Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti
La situación que atravesaron algunos internos del hospital para ancianos Piñeyro del Campo en los últimos días por medidas sindicales, es motivo de indignación. La denuncia del diputado nacionalista Martín Lema a la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien después de visitar el lugar señalara la “vulnerabilidad extrema” a la que quedaron expuestos algunos pacientes que pasaron horas sin ser higienizados por decisión de algunos trabajadores, puso nuevamente sobre el tapete la paupérrima situación que atraviesan algunos sectores del sistema de salud público.
El diputado no hizo más que corroborar denuncias que ya habían sido sustentadas por médicos y enfermeros sobre la situación que se vive en ese centro, que debería ser para resguardo de la salud de personas que, en muchos casos, no tienen conciencia ni capacidad de valerse por sí mismas. No es necesario abundar demasiado en detalles. Basta con señalar la falta de sensibilidad que representa el dejar a un anciano incapaz tirado sobre su cama durante horas como mecanismo de protesta. Es incalificable.
Pero sería hipócrita decir que los uruguayos estamos descubriendo ahora este desastre. Los trabajadores que tomaron esta absurda e injustificable medida que implica higienizar a un número determinado de pacientes por turno, denuncian que no se les pagan partidas que corresponden a quienes trabajan con pacientes con problemas de salud mental, y que el número de funcionarios para la atención de los ancianos es ampliamente insuficiente.
La decisión oficial de enviar más enfermeros para reforzar el trabajo en el Piñeyro del Campo convalida esta afirmación, aunque, de forma alguna justifica tamaña atrocidad disfrazada de medida gremial. En su escrito, el diputado Lema señala que se lesionan derechos humanos consagrados en la Constitución y en convenios internacionales firmados por el país con este maltrato por omisión. Si cabe alguna duda de que se violan los derechos humanos de los pacientes –creo que no la hay–, al menos es claro que se trata de una decisión inmoral. La pregunta que cabe hacerse es cómo llegamos a este extremo. ¿Ocurrió de golpe y ahora todos nos damos cuenta? La respuesta obviamente es negativa.
Solo por ir al antecedente más cercano, en setiembre de 2015 los trabajadores del Piñeyro cerraron 65 camas para protestar por la falta de personal. No deja de ser un dato contradictorio, en un Estado engrosado como el nuestro, que falte personal en una entidad que es responsabilidad del Estado. Tal vez asistimos a un problema de prioridades mal definidas: los viejitos no importan tanto como algunas burocracias.
Otra diputada, también del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, visitó entonces el centro y le dijo al sitio informativo Montevideo Portal que había un trabajador atendiendo a 28 personas allí internadas; dijo que había ratas y cucarachas en las lavanderías y sostuvo que los trabajadores le dijeron que estaban “al borde de la omisión de asistencia”. ¿Y ahora, no se incurrió de hecho en una omisión de asistencia al dejar a ancianos sin la atención que es debida? ¿La Justicia no debería investigar de oficio?
En este país donde el Sistema Nacional de Cuidados, que luce como una buena idea en los papeles, fue lanzado con toda pompa, ¿por qué deben ocurrir estas situaciones extremas para que las autoridades competentes reaccionen? ¿Es mucho pedir que se declare la esencialidad del servicio? Algunos pueden haber olvidado el respeto por la dignidad de la persona humana. Pero los demás, están llamados a actuar según sus competencias.
¿Habrá que esperar a que ocurra alguna desgracia, como fue el caso en la Colonia Etchepare, donde perros sueltos atacaron y devoraron en parte a un pobre cristiano internado allí? Igual que en el Piñeyro del Campo, las denuncias sobre la existencia de esos perros sueltos que mordían a los internos, ya se habían radicado. Pero no pasó nada hasta que ocurrió una atrocidad. ¿No hay responsables por tamañas inacciones? Vivimos en un país en el que la responsabilidad funcional, o dicho de otro modo, la responsabilidad que conllevan algunos cargos, parece no estar dentro de los parámetros considerados como importantes por quienes los ejercen. Y muestras de esto sobran en la función pública.
Cuesta creer que la misma sociedad que reacciona de forma solidaria ante una catástrofe ambiental, no tenga la capacidad colectiva de subsanar situaciones tan dramáticas. Una sociedad también puede juzgarse por cómo trata a sus niños y a sus ancianos, en resumen, a las personas más vulnerables que la integran. Y en esto sí que venimos realmente muy mal.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 27.04.2016
Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Sus opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.
