguridad social a nuestro juicio son francamente preocupantes, requieren medidas de ajuste. Por un lado, el gobierno está planteando una reforma de la caja militar que a nuestro juicio es inevitable, pero la realidad es que el proyecto que está entrando en el Parlamento es bastante menos de lo que pretendía el equipo económico, porque como está planteado va a tener efectos de un modo sumamente lento.

También es preocupante lo que pasa con las pasividades en el BPS. Estamos hablando de transferencias, Uruguay gasta mucho en cualquier comparación internacional en seguridad social y el dinero que se gasta en esas transferencias es dinero que no se gasta en la provisión de los servicios públicos. No se gasta en educación, no se gasta en seguridad. Ahí el Uruguay tiene un tema para abordar.

EC —Vayamos a la otra parte del gasto, el gasto que se resuelve aumentar ahora. En educación concretamente US$ 62 millones. ¿Cuánto significa en el total del gasto educativo, cuán significativo es lo que aumenta el gasto de la educación?

PR —Es un aumento muy pequeño. El ministro Astori dijo que el próximo año estaremos llegando a un gasto en educación de 5 % del PBI; 5 % del PBI representa más o menos US$ 3.000 millones. Un aumento de US$ 60 millones implica incrementar el presupuesto de la educación en 2 % en términos reales. Es un aumento pequeño.

A nuestro juicio es evidente que con las restricciones fiscales que el país tiene por delante es casi imposible que Uruguay llegue al objetivo que tiene el gobierno de un gasto en educación de 6 puntos del PBI, algo que en nuestra opinión era previsible ya desde hace varios años, desde antes de que comenzara esta administración. Con lo cual también debería estar claro que el desafío del sistema educativo es lograr un funcionamiento mejor más o menos con el presupuesto que tiene la educación hoy. El desafío está en mejorar la calidad de ese gasto, y esa es un área donde no ha habido avances sustantivos, probablemente sea tarea del próximo gobierno.

EC —Aclaremos que, como destacó el ministro, el presupuesto de la educación no aumenta solo estos US$ 62 millones que se disponen en la Rendición de Cuentas, hay aparte otro rubro, US$ 46 millones, que viene de la Rendición de Cuentas anterior.

PR —Exactamente.

EC —Por eso con la suma de las dos cosas, US$ 62 más US$ 46, el presupuesto total llegaría a cerca del 5 % del PBI.

PR —Exacto. Y el aumento de recursos disponible va a ser del orden del 3,5 %.

EC —Y por el lado de los gastos que el gobierno resuelve aumentar también están esos US$ 10 millones que tienen que ver con deudas que se tiene con funcionarios judiciales.

PR —Es una decisión discrecional pero inevitable, porque hay un acuerdo que honrar después de un fallo judicial que también hay que honrar.

EC —No es toda la deuda, es una cuota.

PR —Es un tramo.

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