Corte Permanente de Arbitraje desestimó demanda de minera Zamin Ferrous contra Uruguay

Corte Permanente de Arbitraje desestimó demanda de minera Zamin Ferrous contra Uruguay

Producción: Rodrigo Abelenda

Se conoció ayer que el grupo empresarial que impulsó el proyecto Aratirí no tuvo éxito con el litigio que, por US$ 3.536 millones, había iniciado contra el Estado uruguayo. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que se rige bajo las normas de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho Mercantil Internacional, desestimó la demanda por razones de forma, sin llegar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

La denuncia había sido presentada en julio de 2018 por dos hijos de Pramod Agarwal, fundador de Zamín Ferrous. En el escrito se alegó que el Estado uruguayo «implementó cambios a las reglas de juego” que afectaron el proyecto e implicaron incumplimientos al tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido.

El comunicado oficial

Según un comunicado que emitió ayer Presidencia de la República, la CPA entendió que “los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares, al momento de los hechos, de un bien protegido” por el tratado de protección de inversiones.  “Por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”. 

Además, el tribunal ordenó a los demandantes el reembolso al Estado uruguayo de 4.097.149 dólares, por los gastos del juicio.

Antecedentes

Veamos algunos detalles de esta resolución y repasemos antecedentes

La defensa uruguaya fue diseñada por el secretario de la Presidencia en el período de gobierno anterior, Miguel Ángel Toma, y por el abogado Paul Reichler, del estudio Foley Hoag (el mismo que asesoró al gobierno en los casos Phillip Morris y Botnia). A nivel local participó el estudio Rueda, Abadie, Pereira. 

Por acuerdo entre las partes, las audiencias del arbitraje se realizaron en Washington, pero el fallo tuvo lugar en La Haya, Holanda, sede de la CPA. La sentencia, de 110 páginas, se mantiene en reserva, salvo que las partes dispongan hacerlo público.

Fuentes vinculadas al litigio consultadas por En Perspectiva resaltaron que el caso se resolvió muy rápido en comparación con otros arbitrajes internacionales entre Estados e inversores.

El tribunal estuvo integrado por el español Andrés Rigo Sureda, el francés Pierre Mayer, que fue el elegido por Uruguay, y O.T. Johnson, que fue el designado por Zamín Ferrous. Los informantes de En Perspectiva señalaron que el dictamen fue unánime a favor de Uruguay, lo que implica que el árbitro escogido por la multinacional también desestimó su demanda.

En esta etapa se debía decidir sobre la primera defensa que había realizado Uruguay centrada en aspectos formales; sólo si se sorteaba ese ángulo se iba a considerar el reclamo

¿Como se llegó a este fallo “rápido”?

Un aspecto curioso y no menor es que la demanda fue iniciada en julio de 2018 por Ritika  Mehta, Prenay Agarwal, y Vinita Agarwal. Estas dos últimas son hijas del fundador de Zamin Ferrous, el indio Pramod Agarwal (Agarwal visitó varias veces Uruguay y de hecho estuvo reunido con José Mujica en la Torre Ejecutiva).

De acuerdo a las averiguaciones que realizó En Perspectiva, la sensación entre los abogados vinculados al arbitraje es que, a través de los hijos de Agarwal, la compañía montó una estructura legal y empresarial específicamente para demandar a nuestro país por un proyecto de inversión que fracasó por razones ajenas al Estado uruguayo.

A través de una sociedad basada en las Islas Caimán, Pramod Argawal designó a sus hijos como beneficiarios de un fideicomiso que administraba la inversión en Uruguay. Este fideicomiso fue armado luego de que la multinacional se instalara en Valentines.  

Según estiman las fuentes, la intención de esta operación era “armar”, luego de que el proyecto fracasara, un arbitraje internacional relativo a inversiones.

Este tipo de litigios ocurre cuando un inversor denuncia una violación a un tratado de protección de inversiones vigente entre su país de origen y el país donde invierte. Como Zamin Ferrous tiene oficinas en Londres y los hijos de Pramod Argawal tienen ciudadanía en el Reino Unido, la demanda se amparó en una supuesta violación de Uruguay al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido.

Los hijos de Agarwal presentaron en julio de 2018 su demanda contra Uruguay ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

En aquel momento, sostuvieron que Uruguay “cambió las reglas de juego” lo que derivó en la cancelación del proyecto Aratirí en la localidad de Valentines. Alegaron, entre otras cosas, que fueron perjudicados por: la decisión del gobierno de modificar la ubicación del proyecto de puerto de aguas profundas por el cual la compañía preveía sacar la producción de la mina; la no concesión de beneficios tributarios; y la fijación de nuevos topes impositivos en la ley de Minería de Gran Porte aprobada en 2013.

Fuentes con conocimiento del fallo, dijeron a En Perspectiva que el tribunal entendió que los hijos de Agarwal no eran titulares de una inversión en los términos establecidos en el tratado Uruguay-Reino Unido. Por el contrario, son beneficiarios de un fideicomiso creado luego de que Zamín Ferrous se instalara en Uruguay y lo único que tenían era una “mera expectativa” de generar ganancias a futuro. Los informantes explicaron que estos familiares hijos del multimillonario indio ni siquiera fueron considerados “inversores” ya que se convirtieron en beneficiarios del fideicomiso que administraba Aratirí de forma totalmente discrecional y podían perder ese derecho por la sola voluntad del padre.

Por lo tanto, se entendió que no estaban legitimados a iniciar la demanda. Por eso se dispuso el rechazo.

Repercusiones políticas 

En el gobierno la noticia fue bien recibida. De todos modos, varios jerarcas consultados por En Perspectiva prefirieron el silencio respecto a un litigio cuya defensa fue diseñada por el gobierno de Tabaré Vázquez.

El senador nacionalista Gustavo Penadés celebró la resolución, pero advirtió que el Frente Amplio (FA) y su política de inversiones fueron responsable del litigio:

Me parece una muy buena  noticia. Hubiera sido una tragedia nacional que hubiera sucedido lo contrario porque era un juico por más de 3 mil millones de dólares. En algún momento la errática política de inversiones que lamentablemente el FA llevó adelante nos expuso a esta situación, acompañada a otra serie de anuncios y de proyectos que quedaron por el camino «Aratirí venía, no vino.

Por su lado, el senador frenteamplista Charles Carrera valoró las gestiones realizadas en el anterior gobierno con respecto a esta demanda pero además disparó contra un jerarca del gobierno actual. Carrera recordó que antes de asumir en su cargo, el actual director de la OPP, Isaac Alfie, realizó un informe en calidad de experto a solicitud de uno de los estudios de abogados que defendía a Aratirí:

Agradecer al gobierno de Tabaré Vázquez que tuvo una gran profesionalidad en el manejo de estos temas tan complejos y salió triunfante el Uruguay. A pesar de Isaac Alfie que estuvo siendo testigo en contra de los intereses nacionales.

El ex presidente José Mujica dijo a Radio Universal que la coalición multicolor hizo “bulla electoral”, cuando se sabía desde hace tiempo que el litigio iba a ser favorable a Uruguay:

Se informaba en los consejos de ministro del doctor Vázquz. Se sabía perfectamente lo que pasaba. Lo que pasa que hicieron una bulla electoral, y se creyeron el verso ellos mismos. Y ahora salen: «¡Ay, qué novedad!» ¡Por favor!.

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Foto: Presidencia de la República.

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2 Comentarios - Escribir un comentario

  1. Creo que a Isaac Alfie lo están acusando injustamente, porque según lo que leí hace un tiempo, a él un estudio de abogados le pidió un informe sobre los distintos regímenes de promoción para inversiones extranjeras desde 1974, materia en la cual él puede ser considerado un experto, o sea que fue un informe general. Luego lo que le pidieron fue que ratificara ese informe ante el tribunal arbitral. Entonces, no puede decirse que testificó contra el país.

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    1. El estudio de abogados que le pidió y le pagó por el informe, es el que defendió a su cliente que no es otro que la minera demandante en La Haya al Estado Uruguayo.
      Eso, estimado Jorge.

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