Desde comienzos de año una comisión del Frente Amplio trabaja en una propuesta de reforma constitucional. En la interna de esa fuerza política "hay consenso en la necesidad de abordar un proceso de reforma", dijo a En Perspectiva el exdiputado y abogado Felipe Michelini, que integra la comisión encargada de elaborar las principales líneas para modificar la Constitución.
EN PERSPECTIVA
Viernes 3 de julio
EMILIANO COTELO:
El Partido Nacional (PN) lanzó esta semana una campaña para oponerse a la reforma constitucional que impulsa el Frente Amplio (FA).
Recién hablábamos con uno de los organizadores de ese rechazo, el diputado blanco Rodrigo Goñi.
Pero ¿en qué punto de avance se encuentra el FA?
Vamos a charlarlo con el exdiputado y abogado Felipe Michelini, que integra la comisión del oficialismo encargada de elaborar las principales líneas para modificar la Constitución.
ROMINA ANDRIOLI:
¿Por qué el FA entiende que hay necesidad de cambiar la Constitución?
FELIPE MICHELINI:
En el congreso de 2013 el FA ratificó lo decidido en el congreso anterior en cuanto a que era conveniente y oportuno promover una reforma constitucional de fondo, en el sentido de mejorar el texto vigente, que es una serie de sucesivas reformas y que no está adecuado al siglo XXI. Ese es el primer abordaje. Se estableció que una vez terminado el ciclo electoral que concluyó el 10 de mayo pasado se iniciaría una serie de consultas y de reuniones en el marco de la orgánica del FA a los efectos de identificar las áreas temáticas en las que sería necesario promover la reforma y de establecer una sugerencia a las autoridades del FA en cuanto al procedimiento de reforma constitucional.
EC – Usted utilizaba recién la palabra “oportuno”, decía que es “oportuno” encarar un proceso de reforma constitucional. Y casualmente el diputado Rodrigo Goñi decía recién todo lo contrario, que ellos lo ven absolutamente fuera de tiempo, más allá de que también consideran inconvenientes los contenidos que se están manejando. ¿Cómo evalúan eso que señalaba Goñi en cuanto a que el escenario hoy parece marcar otras prioridades, por ejemplo en materia económica, en materia fiscal?
FM – Cuando se habla de reformar un texto constitucional siempre se puede pensar que hay otras prioridades. Lo cierto es que la Constitución de la República ha sufrido múltiples modificaciones, por diversas razones, si bien es un texto jurídico rígido, porque necesita procedimientos especiales para su modificación. Por ejemplo, el Código Penal ha tenido una vigencia mucho más rígida, en el sentido material, porque durante 70 años no ha sido modificado. Por lo tanto en cuanto a oportunidad siempre se puede discutir, el FA no consulta a otros partidos para decidir si es oportuno o inoportuno, es un tema de opiniones.
EC – El diputado Goñi aludía a cómo sigue después este proceso. Por ejemplo, una vez que el FA se pusiera de acuerdo en los puntos a reformar, luego habría que elegir un procedimiento, y uno de los que se han manejado con más insistencia ha sido el de la asamblea constituyente, lo que requeriría a su vez el llamado a elecciones y la creación de un foco de atención paralelo a todo lo que fuera el Parlamento o el Poder Ejecutivo.
FM – Eso aún no está resuelto. El procedimiento de la asamblea nacional constituyente está establecido en el texto constitucional, que por cierto tampoco lo inventó el FA –es bueno recordarlo–. Hay sectores de nuestra fuerza política que entienden que sería un buen procedimiento para hacerlo y otros que entienden que no. Eso todavía no está resuelto, por lo tanto puede haber un proceso de reforma que no sea por la asamblea nacional constituyente. El FA todavía no lo ha resuelto y cuando lo resuelva será oportunidad de estar a favor o en contra. Por ahora creo que es difícil oponerse a algo en abstracto.
RA – ¿En qué etapa se encuentra la discusión en la interna de la fuerza política? Usted dice que no está claro si se convoca a una asamblea nacional constituyente, pero ¿qué grado de consenso o de diferencias hay a propósito de los contenidos que podría tener esa reforma constitucional y los puntos en los que se podría acordar allí?
FM – En primer lugar, hay consenso en la necesidad de abordar un proceso de reforma. Eso es un paso muy importante. Todo lo demás está todavía muy fresco, no hay todavía acuerdo. Hay una metodología de trabajo, los diversos grupos están exponiendo sus lineamientos, sus ideas fuerza; posteriormente se convocará a figuras frenteamplistas que a partir de la experiencia de su gestión puedan identificar necesidades de modificación más concretas, y después haremos una serie de seminarios con expertos internacionales a los efectos de abocarnos a identificar en qué aspectos hay acuerdo, en cuáles no hay posibilidades de acuerdo y aquellos puntos en los que trabajando más finamente se podrían lograr determinados acuerdos.
Por último estaría la definición del procedimiento y la presentación de la propuesta a los otros partidos políticos, a la sociedad organizada en su conjunto, a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general, porque es obvio que una reforma constitucional no debería ser iniciativa de un solo sector. Por ejemplo, el Partido Independiente ha propuesto una serie de medidas de reforma constitucional, por lo que uno ha escuchado en los medios de comunicación, por lo tanto ahí hay un sector que entiende necesaria la reforma al menos de aspectos parciales.
RA – ¿Y qué responde ante las preocupaciones que estos trascendidos vienen generando en la oposición y en particular en el PN, como escuchábamos recién?
FM – Los partidos tienen cada uno sus características particulares. El FA tiene la característica de ser muy metódico en el abordaje de los temas, de discutir mucho, de hacer muchas consultas, y una vez que resuelve, promueve. Estamos en la etapa de la discusión, de las consultas, de la búsqueda de consensos internos dentro de nuestra fuerza política, que es una fuerza que representa a más del 50 % de la población y que tiene una complejidad en su gestión importante. No es un partido de pocos dirigentes que se puedan poner de acuerdo rápidamente.
RA – ¿Con eso usted está previendo que la discusión o la oposición puedan estar también dentro del propio oficialismo?
FM – Lo que hay es un acuerdo en la necesidad de abordar un proceso de reforma. Estamos discutiendo los contenidos y al mismo tiempo identificando cuál de los cuatro mecanismos previstos en el texto constitucional vigente es el más adecuado para promoverlo. Obviamente, tal como lo dice la resolución del congreso del FA del 2013, hay una necesidad de consulta con los otros partidos, de búsqueda de acuerdos y de aunar voluntades en ese proceso de reformas, pero primero se tendrá que tener un proyecto determinado para poder hacer las consultas.
EC – ¿Qué dice en particular frente a la preocupación que manifestaba el diputado Goñi recién –pero que han expresado otros dirigentes del PN y del Partido Colorado– ante la idea de reformar el derecho de propiedad vigente en la Constitución de la República?
FM – Me parece interesante señalar que el derecho de propiedad es un derecho protegido constitucionalmente y también está establecido en los instrumentos internacionales. Una de las ideas fuerza en las que diría que hay cierto consenso es la de ajustar nuestros textos constitucionales –que son originalmente de 1830 en adelante, con modificaciones por cierto, pero básicamente es de las constituciones liberales de aquella época– a la corriente de protección y […] de los derechos humanos, que incluyen el derecho de propiedad. Obviamente hay una terminología que tal vez sea decimonónica, y yo hasta ahora no he escuchado a nadie dentro de la fuerza política que sostenga que el derecho de apropiación –que ya existe en nuestro derecho constitucional– no tenga que realizarse a través de la compensación adecuada. Por lo tanto yo no me preocuparía por eso, pero la oposición puede preocuparse por lo que le parezca.
EC – Pero han existido planteos en esa dirección, la de reformar el derecho a la propiedad privada desde, por ejemplo del MPP y del Partido Socialista. El propio expresidente Mujica ha señalado, a partir de la experiencia que se dio en su gobierno con la introducción del ICIR (impuesto a la concentración de inmuebles rurales) y la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte, que en Uruguay hay un problema en esa materia.
FM – Lo que usted dice es correcto y lo que yo digo también es correcto. Yo no he escuchado a nadie dentro de la fuerza política ni en los ámbitos de discusión que sostenga que haya que reformular el derecho de propiedad de tal manera que se le dé al Estado la capacidad de expropiación sin pagar compensación. Puedo entender que la oposición se preocupe, pero le digo lo que yo, en mi posición de coordinador de la comisión que está estudiando este tema, he escuchado de los diversos sectores. No he escuchado que nadie quiera eliminar el derecho de propiedad. Sí he escuchado que es necesario adecuarlo a las normas internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen naturalmente el derecho de propiedad.
RA – El diputado Goñi ponía como ejemplo la reforma que se emprendió en Venezuela y en otros países. ¿Qué grado de incidencia tienen este tipo de reformas que se han dado, por ejemplo para mantener en el poder el mandatario elegido? ¿Cuánto miran a ese tipo de modelos?
FM – Tenemos un abordaje abierto de la teoría constitucional en general. No creo que ningún sector político dentro del FA se esté basando en determinado modelo concreto. No sé, el diputado Goñi tendrá más información que yo.
EC – ¿Cuáles son los próximos pasos ahora?
FM – La comisión se está reuniendo en forma periódica, los grupos están exponiendo, luego vendrán una serie de consultas con dirigentes de otras fuerzas políticas…
EC – ¿Pero qué fechas manejan?
FM – Estamos intentando que haya un trabajo como para que a octubre, noviembre haya un informe a las autoridades del FA lo más acabado posible. Porque es obvio que si se dilata la resolución, después los tiempos políticos no van a dar posibilidad de un proceso de reforma.
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Transcripción: María Lila Ltaif
