En Primera Persona
Empresas públicas y subsidios: La glásnost necesaria

Por Emiliano Cotelo ///

Este martes el Poder Ejecutivo dio a conocer un paquete de medidas destinadas a rescatar a Ancap de su crisis. Los anuncios reabrieron la polémica, entre otras cosas por el monto de la capitalización que se dispone y, sobre todo, porque no se removió ni a los integrantes oficialistas del directorio ni a ninguno de los gerentes, pese a que la gran mayoría de ellos vienen del período de Gobierno anterior, cuando se acentuaron seriamente los problemas.

Esa discusión va a continuar en estos días de fin de año, a la espera de los informes de los cuatro partidos políticos que participaron en la comisión investigadora del Senado, que se conocerán en febrero. Pero yo creo que el caso de Ancap dejó abiertas otras líneas de análisis y reflexión que abarcan en general a todos los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado. La pregunta puede resumirse de esta manera: ¿Es necesario reformar el funcionamiento de las empresas públicas?

Menciono algunos ejemplos de debates que quedaron esbozados:

1. Aunque los integrantes de los directorios sigan siendo políticos de carrera, ¿no debe agregarse exigencias profesionales más estrictas que aseguren su idoneidad para la responsabilidad que deben asumir?

2. Hoy los directores de entes deben renunciar un año antes de las elecciones nacionales si quieren ser candidatos a cargos electivos. ¿No será conveniente poner mayores limitaciones, por ejemplo que deba pasar por lo menos una votación antes de que puedan postularse?

3. ¿A los gerentes no habría que nombrarlos por riguroso concurso y luego monitorear su permanencia en los cargos en base a compromisos de gestión?

4. ¿Qué sentido tiene esa cantidad de compañías subsidiarias que se fue creando en torno a cada una de las empresas públicas y sobre las cuales el control político llega poco y mal?

5. ¿No es tiempo ya de regular la publicidad de las empresas públicas, tanto en su monto como en la forma en que se distribuye entre los medios de comunicación?

Yo creo que todos esos puntos son muy importantes. Pero hoy quiero concentrarme en particular en otro aspecto que hace años me llama la atención: los subsidios que se les hace cargar a estos entes autónomos.

El diputado Alejandro Sánchez, del MPP, dijo el viernes pasado en Brecha: “Uno no puede mirar el balance de Ancap como si fuera una empresa cualquiera que sólo tiene que dar ganancias; tiene que pensar también en los efectos multiplicadores, en la diversificación de la matriz productiva y en las capacidades que deja para el futuro.”

Según explicó Sánchez, él prefiere considerar a las empresas públicas como “motores de desarrollo, porque generan cadenas de proveedores y derraman actividades económicas en todo el país”. Y luego enfatizó: “Ancap no sólo es proveedora de nafta, es un brutal laboratorio de desarrollo de las capacidades productivas de Uruguay”.

En un tono similar se expresó el senador Marcos Otheguy, de la lista 711 que encabeza Raúl Sendic. Sin dejar de reconocer los malos números de Ancap, Otheguy insistió en atenuarlos porque, destacó, “Ancap colaboró con el crecimiento del país y ayudó a cambiar la matriz energética con inversiones que tuvieron impacto en lo económico, en lo social, ambiental y en el empleo”.

De acuerdo a esa concepción, las empresas públicas son agentes de desarrollo y por ello pueden ser globalmente deficitarias o tener unidades de negocios que sean deficitarias. Si nos referimos a Ancap, ese razonamiento se aplicaría, por ejemplo, a Alur, donde lo que importa sobre todo es la generación de puestos de trabajo en una zona muy deprimida, como es Bella Unión; o a la idea de encargarle a la Armada Nacional la construcción de un remolcador, aunque sea más caro que uno comprado afuera y pueda resultar defectuoso, porque así se está fomentando la industria naval uruguaya.

Es evidente que, desde mucho antes del acceso del Frente Amplio al poder, las empresas públicas han jugado y siguen jugando ese tipo de papel. Y tal vez está bien que así sea. Pero me alarma que estas resoluciones y sus costos terminen siendo un gran misterio, desprolijo y discrecional, en torno al cual muchas veces ni siquiera se ponen de acuerdo los distintos actores vinculados al tema. Este manejo, que viene de tiempos inmemoriales pero desbarrancó en estos años en Ancap, debe cambiar de manera radical.

Primero, no puede ser que ese tipo de decisiones, que corresponden a estrategias de país, las tomen los directorios de los entes autónomos o, peor aún, se instauren a impulso de un presidente o un director de una empresa. Y, segundo, debe transparentarse puntualmente y caso a caso las pérdidas que se va a asumir, contabilizarlas con claridad y pagarlas desde el Gobierno nacional.

Un ejemplo: si, para cuidar el medio ambiente se resuelve mezclar biocombustibles con la nafta o el gasoil, y se opta por biocombustibles nacionales aunque sean más caros que los importados porque de esa manera se está generando puestos de trabajo para uruguayos, eso es algo que debe definir el Poder Ejecutivo (y no Ancap) y que debe comunicarse a la población con el fundamento correspondiente, explicando que esa no va a ser una actividad rentable para Ancap y que, por lo tanto, Rentas Generales le va a pasar una partida anual destinada a compensarle el mal negocio que se le está imponiendo.

Otro tanto podría decirse, a una escala mucho menor, con las donaciones que realizan las empresas públicas, y que, incluso durante décadas, funcionaron en un sistema de cuotas entre los directores, que iban quedando bien de esa manera con las personas u organizaciones conocidas que se lo solicitaban (pienso, por ejemplo, en la donación de pórtland para un club social y deportivo que quiere construir un gimnasio). La política de donaciones de pórtland debe ser nacional, fijada por el Poder Ejecutivo de manera abierta, y en función de ella el Gobierno central debe comprarle a Ancap la cantidad de bolsas de pórtland que sea necesaria. De ese modo Ancap no perderá nada por esas donaciones, sino que simplemente facturará esas ventas al ministerio tal o cual.

Yo creo que la llegada de esta glásnost es fundamental para que los uruguayos entendamos y asumamos qué son y a qué juegan los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, jueves 24.12.2015, hora 08.00

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6 Comentarios - Escribir un comentario

  1. Estimado Sr. Cotelo, con el mayor de los respetos, no sería más sano para la salud del Uruguay y de todos que lo habitamos que no existieran más las empresas públicas.-
    Tengo 61 años, desde que tengo uso de razón ( no en estos extremos), ha sucedido que cuando prendemos la luz, abrimos el grifo, cargamos combustibles, hablamos por teléfono, lo que menos pagamos es el servicio que deberíamos recibir.-
    A cambio tenemos prestaciones (muy malas) que no condicen con los montos que pagamos.-
    Además dicho dinero se utiliza para otras cosas, son muy mal administrados, los directores no tienen la formación ni conocimientos para integrar los directorios, utilizan el pseudo patriotismo para decir que son de todos los uruguayos y que es para beneficiar la soberanía del país, cuando todo los usuarios sabemos que es para bien de los proveedores amigos de los directores, financiar campañas políticas, para beneficios de los funcionarios ciudadanos «Clase A» ( como cuando la dictadura), sindicalistas que dicen defender a los trabajadores, cuando solo lo hacen para atornillarse a sus puestos, y todavía pretenden gobernar como si fueran electos por el pueblo. Todos sabemos que son votados por una minoría de asociados en elecciones confusas y no cristalinas.-
    Por favor, tenemos que despertar de una vez por todas y no permitir que nos sigan esquilmando.-
    Tenemos los servicios mas caros del mundo occidental, con sueldos que son la cuarta parte, de qué soberanía hablan, por favor!!!!!!!
    Se piensan que somos todos tontos, pero se siente un despertar, no pueden dirigirse a la ciudadanía como lo hicieron el Ministro de Economía y la Ministra de Industria.-
    Es menospreciar la inteligencia de los uruguayos.-

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  2. Como siempre, muy claro tu pensamiento, Emiliano. Y lo comparto. La palabra que ahora está de moda: «gestión», es lo que no supo hacer el FA en la presidencia anterior. Sea por los motivos que sea, algunos bien intencionados, para dar trabajo, etcétera, la gestión fue mala. Yo, como frenteamplista, creo que nuestros gobernantes deben aprender de esta experiencia negativa y mejorar la gestión. De cualquier manera, me duele muchisimo todo lo que está sucediendo, y confieso que los creía más inteligentes y honestos.

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  3. Agregaría un punto más para la reflexión: qué rol juega el Tribunal de Cuentas. Cómo se puede mejorar su efectividad? Para qué sirve si cada vez que el TC observa un gasto, el mismo puede reiterarse sin consecuencia alguna? Sería interesante conocer, para el caso concreto de ANCAP, cuántas observaciones hubo del TC, cuántas se acataron, cuántas no y cuántas observaciones envió el TC a la Asamblea General y luego, qué hizo la Asamblea con cada una de ellas.
    Lo de ANCAP no debe ser muy diferente a lo que sucede con el resto de los entes.

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  4. Debemos lograr ese glásnost separando en las empresas publicas los objetivos sociales de los objetivos empresariales.
    En el mundo actual a nadie se le ocurre llevar adelante un emprendimiento que en el largo plazo de perdidas.
    También creo que algunos objetivos sociales deben ser realizados pues el mercado competitivo no los atenderá.
    Ahora cumplir con objetivos sociales no significa perder dinero en la gestión publica.
    Podemos tener empresas publicas con excelentes administradores, exitosas, competitivas y que contribuyan a objetivos sociales que via la política nuestra sociedad se fije.
    Los objetivos sociales son de definición del colectivo politico.
    Los recursos para cumplirlos se le deben exigir y extraer a la buena gestión de nuestros activos (Empresas publicas).
    No entiendo por que siempre se asocia la idea de que por cumplir cometidos sociales siempre se pierde dinero.

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  5. Esta gente no resiste un archivo y va un ejemplo: “Ancap colaboró con el crecimiento del país y ayudó a cambiar la matriz energética con inversiones que tuvieron impacto en lo económico, en lo social, ambiental y en el empleo”, dijo en senador Otheguy . Si cambio la sigla Ancap por Ute, pasa a ser una hermosa justificación de algún senador del Partido Nacional cuando el Dr. Volonté fue presidente de Ute. O es que acaso la amnesia frenteamplista no es la misma que la amnesia blanqui-colorada?. Tengo unos cuantos años y recuerdo algunos dichos de frentistas sobre Ute en esos años, si, si.

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  6. Comparto el planteo básico de la «glasnost» en la empresas públicas, y yo agregaría tb a toda la Administración Pública. Lo que se hace en cuanto a información de calidad, hacerlo mucho más y mejor, y no puntualmente, al grito (pedido) sino como sistema. Me parece algo básico que no debería siquiera pedirse ni discutirse. Informar adecuadamente debería ser una parte fundamental de la gestión pública. No hay dudas de que en la gestión pública se debe mejorar y mucho. El dinero para la Adm Pca es de todos los uruguayos por lo cual parece indiscutible que «todos los uruguayos» deberíamos disponer de información adecuada para decidir y controlar cómo se usa nuestro dinero. Luego podríamos discutir constructivamente acerca de qué políticas de «desarrollo» son necesarias o convenientes; Y si es necesario financiarlas con los fondos aportados a través del pago de pseudo-impuestos a través de los precios de los servicios estatales. Confieso que esta práctica, que por cierto tiene larga data, no me parece tenga ningun atributo positivo; lo veo como una forma indirecta y de discutible justicia de gravar al ciudadano (sin reconocerlo) y una forma indirecta de invertir/gastar su dinero (sin reconocerlo). Algo escondido, y por lo tanto, turbio. ¿Por qué, mejor, no se busca administrar las empresas públicas en forma eficiente, de modo que sean todo lo superavitarias que puedan, para lo cual es obvio que deben ser gestionadas por las personas más competentes disponibles, tal como se hace en las empresas privadas, y con las utilidades, sumadas a lo recaudado por impuestos, el gobierno y sólo él, cumple la tarea que debe cumplir? Y si alguna debe ser excepcionalmente subsidiada, que no lo sea por problemas de gestión, que no deben haber, sino sólo por cuestiones estratégicas en beneficio del ciudadano debidamente discutidas y con amplio consenso. La «transparencia» de la gestión pública es siempre un valor y también un derecho ciudadano.

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