Homicidio en pizzería: Sindicatos reclaman por condiciones laborales de los policías

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, se reúne hoy con la cúpula del PIT CNT y la titular del Sindicato Policial, Patricia Rodríguez, para discutir sobre las condicionales laborales del sector, luego del homicidio del agente Wilson Coronel, ocurrido el lunes de madrugada en una pizzería del barrio Pocitos.

Wilson Coronel tenía 44 años, pertenecía al grupo de Respuesta Táctica y trabajaba en tareas de seguridad de manera particular en el local gastronómico donde fue ultimado. Su sepelio se realizó ayer “sin honores” fúnebres, porque en el momento de su muerte no se encontraba en un acto directo de servicio, sino contratado en forma irregular.

Estos servicios, conocidos popularmente como “223”, no están autorizados por el Ministerio del Interior, detalle que Vázquez subrayó en sus primeras declaraciones tras el hecho.

(Audio Jorge Vázquez)
“Nos imaginamos el dolor que debe tener la familia, pero estamos investigando este hecho. Tratamos de que los funcionarios policiales realicen sus tareas dentro de la Ley Orgánica Policial y con todos los elementos de protección que les suministra el Ministerio del Interior. En este caso vamos a investigarlo porque nos parece que estaría desempeñando una tarea de seguridad que no estaría autorizada por el Ministerio del Interior. Si alguien contrata a alguien encubierto para la seguridad, le está haciendo un daño al policía”
(Fin de audio)

La ley de Presupuesto de 2010 bajó de 150 a 50 horas mensuales las que pueden trabajar los policías como servicio 222 –que se contrata a través del Ministerio del Interior– y prohibió «la realización de tareas de seguridad, vigilancia o custodia fuera del ámbito del Ministerio del Interior». Quien transgrede esta norma incurre en una «falta grave» y puede ser destituido de forma «inmediata».

La Mesa de los Miércoles con Teresa Herrera, Gerardo Caetano, Rafael Porzecanski y Guillermo Fossati.

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3 Comentarios - Escribir un comentario

  1. Mano dura: aplicación a rajatabla de la ley, no endurecimiento de las penas. ¿Dónde está probada su eficacia? En un sinnúmero de países y ciudades (basta con ver la historia de Nueva York). Y mano dura no excluye la adopción de otras medidas.

    Y si para aplicar una política necesitamos prueba de su eficacia, deberíamos dejar de lado el lenguaje inclusivo. Su eficacia NO está probada (si sí está probada, por favor muestren las pruebas).

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  2. juan Carlos morales · Edit

    El ministerio del interior les da todo lo necesario a un policía para trabajar como tal , no para ser guardia de seguridad.
    Si quieren ser guardias de seguridad que lo sean , pero los implementó necesario que se lo proveea quien los contrata.

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  3. En una primera consideración creo que los panelistas en líneas generales en principio, se alejaron del tema e incurrieron en consideraciones críticas sobre el papel del Subsecretario de Interior. En ese plano se comportaron como la oposición política y de algunos medios al Gobierno que están en campaña desde el 2 de marzo de 2015. En una segunda apreciación los panelistas solicitaron más recursos al Estado para seguridad e inclusión. Éste pedido, como los que se hacen para salud, educación, etc., tienen un punto débil obvio. Los recursos del Gobierno – que provienen de la propia sociedad – no son infinitos. De ahí que suma poco reiterar esos pedidos. Una tercera consideración es sobre los programas de inclusión. Creo que son positivos pero no son mágicos. Hay personas que creen que la inclusión es un hada que con una varita quita a todos los socialmente menos favorecidos los deseos de delinquir. Más de lo mismo no va a mellar el nucleo duro de la delincuencia. Las bandas de narcos por ejemplo. Finalmente, lo que es el eje del problema. La necesidad de penas más duras y más posibilidades en el empleo de la fuerza por parte de la policía. Las penas más duras se justifican por sí mismas. Un rapiñero que asesina a un comerciante – algo usual – digamos que tiene hoy 10 años de cárcel. Si tuviera 20 años, tendría 10 años menos de estar libre y volver a asesinar otro comerciante. También 10 años más de pensar lo que hizo. Finalmente el empleo mayor de la fuerza, no el gatillo fácil, va a intimidar a los delincuentes en el lenguaje que mejor conocen, el de la violencia. Es por otra parte lo que se aplicó y se aplica en muchos países, desde los más variados signos políticos. Estados Unidos y China por ejemplo. Si eso sucediera – lo que dudo – espero que no se escuchen las voces de los que reclaman contra la violencia policial…

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