El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acordó ayer con la FARC que la firma de un acuerdo de paz no se va a extender más allá del 23 de marzo de 2016. La colaboradora de En Perspectiva en Bogotá, Laura Gil, señaló que lo más saliente de este pacto es el mecanismo de justicia que se aplicará para los crímenes cometidos en los más de 50 años que duró el conflicto.
EN PERSPECTIVA
Jueves 24.09.2015, hora 10.25
EMILIANO COTELO (EC) —La foto es elocuente: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le da la mano al máximo comandante de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. La foto fue tomada ayer, en La Habana, bajo la mirada auspiciosa del presidente cubano, Raúl Castro.
Santos anunció allí, en su primera aparición en La Habana desde que se llevan a cabo estas negociaciones de paz desde el año 2012, que se había consensuado terminar firmando un acuerdo [de paz] no más allá del 23 de marzo de 2016.
“No va a ser una tarea fácil porque aún quedan puntos difíciles por acordar, pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo”, dijo. Timochenko, por su lado, dijo: “Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia”.
Antes de dar a conocer el entendimiento en un comunicado conjunto, las partes informaron que habían conseguido establecer un mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno, que lleva más de 50 años y que ha dejado más de 220.000 muertos y más de siete millones de afectados.
Vale la pena profundizar por lo menos con una primera mirada a propósito de este acontecimiento de ayer. Vamos a Bogotá, allí se encuentra la politóloga uruguaya Laura Gil, a quien hemos contactado tantas otras veces.
¿Cómo tomaron la noticia?, ¿la veían venir, estaba efectivamente cerca un anuncio así?
LAURA GIL (LG) —Sí, estábamos esperando que se definiera el acuerdo de justicia, pero realmente yo creo que sorprendió porque da mucho más de lo que se esperaba.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Podemos repasar brevemente los acuerdos que ya se habían concretado?
LG —El primero que se negoció fue el acuerdo de desarrollo rural, el tema de tierras, que es una de las grandes causas de este conflicto de 60 años, el segundo acuerdo que se logró fue el de participación política, el tercero fue para un nuevo enfoque de lucha contra las drogas. El acuerdo de justicia era el que se consideraba el gran escollo de la negociación.
RA —¿Por qué?
LG —Porque todo el mundo creía que las FARC no iban a aceptar ninguno de sus crímenes, y entonces aquí, en un país que tiene una Ley de Reparación de Víctimas que ha reconocido a las víctimas del conflicto, no era aceptable que las FARC no reconocieran a sus víctimas. Este era el gran escollo de la negociación: el acuerdo de justicia transicional, y por eso [el de ayer] fue un evento casi como si se hubiese anunciado ya el [acuerdo] final, fue tan importante como eso, porque para todos nosotros aquí en Colombia lograr el acuerdo de justicia transicional significa que ya se llegó al punto de la irreversibilidad del proceso de paz.
EC —Sería bueno que explicáramos, por lo menos en una descripción rápida, en qué consiste esto de la jurisdicción especial para la paz y qué sería necesario para que termine de firmarse el acuerdo en marzo del año que viene.
LG —Las FARC habían dicho durante estos años de proceso [de negociación] que ellas no habían producido víctimas, que ellas eran las víctimas del conflicto. Esto [de que sí lo reconozcan] es lo que logran las partes en la mesa, es un avance que al menos en mi opinión, y creo que es la mayoritaria, satisface las exigencias del derecho internacional.
¿Qué es la jurisdicción especial de paz? Es una jurisdicción que va a cubrir todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo el secuestro; cubre no solo a las FARC sino también a las Fuerzas Armadas y a actores no combatientes, por ejemplo, los financiadores de la guerra; y otra cosa que se logra es que haya una amnistía para el delito político pero no para los delitos más grandes de lesa humanidad y guerra. El que reconozca su responsabilidad tendrá restricción de la libertad durante entre cinco y ocho años en condiciones especiales, es decir, no en la cárcel; quien no la reconozca, o la reconozca de manera tardía, tendrá una pena privativa en cárcel de entre cinco y ocho años; y quien la esté negando y se pueda comprobar que en efecto ha participado en crímenes atroces, será condenado por 20 años.
Como podrán imaginar, que un grupo insurgente haya aceptado este nivel de penas privativas de la libertad es un inmenso avance y muestra que las partes en La Habana están comprometidas con sacar esto adelante.
EC —O sea, esos delitos de los que estamos hablando, de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, etcétera, van a tener sanciones, lo que pasa es que aquellos responsables de esos delitos que los admitan van a tener una sanción más leve.
LG —El gran beneficio para ellos es que no van a la cárcel, se les restringe la libertad pero en condiciones especiales, que todavía no nos han dicho cuáles serán, pero no serán cárcel. La restricción de la libertad es mucho más de lo que se ha logrado en procesos de paz en experiencias internacionales. Quienes no admitan la responsabilidad sí quedan sujetos a una pena de cárcel.
RA —¿Y quién se encargará de juzgar?
LG —Aquí se crearán tribunales con magistrados colombianos y una pequeña participación de magistrados internacionales. Lo primero que pasa es que esta gente entra a una sala que se llama “Sala de reconocimiento, de verdad y responsabilidad”, ahí las personas contarán la verdad y después pasan al proceso. Habrá procesos para todos en los cuales unos calificarán para el beneficio y otros no.
EC —A partir de este resumen de por dónde vienen los entendimientos que se alcanzaron y se anunciaron ayer, que creo que ha sido muy claro, ¿qué es lo que viene ahora, qué es lo que falta?
LG —Faltan dos puntos.
Uno es el tema de la desmovilización, la reinserción y la entrega de armas. Ese va a ser un punto muy delicado también porque ustedes saben que aquí en los 80 cuando el presidente [Belisario] Bentancur trató de negociar con las FARC y ellas se convirtieron en un partido político, fueron exterminadas: mataron a más de 3.000. Ese es un punto negro en la historia de Colombia que persigue a este proceso de paz. Las FARC exigen, y con todo derecho, que se les garantice su seguridad una vez que se desarmen, entonces es un punto delicado.
El segundo punto que falta es el de los mecanismos para implementar los acuerdos y la verificación.
RA —¿Qué implica ese punto?
LG —Que tienen que empezar a pensar en mecanismos de verificación, como ha sucedido en otros procesos.
Fíjense que en este acuerdo de justicia transicional, a diferencia de otras experiencias de conflictos internos, Colombia mantiene su soberanía jurídica. Este acuerdo es mucho menos internacionalizado que la mayoría de los procesos de paz que uno ve en negociaciones de conflicto interno: aquí lo único que hay internacional son unos magistrados que podrían, o no, venir a reforzar los tribunales de la jurisdicción especial de paz. Por lo tanto aquí esperamos que lo de la verificación también vaya a resultar muy innovador, porque uno no puede imaginarse que vaya a haber aquí grandes misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, por ejemplo. La verificación para dar seguridad a las partes creo que también va a tomar un cierto tiempo.
EC —¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que va a anunciarse en marzo, qué puede llegar a quedar pendiente?
LG —En el comunicado conjunto de las partes gobierno y FARC se comprometen a que en seis meses tendrán el acuerdo final. O sea…
EC —Todo.
LG —Como máximo en marzo estamos hablando de un acuerdo ya redondeado. Las FARC ya se han comprometido a que 60 días después de que se anuncie el acuerdo final comenzará la dejación de armas. Entonces creo que estamos caminando de manera muy segura al cese bilateral del fuego.
EC —Cuando empezábamos el diálogo tú ponías mucho énfasis en decir que es un muy buen día en Colombia, ¿cómo ha caído esto en la población?, ¿qué ambiente encuentras, qué se está palpando?
LG —Usted sabe que un acuerdo así, que igual da beneficios a quienes violaron la ley, siempre crea divisiones. El ex presidente Álvaro Uribe apenas fue anunciado el acuerdo sacó una carta donde establece unos 15 puntos en contra. Pero lo que uno siente realmente es que el uribismo se está quedando solo, porque durante todos estos años ellos pedían cárcel, decían: “queremos restricción de la libertad y además cárcel”, y ambas cosas las tienen en este acuerdo, entonces es difícil que puedan sostener este discurso. Uno ya siente que esta fuerza política va a tener que redefinir los términos de la oposición al proceso de paz, no abandonar la oposición sino redefinir los términos en los que la hace. Fue muy notable ayer, porque algunas figuras que rodean al ex presidente Uribe hablaron a favor de este acuerdo, entonces realmente lo que uno siente es que sí hay división, pero el acuerdo va a convencer a los colombianos.
El presidente se comprometió, y ayer lo volvió a repetir, a ir a las urnas para que sean los colombianos los que elijan si el acuerdo va o no va.
RA —Ese es un punto importante: resta todavía esa resolución del pueblo colombiano.
LG —Exacto.
RA —¿Hay una fecha fijada para eso?
LG —No, no se han fijado fechas ni qué mecanismo se va a fijar para hacer la consulta popular, pero también les digo: el gobierno asumió este compromiso desde el principio del proceso y le tenía mucho miedo a la consulta popular. Las reacciones que obtuvo ayer, después de este acuerdo, le han bajado mucho el miedo a los sectores favorables al proceso de paz.
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Transcripción: Andrea Martínez
Foto: Imagen de la alocución del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre el acuerdo en materia de justicia en el proceso de paz con las FARC, 23 de setiembre de 2015. Crédito: Presidencia de la República de Colombia.
