Partido Nacional propone flexibilizar contratación de policías por particulares

El Partido Nacional prepara un proyecto de ley para regularizar y atender la situación de policías que trabajan como guardias privados en los servicios denominados “223”, no autorizados por el Ministerio del Interior. El anuncio se hizo luego de que el directorio blanco recibiera a una delegación de la Unión de Sindicatos Policiales (USP) para evaluar la realidad de los efectivos y plantear posibles soluciones.

La discusión sobre esta modalidad de contratación volvió al tapete la semana paasada, a raíz del homicidio del oficial Wilson Coronel en una pizzería del barrio Pocitos, donde trabajaba como vigilante vestido de particular.

Luego del episodio, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, anunció que iniciarán una inspección generalizada para detectar comercios que contratan de forma ilegal a policías para estas tareas.

“Todos los casos detectados serán denunciados ante la Justicia”, dijo Vázquez, tras una reunión que mantuvo con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y dirigentes de los sindicatos policiales.

Un policía que realiza servicio “223” gana $ 50.000 por encima de su salario, según estimaciones realizadas por la USP e informadas al diario El País. Aunque la práctica está prohibida, el sindicato policial sostiene que el 40% de los agentes lo hacen.

La Mesa de los Miércoles con Teresa Herrera, Rafael Porzecanski, Felipe Schipani y Gonzalo Baroni.
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  1. Creo que este tema precisa un poco más de reflexión por parte de los actores políticos. Me da la sensación que se sale medio al golpe del balde a contentar a la tribuna.
    Los uruguayos hemos decidido que sea el Estado quien posea el monopolio de la fuerza. Eso significa, por definición, que el adiestramiento, el arma, las municiones, etc. que utilizan los policías son provistos por su patrón: el Estado. Y se supone que esos recursos el Estado se los da para que sean aplicados en el marco que el propio Estado formula para ese ejercicio.
    Cuando un comerciante contrata -medio por izquierda-. a un policía para que lo proteja, se está apropiando de un bien público para un uso particular de una manera que considero indebida .
    El problema está en que el Estado, que debe proteger a ese comerciante y a la sociedad toda, falla en su cometido. De lo contrario ese comerciante no tendría motivos para aumentar sus costos contratando a un policía.
    Y así como el Estado no cumple con su cometido de proteger a los ciudadanos, tampoco es creíble que pueda controlar y evitar esas contrataciones indebidas. Caerá algún pobre infeliz en esta «redada» del subsecretario Vázquez, pero es absurdo imaginar que esa realidad surgida de la necesidad (tanto la de los policías de incrementar sus mejorados pero aún bajos ingresos, como la de los comerciantes de evitar ser asaltados y/o asesinados un día sí y otro también) pueda ser controlada.
    En consecuencia, creo que Gobierno y los parlamentarios deberían tomar este asunto con el rigor, la responsabilidad y honestidad que merece. Honestidad para reconocer la incapacidad en controlar el delito, responsabilidad para asumir la obligación que tienen de hacerlo y rigor para la respuesta a generar. Porque, por ejemplo, qué ocurriría si uno de esos policías trabajando “por la privada” con un arma provista por el Estado mata por error a un cliente o a quien cree es un asaltante pero que resulte no serlo. Como este ejemplo bien evidente (y no muy improbable) existe una multiplicidad de extremos que deben ser considerados en algo más que 140 caracteres.

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