Financiamiento de partidos y campañas: la nueva regulación pendiente

Financiamiento de partidos y campañas: la nueva regulación pendiente

Por Emiliano Cotelo ///

La irrupción de Juan Sartori como precandidato presidencial ha sido todo un revulsivo, para el Partido Nacional y para el sistema político en su conjunto. En particular, reavivó en Uruguay el debate sobre cómo se financian los candidatos y lo partidos, qué problemas tiene el sistema vigente y cuáles deberían ser las mejoras. Un debate de primera importancia en el mundo y que en nuestro país quedó trunco el año pasado, cuando naufragó en el Parlamento el proyecto de ley que impulsaba el Frente Amplio y que no salió por la discrepancia de uno de sus diputados, Darío Pérez, y porque la oposición rechazaba varias de sus disposiciones, alegando que había faltado tiempo para el análisis en comisión.

Un caso como el de Sartori pone sobre la mesa algunas preguntas relevantes: ¿Hay que establecer un tope al dinero que un candidato puede poner de su propio bolsillo? Si no se fija ese límite, ¿se genera una ventaja indebida para ese dirigente por sobre otros políticos que carecen de fortuna personal? Y además, ¿cómo se conoce el origen real y último de los fondos de un político multimillonario? ¿Se trata solo de ahorros producidos por buenos negocios o puede haber detrás contribuciones escondidas provenientes de oscuros intereses?

Todas esos puntos se han planteado, explícita o implícitamente, en las discusiones de las últimas semanas.

El contra-ataque de Sartori y su equipo ha sido astuto y ha abierto varios flancos en las prácticas aceptadas hasta ahora. Por ejemplo: ¿Es más sana la forma cómo se han financiado hasta este momento los otros grupos y candidatos? Para ser más precisos: ¿es digno ir a golpear puertas de empresas y empresarios en busca de donaciones? ¿En qué medida se pierde independencia al “pasar la gorra” de esa manera? Pero además: ¿Cuánto tiempo y energía se desperdician en esa peregrinación?

Se le cuestionó a Sartori que paga por todo: se paga a los dirigentes que se le suman en ciudades del interior, a los operadores que lo apoyan en los barrios y hasta a las personas que asisten a algunos actos, trayéndolas incluso de puntos muy lejanos del país. La respuesta fue que su campaña utiliza prácticas que, con mayor o menor grado, han usado todos los partidos, sólo que en su caso aparecen explicitadas y llevadas al máximo de la organización.  Y en la contestación apareció un interrogante adicional e incómodo: ¿cuántos dirigentes y operadores de los partidos son empleados públicos en comisión o secretarios de los despachos de parlamentarios que descuidan la tarea legislativa y se dedican a la campaña? ¿Y los aportes obligados que los jerarcas deben hacer de sus salarios públicos a las arcas de sus partidos? ¿Y el uso en las campañas de los teléfonos –fijos y celulares- abonados por el presupuesto del Estado, junto con las computadoras de las oficinas, el café, el agua mineral y el papel de esas oficinas? Y hay otro capítulo más: la publicidad oficial, del gobierno nacional o de gobiernos departamentales, ¿no termina apuntalando a algunos partidos, sectores o líderes? Por todas esas vías toda la sociedad, está financiando, sin saberlo, una parte de las campañas. Y no las de todos los candidatos; ese es un privilegio de aquellos que ya tienen presencia en ministerios, empresas públicas, intendencias o el Parlamento. En cambio, no tienen acceso a esas ventajas los candidatos o partidos que se largan a la carrera electoral desde el llano.

Por ese motivo, entre otros, cabe otra preguntarse: ¿Y si las campañas y hasta el funcionamiento cotidiano de los partidos fueran financiados íntegramente con fondos públicos?

Hoy ya existe un escalón en esa dirección: cada partido recibe un pago de Rentas Generales por cada voto que obtiene en las elecciones. Y además está el otro financiamiento estatal oculto que yo mencionaba recién y que usufructúan solo algunos. De todos modos, esos recursos que el Estado ya pone no alcanzan y por eso se va en busca de donaciones privadas. Esto último termina siendo, de hecho, una especie de impuesto destinado a financiar la política. Pero es un impuesto forzado, informal y desparejo. ¿No será mejor quitarle a empresas, empresarios y ciudadanos ese “pechazo” que los partidos les hacen periódicamente? ¿No será más lógico ir a un esquema en que el Estado mismo le pase esa masa de dinero a los políticos, de manera regulada y transparente?  

Aunque resulte chocante, esa posibilidad no es un delirio. Tiene antecedentes en el mundo. Pero, claro, no sería sencilla de implementar y abriría nuevas polémicas. Por ejemplo, aparte de lo que recibieran del Estado, ¿los candidatos podrían poner dinero propio? ¿Habría que fijar topes a la publicidad electoral que se pautara en los medios de comunicación que operan con permisos del Estado, como la televisión o la radio? ¿Y qué limitaciones deberían estipularse a la publicidad oficial, tanto la que se pauta pagando como la de “bien público” que se emite de manera gratuita?

En fin, ese es un camino posible. Y, si no sirve, hay otros modelos.

Lo cierto es que el marco legal vigente en Uruguay no alcanza. Se ha introducido la obligación de rendir cuentas de los ingresos y los egresos, se ha restringido los montos de los aportes privados y se ha acotado la duración formal de las campañas electorales. Pero esas reglas son débiles, los propios partidos que las crearon las incumplen o las burlan elegantemente y, del otro lado, no existe la posibilidad de aplicar sanciones.

Esa zona gris tan amplia le hace mal a la democracia uruguaya y a los partidos políticos.  Si el desafío no estuviera claro a partir de la evidencia acumulada en las últimas décadas en el mundo, por lo menos debería reaccionarse ante el tendal que dejó y sigue dejando en nuestro continente el “escándalo Odebrecht”.

Resulta imprescindible reducir al mínimo la dependencia económica de los partidos respecto a operadores privados y al mismo tiempo hay que otorgar las condiciones más parejas que sea posible a todos los que se lanzan a la competencia. Y para todo eso una de las claves está en la transparencia.

¿Cuál es la fórmula más adecuada al Uruguay? La discusión, lamentablemente, no se va a laudar ahora pero va a sobrevolar todo este año electoral. Y si queremos que la reflexión sea productiva y llegue a buen puerto cuanto antes, al comienzo del próximo período de gobierno, conviene empezar por ordenar nuestras dudas y analizar con seriedad qué se está haciendo en el resto del planeta.

Quizás ese pueda ser el aporte de En Perspectiva en un tema en que, como en otros, mucha gente está presa de prejuicios y generaliza sin salir de la simpleza de los preconceptos y las suspicacias. Uno de ellos, que se palpa en las calles y las redes sociales, es que “todos los políticos están por la plata”. No es así: muchos ofrendan en su actividad, además de tiempo y esfuerzo, su propio patrimonio, por cierto bastante más modesto que el de Sartori; esta misma semana conocimos algunos ejemplos en nuestro programa.

Uruguay es -sigue siendo- un país con políticos de buena madera, personas que, en su mayoría, sólo procuran mejorar la vida en su comunidad y dedican a ello lo más valioso de sí mismos, por suerte para todos nosotros, votemos lo que votemos, e, incluso, si no votamos.

Ahora falta que esos políticos salden cuanto antes la deuda que tienen con la sociedad, aprobando una nueva y exigente regulación del financiamiento de partidos y campañas electorales, o sea, su propia auto-regulación. Despejarán de esa manera sospechas y cuestionamientos, ganarán en credibilidad y conseguirán mayor involucramiento ciudadano, que es la savia esencial para que se mantenga vivo el árbol de la democracia.

***

Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 31.05.2019

***

Podés seguirnos en las redes sociales de Radiomundo, en Facebook, en Twitter y en Instagram.
¿Hay errores en esta nota? Haz click aquí

Compartir

3 Comentarios - Escribir un comentario

  1. La idea de reglamentar la propaganda política sería buena de aplicar para mejorar la posibilidad de oportunidades iguales de los candidatos.
    El problema es que hay muchos intereses creados para que eso no suceda. De muchos políticos por ejemplo. Seguramente de los medios de comunicación que venden publicidad y de las agencias de marketing que están en zafra.
    Igual se puede intentar. Siempre se puede intentar.

    Reply
  2. Diego Nelson Sosa Maipaicena · Edit

    Es un tema muy importante y vale la pena hacer un análisis del mismo.
    En primer lugar, debemos indicar que el Estado puede cooperar con los partidos políticos debidamente constituidos y habilitados para realizar su actividad de acuerdo con las leyes del país porque se entiende que la actividad política es necesaria para que los gobiernos sean elegidos democráticamente, lo cual, por lo menos por ahora, se considera un beneficio para la sociedad en su conjunto. No me referiré al subsidio que está vigente que puede tener formas de ser mejorado pero, de hecho, ha sido aceptado, por todos desde hace muchos años.
    En principio, creo que todas las personas o más bien todas las organizaciones de personas tienen el derecho de comprar los servicios que deseen. No es posible impedir que las personas con sus recursos efectúen las compras de bienes y servicios que consideren apropiado en cada circunstancia.
    En función de lo expresado no veo como se puede impedir que las personas o las organizaciones políticas compren los bienes y servicios que consideran apropiado en las circunstancias. Esos servicios pueden ser servicios de asesoramiento en diversas áreas, arrendamiento de locales, servicios personales para atender las necesidades de la actividad, contratación de agencias de publicidad para adquirir objetos de publicidad como banderas, remeras, gorros, etc. y para diseñar mensajes publicitarios, contratación de espacios en medios masivos de comunicación, etc.
    No es posible impedir que las personas o las organizaciones políticas compren bienes y servicios relacionados con la promoción de sus ideas y sus candidatos en cualquier época del año, de cualquier año.
    Si los recursos que se emplean para comprar ese tipo de bienes y servicios son propiedad de las personas o de las organizaciones, no veo que se pueda impedir que usen sus recursos en lo que les plazca y si les place aplicarlos a comprar bienes y servicios para promover sus ideas y sus candidatos, creo que debe aceptarse. No creo que se pueda impedir por ley porque sería una ley fácilmente declarada inconstitucional por violar los derechos de las personas.
    El hecho de que algunas personas u organizaciones posean recursos propios de diferente cuantía no cambia el derecho de todos de usarlos como les plazca. No es posible emparejar para abajo.
    El tema se complica cuando los recursos utilizados para hacer ese tipo de adquisiciones si bien son de propiedad de las personas o las organizaciones políticas, provienen de donaciones realizadas por personas u organizaciones (empresas u otro tipo de organizaciones).
    ¿Podría impedirse que las personas o las organizaciones hagan donaciones a personas u organizaciones políticas?. En caso de no poderse impedir, ¿podría limitarse,, regularse o condicionarse esa posibilidad?. Creo que este es el meollo de la cuestión.
    En principio, creo que para justificar limitar, regular o condicionar una donación a los partidos políticos, tendría que identificarse que ello afecta el derecho de otras personas u organizaciones.
    Yo no percibo que a mí me afecte en lo personal que otro ciudadano o una organización con o sin fines de lucro done dinero a una persona o una organización política. Si yo no lo percibo, pienso que otras personas percibirán lo mismo. No se afecta los derechos de personas u organizaciones de la sociedad.
    Entonces, ¿dónde está el problema?. Pienso que el problema podría estar en que las personas u organizaciones que hacen las donaciones puedan hacerlo a cambio de que el partido político que recibe la donación, en caso de lograr que sus representantes accedan a cargos públicos, pueda compensar ese esfuerzo económico tomando decisiones que favorezcan a quienes hacen la donación. Esto, a pesar de ser inmoral, podría ocurrir y yo creo que muchas veces puede haber ocurrido en nuestro país o en otros países.
    Para desestimular este tipo de acción inmoral, lo único que se me ocurre es que las donaciones significativas que reciben los partidos políticos deban ser publicadas y registradas por el Tribunal de Cuentas a efectos de tenerlas presentes a la hora de vigilar el uso de fondos de las entidades estatales dirigidas por representantes de los partidos políticos beneficiarios de las mismas.
    En este escenario, el problema asociado es que los partidos políticos no declaren las donaciones de personas u organizaciones y en consecuencia las mismas no sean publicadas ni registradas. Sería una falta de ética, pero… podría ocurrir.
    ¿Cómo controlar la integridad de las donaciones declaradas, es decir que todas las donaciones recibidas sean declaradas para poder ser publicadas y registradas?. La única forma de hacer ese control es auditando las cuentas de todos los partidos políticos en forma regular y permanente. Esta obligación debería ser establecida por ley, determinándose todos los requisitos necesarios para que las auditorías sean confiables, satisfagan a todos los partidos políticos y sus resultados sean publicados. Para que las auditorías sean viables, es necesario que los partidos políticos posean un sistema de control interno satisfactorio.
    Por ahí habría que empezar.
    Este requisito debería ser exigido al autorizar la actividad de un partido político.

    Reply
    1. Este comentario demuestra la complejidad del tema, y por lo tanto, no es posible legislar a las apuradas, y menos a un año de todo nuestro complejo proceso electoral.

      Reply

Escribir Comentario: