Viáticos: En Uruguay, por existencia de «normas confusas», se puede pagar «20 % más de lo que indica la ONU», dice Jutep

El presidente Tabaré Vázquez firmó hoy en el Consejo de Ministros un decreto que establece la obligación de los jerarcas de la Administración Central de rendir los viáticos de sus misiones oficiales en el extranjero.

Según explicó el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, la medida señala “con mayor claridad que el sobrante que haya de viáticos” por pasajes aéreos, alojamiento y alimentación, “se devuelve”.

Por este asunto consultamos esta mañana al presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne.

Crédito foto Home: Jutep

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  1. Diego Nelson Sosa Maipaicena · Edit

    A mi me parece que hay una confusión.
    Una cosa es un viático y otra cosa es un adelanto a rendir cuentas. La política de dar viáticos es apropiada cuando hay frecuencia suficiente de viajes a determinados destinos y entonces se puede realizar una investigación previa de los gastos normales de una persona en una ciudad determinada. Generalmente, los viáticos están referidos a los gastos en los que la persona tiene la posibilidad de decidir entre varias alternativas, por ejemplo hospedaje, gastos asociados al hospedaje como llamadas telefónicas, lavado de prendas, etc., traslados en la ciudad, alimentación, etc. Los pasajes aéreos están normalmente excluidos porque la entidad puede decidir en qué compañía y en qué clase debe viajar la persona, en función de su condición física o posición jerárquica. Esta política es de aplicación ventajosa cuando se realizan numerosos viajes a pocos destinos ya que se ahorra tiempo de control de documentación real y se evitan riesgos. Además, todos sabemos que muchas empresas – principalmente restaurantes – emiten facturas a gusto del consumidor.
    Cuando los viajes no son habituales, no son numerosos y los destinos son variados es muy difícil aplicar esta política de viáticos y es preferible aplicar la política de adelantos a rendir cuentas porque es dificultoso realizar una estimación adecuada de las cantidades y los precios de los bienes y servicios consumidos por el viajante.
    Como conclusión, entiendo que los gastos de viajes deben ser objeto de una política que comprenda (a) el otorgamiento de viáticos (en la que no se requiere realizar ninguna rendición de cuentas) porque lo que se entrega para financiar los gastos de viaje es un importe razonable en base a la experiencia y a la información recabada recientemente o (b) el adelanto de dinero para gastos sujeto a rendición documentada de cuentas.
    La utilización de la política de adelantos a rendir cuentas tiene muchos riesgos que están asociados a la posibilidad de pérdida, adulteración o falsificación de documentos, al examen no riguroso de la documentación y a la autorización irregular de la rendición de cuentas.
    Un inconveniente de la aplicación generalizada de la política de viáticos es el riesgo de que la persona que viaja decida realizar consumos que no sean compatibles con el perfil del cargo que ocupa en la entidad. Por ejemplo, que la persona se hospede en un hotel de baja categoría o que se abstenga de realizar actividades consideradas necesarias y apropiadas a la jerarquía de la persona que viaja o que procure que otras personas se hagan cargo de sus gastos personales.
    No me refiero a lo que el Cr. Gil Iribarne expresa con respecto a la necesidad del viaje y a la productividad del mismo porque este tema excede al que refiere a la forma de controlar los gastos efectuados en la realización de viajes. Al considerar este tema, habría que considerar no sólo si un viaje es necesario y productivo sino, con mucha mayor importancia, si la labor de un empleado cualquiera (como puede ser un legislador, un ministro o un funcionario de menor jerarquía) es compatible con la remuneración que se le asigna. No he escuchado que alguien se ocupe o se preocupe de esta relación entre el valor de la labor realizada y el valor de la retribución. Y en esto sí que se compromete gran parte del gasto público nacional.

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