El derecho suyo y el mío

Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Usted tiene derecho a hacer todo aquello que no esté prohibido y que no viole los derechos de los demás. Grosso modo, esa frase resume lo que podría llamarse convivencia pacífica en una sociedad democrática como la nuestra. Cuando este equilibrio se altera, pagan justos por pecadores. Incluso así, en algunos casos, los justos están dispuestos a tolerarlo y se esfuerzan aunque puedan no entender del todo los porqués.

Como siempre ocurre en una sociedad regulada –hiperregulada en el caso de la nuestra-, es necesario reflexionar acerca de ciertas limitaciones que pueden aparecer por la simple necesidad de organizar la vida en común.
El gobierno del presidente Tabaré Vázquez tomó en los últimos días un tipo de medida que es de las que más le cuestan a la izquierda en Uruguay. Una medida que tiene que ver con establecer por escrito la posibilidad de acciones policiales para evitar o subsanar cortes de vías públicas.

Popularmente se lo bautizó “decreto antipiquetes” y su aprobación por Vázquez y su gabinete en pleno la semana pasada, desató una serie de airadas críticas, cuestionamientos y también apoyos, cosa normal si se considera que lo que hay en juego es un conjunto de derechos en tensión: el derecho a protestar versus el derecho a circular libremente; el derecho a manifestarse versus el derecho a la seguridad de las personas cuando se producen cortes de vías muy transitadas, entre otros pares posibles.

No existe un análisis simpático de esta cuestión en el que se pueda justificar a unos y negar a otros. Se dio sin embargo, un cúmulo de apreciaciones que desvirtuaron por completo la realidad de lo que significa la protesta mediante el mecanismo de huelga, que no siempre en este país conlleva la obstaculización de vías de circulación.

En primer lugar, antes de este decreto presidencial, ya existía en nuestro país la determinación expresa de que una protesta no podía cortar rutas nacionales, o calles sin previa autorización y la planificación necesaria para desviar el tránsito. Es una cuestión de sentido común: el derecho a protestar no puede estar por encima de la seguridad de transeúntes y choferes.

¿Quiere decir esto que en Uruguay no se cortaban calles para una manifestación? Por supuesto que no. Los actos masivos del primero de mayo o las manifestaciones político partidarias de toda índole, para poner ejemplos que no se relacionan con huelgas, se realizan en Uruguay sin mayores inconvenientes que algún desvío previamente anunciado.

Lo que el Poder Ejecutivo buscó con este decreto es establecer, al amparo de las normas existentes, un mecanismo que evite la instalación de cortes de ruta espontáneos o sin aviso –los podemos llamar “piquetes”, pero me niego a argentinizar el debate, si me disculpan-.

En su artículo cuarto, el decreto señala expresamente el respeto al artículo 57 de la Constitución de la República que consagra el derecho a huelga.

¿Con normas ya existentes previamente, con el derecho a huelga garantizado por la Constitución de la República, dónde está entonces el problema?

Fenapes, la combativa Federación de Profesores, rechazó el decreto en un comunicado del que se desprende que consideran que limita el “derecho a la protesta” de los trabajadores. ¿Las protestas no deberían tener un marco, es decir, no debería existir un límite legal para marcar, al menos, lo que no se puede hacer?

Es normal y lógico que los trabajadores protestemos por las vías que estimemos convenientes, al amparo de la ley, cuando creemos que nuestros derechos no están siendo respetados. Pero no es lo mismo un paro de actividades que un corte de rutas, es bastante claro. Las implicancias de seguridad para los afectados son extremadamente diferentes.
Creo que uno de los problemas mayores que le plantea este decreto al Frente Amplio, radica en la confusión que algunos dirigentes de la coalición tienen entre los conceptos de ejercicio de autoridad y represión. Lo primero, no supone necesariamente lo segundo.

El diputado comunista Gerardo Nuñez, citado por El País, dijo que este decreto otorga “potestades a las fuerzas represivas que no corresponden”. En realidad, la Policía ya podía levantar por motu propio cortes de ruta. Nada cambia. El detalle es la definición que da el legislador de la Policía, a la cual cataloga como “fuerzas represivas”. La ley 18.315 del año 2008, es decir aprobada durante el primer período del Frente Amplio en el gobierno, establece las funciones que competen a la Policía, y como en cualquier país del planeta, señala que tiene la potestad de reprimir, aunque la ley lo establece como una “excepción” y no como regla. Pensar que la Policía es apenas una “fuerza represiva» es una concepción cuando menos limitada.

Soy de los que piensan que menos normas hacen más libre a una sociedad.

Por eso, la pregunta que me hago, en medio de todo este matete conceptual que se ha armado en torno a este decreto es ¿por qué hubo que llegar a una nueva norma, en un país que garantiza el derecho a la huelga pacífica, si ya existían los mecanismos previstos en la ley para que medidas de protesta intempestivas que alteraran el orden público pudieran ser objeto de acciones de las autoridades para garantizar los derechos de todos?

Solo puedo entenderlo como un problema de inseguridad, pero de inseguridad en el ejercicio de la autoridad que admite la ley.

***

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 29.03.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Sus opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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6 Comentarios - Escribir un comentario

  1. Gustavo Calvo

    Mauricio
    Ud dice que es de los que piensan que menos normas hacen mas libre a una sociedad. Yo concuerdo, pero en este caso, todos los problemas son derivados de la ausencia de una ley que reglamente el derechos de huelga, según reza la Constitución misma. Se que lo que acabo de escribir es satánico para el PIT CNT pero soy de los que ingenuamente creen que es posible, al amparo de una interpretación conjunta del PIT-CNT y el MTSS de las normas de la OIT, confeccionar una normativa adecuada y que fácilmente daría reglas de juego claras a quienes las necesitan hoy en dia, que son los integrantes del Ministerio del Interior y del Poder Judicial. Los demas no lo necesitan, el PIT CNT se nutre de la desregulacion y la confusión de términos, pues eso les da manos libres en cada medida de fuerza, ya que nadie tiene claro que se puede y que no. El mejor ejemplo de esto es esta nota. Pero si leemos a la OIT y normas afines de varios paises desarrollados y no, veremos con cierta sorpresa que no
    es necesario descubrir la polvora. Hay ciertamente una serie de principios que son comunes a casi todo el mundo, y coinciden con el sentido comun.
    1 – El derecho de huelga es universal. Se entiende por tal no concurrir al trabajo. Es una medida pasiva.
    2 – Los no agremiados (y aun los agremiados en algunos paises) tiene derecho a ir a trabajar y esto NO PUEDE ser impedido ni de hecho ni de derecho.
    3 – Los denominados piquetes «blandos» , donde los trabajadores a viva voz, pueden plantarse frente a la empresa o fabrica a hacer saber sus discrepancias , folletear y entrevistar gente para informar son LICITOS en cualquier cuerpo normativo.
    4 – Los piquetes DUROS, que por via de hecho interrumpen la circulación, el transito o impiden ingreso o egreso de empleados o bienes a la Empresa, son ILICITOS
    5 – La legislacion y la negociacion paritaria pueden pactar remunerar a quienes hacen huelga sin que ello se considere una inequidad con quienes concurrieron a trabajar,.
    6 La OCUPACION colisiona con el derecho de propiedad en todas las normativas, por lo que es ILICITA . Hay normas y consultas especificas en la OIT al respecto. Consultas que ya los gremios empresariales uruguayos han realizado sin ser vinculantes.

    Una ley de regulación de las relaciones laborales seria muy , pero muy útil y este es el momento ideal, donde un gobierno socialista, afín a los colectivos gremiales y que no puede ser acusado de querer limitar las conquistas obtenidas. dada su afinidad ideológica, puede avanzar a despejar esa niebla jurídica que tanto mal hace a nuestra actividad comercial y productiva.
    Esta es parte de una idea general que me pareció pertinente expresar

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  2. Guau. Impecable analisis Gustavo..
    Bien , muy bien
    Si hubiera tipos con esa cabeza en el parlamento, estaria muy bueno.
    Este muchacho no esta en la mesa de los oyentes?
    Felicitaciones Gustavo

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  3. Todas las discusiones que se han originado con respecto a este «nuevo»decreto es la mezcla que originó el tema sobre el derecho a la huelga, asunto que ya ha sido laudado hace tiempo por el gobierno, y el derecho del peatón o chofer, que debe soportar los cortes cuando los manifestantes ocupan las calles o rutas del país, creyendo que con ese acto captan la adhesión o interés de la ciudadanía, logrando totalmente lo contrario, la irritación o desinterés de los afectados. Hay otras formas de llamar la atención sobre problemas sindicales o de otra índole, para eso están las aceras, las volanteadas, música, letreros, etc. solo se necesita forzar un poco la imaginación. Pero prima lo fácil, cortemos todo y prendamos fuego a las llantas, y nos agarramos a las piñas con el que quiera pasar. Considero adecuado el decreto, la policía maneja la situación en dos fases, primero advierte la transgresión a los responsables, de no ser obedecido el despeje del lugar, actúa, los responsables irán en caso de desacato, ante el juez correspondiente. Y san se acabó.

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  4. Existe un mal en nuestra sociedad -o, mejor dicho, en algunos estamentos de nuestra sociedad- al que denomino como de «optimismo normativo» queriendo con ello significar esa ilusoria idea de que creada la norma está resuelto el problema.
    Sobran las evidencias en contrario. Alcanza con la máxima popular de «hecha la ley hecha la trampa».
    La existencia de normativas para regular cualquier actividad es una condición necesaria pero no suficiente. Para que sea suficiente debe -además de ir acompañada de la efectiva fiscalización de su cumplimiento- emanar de las necesidades y el sentimiento de la sociedad en la que se aplica. Por eso puede haber infinidad de acciones ilegales o ilícitas pero igualmente aceptadas socialmente. Y esta última fuerza -la de la gente- ha demostrado a lo largo de la historia ser mucho más potente.

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    1. Gustavo Calvo

      Estoy de acuerdo Gustavo, pero en una situacion de inexistencia de un cuerpo coherente de normas en este tema, la creacion de una ley se vuelve necesaria e imprescindible. Seria un punto de partida para todos los debates que queramos imaginar, para corregir, refutar , construir ,etc etc… Una Ley seria un apoyo importante segun mi parecer.

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