La Justicia concedió prisión domiciliaria a un grupo de reclusos que integran la población de riesgo por Covid-19, en el interior del país.
El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, no precisó el número de presos beneficiados con la medida. Sin embargo, indicó que hubo más de 150 solicitudes, que la Justicia está estudiando.
En abril Petit remitió un informe a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y a la vicepresidente Beatriz Argimón, en el que recomendó otorgar prisión domiciliaria a los presos que estén purgando condenas por "delitos leves, (y) penas pendientes de corto plazo" en el medio de la pandemia. La recomendación de Petit seguía lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
Petit explicó ayer que si bien en otros países se optó por amnistías, indultos o liberaciones parciales, en Uruguay son los defensores privados y de oficio los que solicitan ante el juez conceder beneficios a los reclusos más vulnerables. Petit dijo que el proceso está resultando “lento”.
"Algunas liberaciones han ocurrido. Es un caso a caso, los proceso son lentos. Hay más de 100 casos en trámite. Por ahora las liberaciones han sido muy acotadas. Uruguay ha funcionado de esa manera. En cada país han habido distintos mecanismos.", dijo.
El domingo en Canal 12, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga dijo que el gobierno “no avala una suerte de liberación de presos”. "Se prevé en algunos casos liberar a personas mayores de 65 años. Ahora, uno va a la historia de los delincuentes de más de 65 y ahí ve un femicida, un abuso sexual, violación, todo tipo de cosas. Entonces vamos a liberar para que vayan al mismo lugar donde cometieron los delitos", agregó Larrañaga.
Sobre esta decisión y sus repercusiones, conversamos esta mañana En Perspectiva con Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay.
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Foto: Penal de Libertad. Crédito: Javier Calvelo /adhocFOTOS
