El texto preliminar presentado por el gobierno electo ha generado controversia con algunas de las medidas económicas
EMILIANO COTELO (EC): Como ustedes saben, el presidente electo Luis Lacalle Pou, dio a conocer el miércoles el borrador del proyecto de Ley de Urgente Consideración. El proyecto tiene 459 artículos, repartidos en 10 secciones.Hay mucho para analizar, pero en cualquier caso está claro que se trata de un proyecto muy ambicioso, que aborda una gran cantidad de temas. A continuación, les proponemos poner una mirada al proyecto desde la perspectiva del análisis económico, y para eso estamos en comunicación con el economista Pablo Rosselli, socio de EXANTE.
ROMINA ANDRIOLI (RA): Pablo, ¿cómo vieron en términos generales y desde la perspectiva económica el proyecto de ley divulgado el miércoles?
PR: Es un proyecto ambicioso. Son 459 artículos de temáticas muy variadas. Es inexorable que haya temas controversiales – desde punto de vista técnico (eficacia de las medidas propuestas) y desde una perspectiva ideológica (preferencias de cada uno). A medida que pasen las semanas surgirán elementos nuevos. Por tanto los comentarios que haremos revisten un carácter preliminar, sujetos a mayor consideración.
RA: Hecha esa aclaración, ¿cuáles son las primeras reflexiones desde un punto de vista económico?
PR: Nuestra impresión inicial es que el proyecto, globalmente considerado, es muy positivo. Hemos comentado muchas veces que Uruguay precisa hacer un ajuste macroeconómico (déficit fiscal, atraso cambiario, desajuste entre salario y productividad que repercute en pérdida de empleos).
Ese ajuste es condición necesaria para retomar crecimiento de largo plazo, pero tiene costos de actividad económica en el corto plazo.Y comentamos que entonces era necesario que el gobierno impulsara una agenda de reformas estructurales, que generara un clima de mayor confianza entre los agentes, que ayudara a impulsar la inversión.
El proyecto considerado en su conjunto propone un conjunto muy importante de cambios, que en términos generales van en la dirección correcta y que tienen, potencialmente, un impacto significativo en el funcionamiento de la economía y de la sociedad.
El proyecto aborda muchas de las grandes problemáticas que enfrenta el país –seguridad, educación, funcionamiento del estado, economía. Por cierto, hay medidas más importantes, medidas menos importantes, medidas que pueden traer mejoras significativas, otras que quizás no resulten eficaces, medidas con las que desde un punto de vista ideológico podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, como decíamos, en 459 artículos seguro hay lugar para el debate.
Pero considerado en su conjunto, nos parece que señaliza una agenda de muchos cambios y presenta un sentido de urgencia. Por eso decíamos que el proyecto globalmente considerado nos parece muy positivo, aunque eso no implica desconocer que algunas medidas propuestas no nos parecen adecuadas.
RA: Concentrémonos en los temas de la agenda económica y empecemos por los cambios que a juicio de ustedes van en la dirección correcta.
PR: Bajar el déficit fiscal será el centro de la ley de presupuesto pero ya hay medidas para comenzar a reordenar las cuentas públicas. Regla fiscal sobre el resultado del gobierno central.
Se limitan las contrataciones de personal a razón de una contratación cada tres vacantes
Se establecen criterios más estrictos en las compras estatales. Obviamente esas restricciones de contratación de personal y en las compras no están libres de problemas (pueden dificultar en algunos casos el funcionamiento óptimo de algunas divisiones de la administración), pero son necesarias para bajar el gasto público y bajar el déficit fiscal.
Reforma de la seguridad social: se encomienda la formación de una comisión de expertos. El presidente electo había señalado además que la reforma debe ser integral y abordar todos los subsistemas, lo cual nos parece correcto.
Relaciones laborales: se atiende un problema relevante –ocupaciones de los lugares de trabajo. Acá hay razones de índole filosófica/ideológica –buscar un equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo y el derecho de propiedad privada. Además de esa perspectiva ideológica, las ocupaciones son un factor negativo en el clima de negocios, nos parece que hace bien el gobierno electo en apuntar en esta dirección.
Fortalecimiento institucional para mejorar políticas públicas. Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, muy necesario, clave para tener una mejor discusión sobre la composición y calidad (eficacia/eficiencia) del gasto público.Indicios de una vocación por darle un rol más importante a las unidades reguladoras como la Ursec y la Ursea.
Mayor competencia en mercados clave.
Portabilidad numérica, un gran debe en Uruguay, existía una enorme barrera para que las personas puedan cambiar de proveedor de telefonía celular. Este cambio puede traer una intensificación significativa de la competencia entre las empresas, es injustificable que el número no sea de la persona, es una barrera injustificable a la competencia.
Se va a permitir que empresas de TV puedan ofrecer servicios de internet y que las telefónicas puedan ofrecer servicios de contenidos audiovisuales. Las restricciones que enfrentan las telefónicas y las empresas de TV para abonados no se justifican, van a contramano de la convergencia tecnológica que se observa desde hace dos décadas.
También hay una vocación por introducir competencia en el mercado de combustibles, con la libre importación de combustibles, aunque este tema nos parece particularmente controversial, pero la vocación de introducir más competencia y más eficiencia, más allá de cómo se logre eso, también va en la dirección correcta.
Seguramente dejamos varios temas relevantes sin comentar, pero el proyecto considerado globalmente va a en la dirección correcta.
RA: Decías que también hay aspectos controversiales. Para ustedes, ¿dónde hay puntos críticos?
PR: Uno de los temas controversiales está en la inclusión financiera. Hay dos temas diferentes, eliminar la obligatoriedad en el pago de sueldos y permitir que cualquier transacción se haga en efectivos.
En relación al pago de sueldos hay varias reflexiones, el gobierno electo lo plantea como un tema filosófico, la libertad de elegir de empleados y empleadores.
Dos objetivos en juego, libertad y eficiencia (el uso del dinero en efectivo es costoso, mover dinero es costoso para la sociedad) y además, cuanto más efectivo se use, más difícil y costoso es el control que debe hacer la administración tributaria, pero este es un tema de opinión, entre el objetivo de preservar más libertad y el objetivo de promover una mayor eficiencia.
Por otro lado, nos parece que en términos de libertad, derogar la obligatoriedad del pago de sueldos por medios bancarios o equivalentes, tiende a darle más libertad al empleador que al empleado,que tiene menos capacidad para negociar esto.
Ahora, también es cierto que en localidades del interior del país y en el interior rural, hay muchas personas que encuentran muy inconveniente cobrar sus salarios por bancos.
En cualquier caso, nos parece que la tendencia al uso de medios electrónicos de pago no se va a ver mayormente alterada por este cambio y cada vez será más fácil usar medios electrónicos de pago.
En cambio, nos llama la atención que se derogue la obligación de realizar grandes transacciones por medios bancarios. Podíamos esperar que se revisaran los umbrales a partir de los cuales no se pueden realizar transacciones en efectivo, pero permitir que cualquier transacción, sin importar su volumen, se haga en efectivo parece excesivo.
Dicho eso, la realidad es que hay un conjunto muy grande de normas que afectan a los bancos y a los profesionales que intervienen en esas transacciones –ventas de inmuebles y empresas– que hacen muy difícil que se hagan en efectivo, aunque la ley lo permita, los bancos van a tener dificultades para aceptar depósitos en efectivo por montos grandes, los profesionales que actúan en esas operaciones van a tener que reportarlas como operaciones sospechosas. Por eso mismo, llama la atención esa propuesta de derogación.
RA: ¿Qué otros temas les resultan controversiales?
PR: En relación al tema seguridad social, nos parece muy bien que el gobierno instale el tema de la reforma desde el primero de marzo, pero francamente nos parece un poco largo los plazos que se le dan a esa comisión, que tiene tiempo hasta el 31 de diciembre de 2021 para formular recomendaciones.
Aprobar una reforma de la seguridad social es francamente complejo, se trata siempre de reformas que recogen críticas de al menos alguna parte de la población y por eso es el tipo de reformas que hay que aprobar cuanto antes, lo más lejos posible de la siguiente elección, cuando se acercan las elecciones, se alejan los votos. La reforma anterior se votó en 1996, en el segundo año del período de gobierno.
También llama la atención que se elimine la incompatibilidad entre la jubilación y el trabajo, aunque se prevé que quien se jubile y siga trabajando acceda a una jubilación reducida. Está claro que tenemos que revisar todos los conceptos del esquema de seguridad social, ajustándonos a una nueva realidad donde las personas viven más, algunas pueden trabajar más tiempo y otros no, algunos quieren trabajar más tiempo pero menos horas, pero lo lógico sería introducir estos cambios en el marco de toda la reforma.
Esta medida aislada nos parece que se anticipa innecesariamente y podría tener costos fiscales indeseados, no lo sabemos, pero podría tenerlos.
RA: Para terminar, ¿qué comentarios tienen en relación a la libre importación de combustibles? Anticipabas que era controversial.
PR: Objetivo de introducir más eficiencia y más competencia en mercado de combustibles nos parece enteramente compartible. Como comentamos otras veces, las ineficiencias no están solo en Ancap, nuestra distribución y comercialización de combustibles (puertas afuera de Ancap) también es muy costosa. Hace falta mejorar sustancialmente la regulación. Pero no es evidente que la derogación del monopolio termine trayendo más competencia y termine provocando menores precios, eso puede depender mucho de cómo se termine regulando esa libre importación, difícilmente aparezcan inversiones privadas para competir con Ancap si no se resuelven temas de infraestructura de almacenamiento de combustibles líquidos, también es importante para cualquier privado, entender en qué condiciones va a competir Ancap con ese privado.
Luego tenemos el tema de Ancap. Si Ancap pierde volumen en manos de competidores privados, su refinería perdería escala, sería menos eficiente, tendría un impacto fiscal negativo.
Nos parece que probablemente el camino más adecuado sea un camino de fortalecimiento de la regulación, con la Ursea fijando el precio de venta de Ancap, exigiendo que los costos bajen año a año. Introduciendo mucho más competencia puertas afuera de la refinería. Y quizás el punto de llegada sea terminar con el monopolio de Ancap, pero no parece que el comienzo mejor esté en la eliminación del monopolio.
Estas son algunas de las críticas que podemos hacerle al proyecto pero en términos generales y desde la perspectiva económica, nos parece que el proyecto va en la dirección correcta.
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Foto: Líderes de la coalición se reúnen con el presidente electo. Crédito: Twitter de Beatriz Argimón
