Domenech (CA): “No cuestionamos tratados internacionales, sino la forma en que se implementan” mediante “fallos concretos”, que “contravienen la legislación nacional”

«Están más que vencidos los plazos de prescripción, estamos a más de 30 años de la restauración democrática desde la cual las personas estuvieron en condiciones de ejercer las acciones penales en las que se entendieran asistidas», dice el senador cabildante

Fue el gran tema de debate político de esta semana.

La bancada de senadores de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, reinstala la vigencia de ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

El texto, que tiene siete artículos, establece también que la única fuente de Derecho Penal de nuestro país son las leyes uruguayas, lo que implicaría que el Estado no se viera obligado a cumplir sentencias de organismos internacionales, entre ellas las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Discutimos el tema en varias tertulias en estos días. Ahora vamos a conversar con uno de los parlemantarios firmantes del proyecto.

¿Cuáles son los fundamentos de Cabildo Abierto? ¿Qué responden a las críticas que han surgido desde distintos ámbitos? Recibimos al senador Guillermo Domenech, escribano, abogado, que fue escribano de la Presidencia de la República entre 1990 y 2019.

 Destaques de la entrevista:

  • «Presentamos el proyecto de ley ahora porque en nuestra breve experiencia como legisladores, hemos observado como el país se encuentra detenido en temas que no son de una importancia central en el futuro del acontecer nacional».
  • «Todos los temas importantes están postergados por una especie de reverberamiento de los problemas generados por los alzamientos guerrilleros de la década de los años 60 y 70 y la dictadura militar».
  • «En los últimos tiempos avizoramos una especie de avasallamiento de la legislación nacional, de las normas constitucionales, con una cadena de procesamientos de personas que nosotros en muchos casos entendemos inocentes, como el caso del soldado Vidal».
  • «Estos procesamientos se han hecho en función de pronunciamientos judiciales o seudojudiciales, efectuados por organismos internacionales en los que Uruguay no tiene incidencia».
  • «Nosotros criticamos fundamentalmente, no a los jueces, sino a la Fiscalía General de la Nación, que es la que en este momento tiene el manejo primordial de la justicia penal».
  • Los partidos tradicionales “se dejaron llevar por la moda” cuando aprobaron el Nuevo Código de Proceso Penal.
  • «El NCPP es absolutamente inconveniente y no se adapta a nuestras tradiciones jurídicas pero hay una especie de corriente a la que nadie se resiste, por la cual se aceptan directivas que vienen del extranjero».
  • «Están más que vencidos los plazos de prescripción, estamos a más de 30 años de la restauración democrática desde la cual las personas estuvieron en condiciones de ejercer las acciones penales en las que se entendieran asistidas».
  • «Esos delitos no son de lesa humanidad porque al momento de su comisión no revestían esa calidad y el propio estatuto de Roma prevé que no se aplicará a conductas previas a la aprobación del mismo».
  • «Sin embargo se ha elaborado toda una opinión doctrinaria que ha sido avalada por la Corte Interamericana de Justicia tendiente a aplicar, retroactivamente y contrariando las disposiciones constitucionales de Uruguay, la condena de esos delitos».
  • «No estamos en contra del derecho internacional sino que estamos en contra de la aplicación de directivas de organismos internacionales que contravienen la legislación nacional».
  • «Pretendemos que Uruguay se gobierne respetando la soberanía particular de los pueblos, no vamos a estar al golpe de los dictados de organismos internacionales. No vamos a estar regidos por organismos gobernados por personas que no interpretan nuestro sentir nacional».
  • «La conducta de Cabildo Abierto ha sido más que constructiva, ha quedado demostrado esto en el trámite de la LUC, que hemos hecho parte importante y hemos estado permanentemente en el tratamiento y la discusión de los temas».

Foto: Guillermo Domenech en el estudio de En Perspectiva. Crédito: captura de pantalla

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7 Comentarios - Escribir un comentario

  1. El severo hombre temido quemaba vivas a brujas que ni tan ni nada brujas eran y a hombres que ni tan pecadores ni tan herejes eran; en tal época como en otras posteriores o anteriores, ni siquiera existía el concepto «lesa humanidad» hasta que un día la historia lo parió, fue un paso crucial en la civilización humana contra la barbarie.
    El señor senador propone retrotraer o mas crudamente, revertir la historia que aún no ha epilogado en una suerte ya no de dar vuelta la página, sino de arrancarla del libro, borrar sus letras y como aquel otro grave, quemarlas.
    °
    Se oye un sonoro y sordo ¡gloria a Torquemada!

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  2. Siendo un tipo no formado en el derecho, tengo que reconocer que las críticas de Domenech al nuevo CPP me resultan intuitivamente muy compartibles. Domenech no es el único, gente de muy diversas orientaciones políticas, como Sarthou, Salle o Zubía coinciden en que el nuevo CPP eliminó en los hechos la independencia de poderes, dándole el absoluto protagonismo a un servicio descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo. De paso, conviene recordar que ninguno de los socios de CA en la coalición está libre de la culpa de haber apoyado al nuevo CPP. Pienso que eso se debe a que es un código que baja costos y aumenta la productividad del sistema judicial, pero también al prejuicio por el cual vastos sectores de la sociedad y del sistema político tienden a confiar en todo lo que venga del mundo anglosajón y de USA en particular. El FA hizo la reforma, pero tocando una musiquilla que a la derecha le sonaba muy bien. Oh, yeah!

    Ahora, comparar ese trasplante del régimen anglosajón a nuestra tradición latina con tratados internacionales para garantizar los DDHH es muy tirado de los pelos. Hay que tener intereses particulares para ver esto como una intromisión, ya que no es un asunto sistémico, como el nuevo CPP, sino apenas el simple hecho de decir que ciertos delitos, por su gravedad, no deben prescribir. Eso cabe tanto en el sistema latino como en el anglosajón porque lo único que pretende es que se dé curso al proceso judicial, no dice cómo ni con qué leyes se debe juzgar.

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    1. Alguien que leyó esto me comentó: ¿Cómo que Domenech no está formado en derecho? ¡Es un escribano! Claro, el tipo no formado en derecho soy yo. Quise decir, Siendo YO un tipo no formado en derecho […] me resultan intuitivamente compartibles las críticas que hace al nuevo CPP.

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  3. Estimado Leonardo:
    Viví en USA unos años, si algo de aquel país contiene a la violencia latente y se erige en pilar para que el sistema más o menos democrático permita la convivencia entre distintos que no pocas veces llegan al odio, es justamente la creencia ciudadana en el poder judicial (que para nada es perfecto pero a todas luces es sustancial).
    No es una sociedad politizada, es una sociedad fragmentada y regional harto propensa a la credulidad que se ajuste a sus moldes mentales sencillos de paradigma tradicional (dinero material + dios lava culpas redentor + ilusión ilusoria de libertad) como denominador común identitario; el resto es disruptivo y en ese resto y a mi parecer radica lo más creativo e interesante.
    Si acaso el concepto de justicia es una entelequia de abstracción idealista, la injusticia es corpórea y flagrante y debe ser atendida de forma pragmática y decente y rápida y como todo asunto humano no está exenta de error y obvio, de corrupción; no existe sistema perfecto, existen doctrinas perfectibles en trayectoria de asíntota.
    Saludos atentos.

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  4. Estimado Juan,

    No he tenido la experiencia de vivir en USA para ver funcionar su sistema judicial. Desde el mundo latino y a distancia lo más que llegamos a conocer es el género literario-cinematográfico de los juicios orales. Si el pueblo en USA cree en su justicia, está muy bien. En algo hay que creer. Eso no significa que su paradigma sea superior. Pienso que los uruguayos en general tendemos a creer en todas las instituciones, en particular en la justicia. Cruzando el Río, hay un pueblo muy parecido al nuestro, con un sistema judicial también de tradición similar, pero este pueblo no cree mucho en sus instituciones. Tal vez lo que sucede en USA es que la gente percibe en general como justos a los fallos de la justicia.

    Volviendo a este terruño, lo que observo en este cambio bases filosóficas que no me gustan. No puedo hacer nada con eso, porque no comparto las bases del sistema. Me pueden decir que es más barato, más rápido, más eficaz, pero si no comparto sus bases filosóficas, entonces para mi no es justicia.

    El sistema en el que creo se basa en que la justicia es una necesidad del sistema y de la sociedad toda, no un conflicto binario entre dos partes donde media la justicia. El nuevo sistema es en cambio contractual, se basa en la idea de que hay un conflicto entre partes y que hay que resolverlo, mediar y negociar para evitar investigar para buscar establecer la verdad de los hechos. Como en el truco, el acusado y el fiscal juegan con las expectativas del otro. Uno se tira un lance, el otro puede pasar o subir la apuesta y así. Si el acusado cree que hay pruebas suficientes de un delito, trata de negociar un descuento por un delito menor. Si el fiscal cree que sería muy complejo y costoso probar el delito mayor, se alegra de cerrar el caso sin gastar plata en el juicio, aunque la pena vaya con descuento. Es una justicia basada en regatear.

    No es de extrañar si uno acepta mi paralelismo con el truco. ¿Es justo el truco? ¿Gana siempre el que tiene las mejores cartas? ¿O gana el que adivina mejor la psicología del otro? Más grave aún, cuando el acuerdo se cierra, la verdad se vuelve una anécdota que cada uno se lleva a la tumba. Igual que en el truco, irse al mazo implica no saber si el otro tenía lo que decía tener.

    Si a eso le sumo que el juez está impedido de investigar y debe fallar en torno al pedido del fiscal, entonces está claro que el universo de posibilidades lo determina fiscalía. Si por último le agrego que la fiscalía depende del Poder Ejecutivo, en mi opinión el argumento de Salle, Zubía y Sarthou de que esto viola la independencia de poderes me resulta muy convincente.

    Con esto no le doy la razón a Domenech en su pretención, que es específicamente la de evitar juicios a militares por causas de DDHH. Eso es positivo, aún con este CPP, porque la alternativa es la nada. Eso es lo que realmente quieren Cabildo Abierto y Manini en particular: no enjuiciar.

    Cordiales saludos y gracias por los comentarios.

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    1. En el viejo código, quien diligenciaba la prueba era quien debía fallar, o sea el juez; para nada luce garantista tal funcionamiento.
      Las partes confrontadas, acusación y defensa, alegando sus razones en el marco legal que necesita probatoria frente al juez que laudará (no un jurado como en «12 hombres en pugna», ni con naipes sobre la mesa), si bien no es la panacea de la verdad revelada ni de la precisa justicia, es una notoria mejora del sistema anterior.
      Saludos Leonardo.

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      1. Cierto Juan. Con que juez y parte no es bueno que sean los mismos, puedo acordar. Pero la fiscalía como dependencia que dirigía la acusación ya existía. Lo que sucede ahora es que hay una suerte de justicia vestibular que la ejercen el fiscal y los defensores, buscando acordar justamente para que el juez no laude.

        Al día de hoy se dice que en el 95% de los casos todo termina en suspensión del proceso, es decir, la justicia penal gira en torno a una cuestión contractual, como si se tratara de un litigio económico donde se busca la conciliación con reparación. Es una justicia que sirve sobre todo para no enjuiciar y entonces, en el fondo, el que dirime el 95% de los casos es un servicio descentralizado que depende del Poder Ejecutivo.

        En los hechos el fiscal hace lo mismo que antes hacía el juez: investiga, busca pruebas, escucha a la defensa, se forma una opinión y luego en lugar de dictar sentencia, trata de que la defensa acepte un acuerdo. Al juez le llegan con un acuerdo firmado y un pedido de suspensión de la prueba que el juez debe refrendar a tapa cerrada, sin poder siquiera modificarlo. ¿Cierto? Mucho me alegraría estar equivocado, pero a partir de lo que me he podido informar es lo que he terminado por concluir. Aprecio sus comentarios y me alegra de que exista una forma de ver esto con buenos ojos. Mi desolación proviene de que creo que estamos ante la caída de la independencia de poderes.

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