Titulares

Noticias del miércoles 10 de junio de 2020

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Un marino mercante de 55 años se convirtió ayer en el vigésimo formalizado por la Justicia para ser enjuiciado por el caso de explotación sexual de chicas adolescentes.

A este hombre se le imputó “reiterados delitos de retribución o promesa de retribución, en este caso a una adolescente para que ejecute actos sexuales o de otra índole”.

Esta persona se encontraba requerida por la Justicia pero no había sido ubicada aún porque estaba embarcada, trabajando en el extranjero.

Con sus 20 procesados, este caso se ha convertido en el de mayor cantidad de formalizados por medio del Código de Proceso Penal de juicios orales, según fuentes de la Fiscalía General de la Nación citadas por El Observador.

La Justicia le impuso al imputado ayer la prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 500 metros o mantener cualquier clase de comunicación y, la inhabilitación "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia", tal como establece la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, para los imputados por delitos sexuales.

Según Subrayado, la Policía continúa con la búsqueda a nivel nacional de tres extranjeros de nacionalidades argentina y brasileña y, un uruguayo, presuntamente  involucrados en la red de explotación sexual de menores.


Funcionarios de varias dependencias fiscales, reunidos ayer en la Fiscalía General de la Nación, abordaron la posibilidad de que algunos imputados, en particular del sector empresarial, hayan contratado los servicios de agencias de comunicación para cuidar su reputación mientras dure el proceso judicial.

Según La Diaria, en la Fiscalía consideran que esta estrategia de “jugar afuera y adentro de la cancha”, tratando de incidir en la opinión pública, podría “complejizar todavía más” la investigación por explotación sexual de menores. 

“Lamentablemente, hemos visto que en investigaciones similares en otros países se gastan recursos millonarios con el propósito de santificar a los imputados y crucificar a las víctimas, y, obviamente no queremos que suceda esto acá”, comentó a ese medio una fuente cercana a la investigación.


El Fondo para el Desarrollo (Fondes) iniciará trámites judiciales para ejecutar las garantías de los préstamos que otorgó a la cooperativa Envidrio, ante la imposibilidad de cobrar una deuda por US$ 15.000.000.

El presidente del Fondes, Martín Fernández dijo que se resolvió iniciar este proceso ya que la viabilidad del emprendimiento estaba asociada al no pago de las deudas que la cooperativa mantiene con el Fondes.

El jerarca sostuvo que el pasivo de Envidrio a fines de 2018 estaba en el entorno de los 48 millones de dólares e incluía deudas a DGI, BPS y UTE. El Fondes otorgó créditos a la empresa por 11 millones y medio de dólares entre 2012 y 2014 pero la refinanciación de los préstamos hizo que la deuda con ese organismo alcance los 15 millones de dólares.

“La situación es muy difícil. No somos nosotros quienes apagamos la velita encendida del socialismo, sí somos nosotros todos los que pagamos la vela prendida del socialismo. Queremos generar, a través de empresas viables, la posibilidad de tener trabajo genuino”, dijo Fernández. 

Fernández sostuvo que el objetivo de la ejecución de la garantía, que se suma a la solicitud de concurso realizada por el Instituto Nacional del Cooperativismo la semana pasada, es generar una situación judicial que le permita a algún inversor privado saldar el pasivo y reflotar el proyecto.

La garantía de los préstamos está compuesta por el local donde funciona Envidrio en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro y la maquinaria. La planta no produce desde diciembre del año pasado y los trabajadores ya no cuentan con el seguro de paro.


El Senado aprobó ayer 19 venias remitidas por el Poder Ejecutivo para jerarcas de directorios de empresas públicas y servicios descentralizados.

De esta forma quedó definido, por ejemplo y tras fuerte polémica interna colorada, que Julio Luis Sanguinetti será el vicepresidente de UTE.

La otras venias para directores aprobadas ayer fueron: Araceli Desiderio y Daniela Barindelli al Banco de Previsión Social; Fernanda Cardona y Enrique Pérez a UTE; Julio César Silveira y Jorge Pozzi a la Administración Nacional de Correos; Max Sapolinski y Leandro Francolino al  Banco República; Susana Montaner y Edgardo Ortuño a OSE; Natalia Argenzio al INAU; Alfredo Asti a la Corporación Nacional para el Desarrollo; Gastón Bianchi y Alejandro Koch a la  Administración Nacional de Puertos; Dora Graziano como integrante del Codicen; Gustavo Osta y Williams Kelland como directores de AFE y Sandra Etcheverry al INISA.

El Senado también aprobó la designación de Adrián Juri como prosecretario de esa cámara legislativa.


Según el diario El País, el presidente Luis Lacalle Pou pidió congruencia al canciller Ernesto Talvi al momento de referirse a la situación en Venezuela. La nota agrega que el planteo fue realizado “en muy buenos términos” durante el encuentro que ambos mantuvieron ayer de tarde en la Torre Ejecutiva .

En una entrevista publicada el sábado por El Observador, Talvi, al ser consultado sobre si calificaría a Venezuela como una dictadura, respondió: “Este canciller no va a decir en este rol esa palabra y, lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo”.

Ayer, a la salida de la reunión con Lacalle Pou, el canciller expresó que él y el primer mandatario están “100% alineados” y que, “más allá de la semántica, cada uno tiene su rol”.

Talvi afirmó: “Venezuela no es una democracia, es un país en el que se viola sistemáticamente los derechos humanos. Pero dicho esto, estamos dispuestos a trabajar para que haya un diálogo”.


El ex canciller Rodolfo Nin Novoa saludó la postura que adoptó su sucesor,  Ernesto Talvi, de evitar catalogar a Venezuela como una dictadura.

Según dijo Nin citado por La Diaria, se trata de un posicionamiento “parecido” al que él mantuvo durante su gestión como canciller durante el gobierno del Frente Amplio, entre 2015 y 2020. 

Nin expresó que Venezuela “es un país autoritario donde hay violaciones a los derechos humanos, como también las hay en otros países del continente, como en Estados Unidos con las minorías”. Opinó que se puede reconocer problemas como los de Venezuela “con una actitud propositiva o con una negativa, con la que no se va a tener resultados”.

A juicio del ahora candidato a intendente de Cerro Largo, el “único problema” de la postura de Talvi es que el presidente Luis Lacalle Pou “lo desautorizó”. “A mí jamas me desautorizaron”, afirmó Nin Novoa.


Una encuesta de Equipos Consultores señaló que 63% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou al cumplirse 100 días de gobierno.

Esta consulta divulgada anoche en Subrayado, indicó que un 18% desaprueba la gestión del primer mandatario, mientras que otro 17% ni aprueba ni desaprueba. Por último, un 2% no sabe o no contesta.

Si se comparan los datos con los registros de la encuesta de abril, subió un punto porcentual la aprobación y cayó uno la desaprobación. 

Respecto a marzo, bajaron dos puntos tanto la aprobación como la desaprobación, mientras que se incrementó el porcentaje de quienes ni aprueban ni desaprueban.

Teniendo en cuenta la votación de octubre de 2019,  89% de los votantes de la coalición multicolor aprueba la gestión de Lacalle Pou. 

Dentro de los frenteamplistas, 34% aprueba, 36% desaprueba, 27% ni una ni otra opción y, un 3% no sabe o no contesta, según el relevamiento de Equipos.


El presidente Luis Lacalle Pou reunirá esta mañana desde las 11 horas al Consejo de Ministros para analizar los lineamientos del presupuesto quinquenal elaborados en las últimas semanas por el equipo económico.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se encontraron ayer, según El Observador, para terminar de revisar la “metodología” del presupuesto.

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 31 de agosto para enviar al parlamento el proyecto de ley de presupuesto y, hasta el 30 de junio para el proyecto de rendición de cuentas.


NOTICIAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA

El monitoreo diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) registró un sólo contagio nuevo de COVID-19 tras procesar ayer 757 tests.

La cifra de personas cursando la enfermedad actualmente en todo el país se redujo a 69.

La cantidad total de infectados desde que comenzó la emergencia sanitaria hace casi tres meses, es de 846. 

Hasta el momento se recuperaron 754 pacientes, mientras que 23 fallecieron.


El Poder Ejecutivo aclaró ayer que el 15 de agosto es la “fecha tentativa máxima” para que se vuelva a jugar partidos del fútbol profesional.

 El Gobierno hizo esta puntualización luego de que el lunes trascendiera, a través de un comunicado filtrado en Twitter, que el campeonato uruguayo iba a retomarse ese día.

En conferencia de prensa, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo que antes de que se retome el fútbol se deben realizar testeos aleatorios para medir los efectos sobre la propagación del Covid-19 que ha tenido la reanudación de otras actividades.

“Tenemos sobre fin de este mes el testeo de la apertura de los shopping. En la primera semana de julio el testeo de retorno a la escuela, y después el del retorno al liceo. Si las fases de escuelas y shopping son satisfactorias, estamos seguros que el 15 de agosto es una fecha máxima con la cual se va a poder comenzar el fútbol”, dijo Alfie.

Alfie indicó que si a fines de junio o principios de julio los análisis evidencian resultados favorables, “capaz que se puede adelantar algunas semanas el retorno del fútbol profesional”. El director de la OPP agregó además que “hay asesores del gobierno que no leyeron” el protocolo del fútbol entregado por la AUF.


Ayer el presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Diego Scotti, se quejó porque el gobierno “abre los shopping que son lugares cerrados, y mientras tanto no permite que se disputen partidos al aire libre sin público en las tribunas” hasta el 15 de agosto.

Scotti declaró a Sport 890 que “si la situación no se revierte, los clubes (que tenían previsto comenzar a entrenar el próximo lunes,15 de junio) van a retrasar el retorno a los entrenamientos, pues faltarán dos meses para que se juegue el primer partido. Esto significa, entre otras cosas, que los futbolistas no saldrán del seguro de paro al menos hasta el 30 de junio


INTERNACIONAL

En Houston, Texas, fue enterrado el cuerpo de George Floyd, el hombre negro cuya muerte a manos de un policía blanco generó protestas contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo.

Políticos, activistas por los derechos civiles, deportistas y actores acudieron a la iglesia de Fountain Praise para la última ceremonia pública de despedida de Floyd.

El reverendo Al Sharpton, un activista por los derechos civiles, pronunció el discurso principal de la ceremonia, en el que acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de indiferencia frente a la muerte de Floyd, que calificó como "la piedra angular de un movimiento que va a cambiar el mundo".

Sharpton invitó a ponerse de pie a las familias de otros negros muertos en casos de brutalidad policial que estaban presente en el templo y recitó los nombres de Eric Garner, Botham Jean y Michael Brown, entre otros, como ejemplos de un problema institucional que sufre el país.

"Hasta que se sepa que el precio de la vida de un negro es el mismo que el de la de un blanco, vamos a volver a vivir estas situaciones una y otra vez", afirmó el reverendo.

El candidato a la Casa Blanca de los demócratas, Joe Biden, participó en la ceremonia con un mensaje grabado en el que aseguró que "llegó el momento de justicia racial", afirmó.

Durante la ceremonia, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, prometió prohibir a los policías la maniobra de inmovilización por asfixia.


En Suecia, más de 30 años después del asesinato del primer ministro Olof Palme, la justicia cerró el caso, ya que el principal sospechoso está muerto.

El fiscal a cargo del caso indicó que la muerte de Stig Engström, hace 20 años, impide que se inicie un expediente o incluso que se lo interrogue, por lo cual decidió cerrar la investigación. El caso puede ser reabierto si aparecen nuevos elementos, agregó.

Olof Palme fue asesinado a sangra fría en Estocolmo el 28 de febrero de 1986 a la edad de 59 años cuando volvía del cine a casa a pie con su mujer sin guardaespaldas. Ninguna persona ha sido declarada culpable y nunca se encontró el arma homicida.

Engström ha estado siempre entre los sospechosos del homicidio porque manifestó públicamente su desacuerdo con Palme y accedió a un arma similar a la disparada contra el entonces primer ministro.


En Palestina, el gobierno anunció que presentó una "contrapropuesta" al plan estadounidense para el conflicto con Israel y pidió a los europeos que presionen a Israel para evitar la anexión unilateral de partes del territorio ocupado.

A partir del 1 de julio el nuevo gobierno israelí presentará su estrategia para aplicar el plan del gobierno de Donald Trump, que prevé que Israel anexe colonias en Cisjordania y el valle del Jordán, que ocupa desde 1967.

Además plantea la creación de un Estado palestino desmilitarizado en un territorio reducido y sin Jerusalén Este como capital, contrariamente a lo que quieren los palestinos.

El primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, informó que elaboró una propuesta propia para crear un "Estado palestino soberano, independiente y desmilitarizado".


En Irán, el gobierno anunció que ejecutará a una persona que suministró información a Estados Unidos y a Israel sobre los desplazamientos del general Qassem Soleimani, que fuera asesinado en enero en Bagdad en un ataque estadounidense.

Mahmud Mussavi Majd fue declarado culpable de haber espiado al grupo de élite de las fuerzas armadas iraníes que dirigía Soleimani, a cambio de "importantes sumas de dinero". Según la investigación judicial, le dio a la CIA y al Mossad información sobre los viajes y los lugares en los que estaba el general.

La condena de Majd fue confirmada por el Tribunal Supremo y se aplicará pronto, informaron las autoridades.


El Grupo de Puebla emitió un comunicado en el que condena la actuación de la OEA en la situación de Bolivia del año pasado y exige que la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez, deje el cargo.

El foro integrado por referentes políticos y académicos vinculados a la izquierda emitió ayer una carta pública dirigida a la comunidad internacional. En ella se refiere a un estudio publicado por The New York Times que concluye que en las elecciones de noviembre puede no haberse cometido un fraude. Por ello, califica como "apresurada e intencionada" la acusación en ese sentido por parte de la OEA y considera que "no tiene sustento".

La carta está firmada por los expresidentes latinoamericanos Dilma Rousseff, Fernando Lugo y Rafael Correa, pero también por los políticos uruguayos Daniel Martínez y Mónica Xavier. En el texto se señala que "las acciones cometidas por la OEA en el caso boliviano, son absolutamente repudiables", a tal punto que se podría "presumir que el organismo multilateral fue cómplice del derrocamiento de un gobierno democrático".

A raíz de esta información, el grupo llama a la OEA a hacer las aclaraciones correspondientes, así como a crear una comisión independiente "que se encargue de reestablecer la legitimidad democrática en Bolivia".

Por último, pide al actual gobierno que entregue el poder "a causa del retraso sistemático e inexplicable de las elecciones en dicho país". El gobierno de Áñez postergó las elecciones, previstas para mayo, a raíz de la pandemia del coronavirus. El mes pasado, los comicios fueron fijados para el 6 de setiembre.


Una investigación impulsada por las universidades de Harvard y Boston indica que el nuevo coronavirus comenzó a circular en la ciudad china de Wuhan en agosto de 2019.

Para llegar a esa conclusión señalan que desde esa fecha se produjo un aumento en las consultas en hospitales y en las búsquedas en internet relacionadas con los síntomas de la COVID-19.

El nuevo estudio, que aún no apareció en una revista revisada por pares, reconoce que no puede confirmar que los datos documentados estén relacionados con el virus, pero señalan que sí apoyan las conclusiones a las que llegaron otras investigaciones.

Inicialmente se sostuvo que la pandemia apareció en el Mercado de Mariscos de Huanan de Wuhan en diciembre de 2019. Más tarde, los expertos estimaron que un ancestro genético del virus surgió a mediados de noviembre de 2019. Un informe en el South China Morning Post que cita datos del gobierno sugirió que un "paciente cero" podría rastrearse hasta el 17 de noviembre.


En Nicaragua, al menos 11 médicos del sistema de salud público fueron despedidos por exigir al gobierno de Daniel Ortega medidas serias de contención contra la pandemia de COVID-19 y equipos de bioseguridad para el personal sanitario.

Varios referentes del ámbito médico nicaragüense denunciaron que los despidos son una represalia porque los profesionales adoptaron una posición contraria a la del gobierno, que asegura que tiene controlada la presencia del nuevo coronavirus en el país.

Más de 30 asociaciones médicas hicieron días atrás un llamado a una cuarentena nacional voluntaria, al distanciamiento físico en los espacios públicos y a otras medidas para frenar la propagación del virus.

Los datos oficiales de Nicaragua dicen que ese país, de 6.5 millones de habitantes, lleva 1.464 casos confirmados de coronavirus y 55 muertes. Sin embargo, medios de comunicación nacionales e internacionales informan de "entierros exprés" en la madrugada y los médicos aseguran que hay muchos más contagios que los que se reconocen.


En Brasil, el gobierno volvió a informar de los casos de contagios y muertes diarios por coronavirus después de que un fallo judicial le ordenó dar marcha atrás con los cambios en este sentido anunciados el fin de semana.

Según el reporte difundido ayer, Brasil registró entre lunes y martes 1.272 muertes por el nuevo coronavirus, con lo cual el total de decesos asciende a 38.406.

El número de casos tuvo un incremento de 32.091, el segundo mayor desde el inicio de la pandemia, con lo cual llegan a 739.503. Un conteo paralelo instaurado el viernes por un consorcio de los principales medios de comunicación del país en base a datos de las secretarías regionales de Salud, indica que Brasil tiene 38.497 muertos y 742.084 casos.

Durante el fin de semana el gobierno dejó de informar sobre el número total de casos y decesos por Covid-19, algo que anunció como un cambio de política. Un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó el lunes que se divulgara íntegramente los datos tal y como venía haciendo antes.

Después de que se generara esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a "todos" los países a informar con transparencia sobre sus casos de coronavirus. Este llamado llegó mientras en el gobierno de Jair Bolsonaro se escuchan voces críticas con respecto a la organización, siguiendo los pasos de la administración de Donald Trump.

El viernes Bolsonaro amenazó con retirar a Brasil de la OMS por su "sesgo ideológico". Ayer fue el turno del canciller, Ernesto Araújo, quien criticó la "falta de independencia, de transparencia y de coherencia" de la organización.


En Argentina, el anuncio de que se intervendrá y probablemente se estatizará una de las mayores empresas agroexportadoras provocó un inmediato debate político y marcó un punto de inflexión: por primera vez en tres meses el gobierno toma una decisión política de peso que no esté directamente relacionada con la pandemia o con el canje de la deuda.

Marca también otro cambio a nivel político: el abandono de las posturas equilibradas por parte de Alberto Fernández y el nuevo protagonismo del kirchnerismo, que venía reclamando medidas de fondo que implicaran un mayor intervencionismo en el sector privado.

Lo cierto es que el país ya tiene un nuevo motivo para alimentar la famosa grieta: ahora hay un bando a favor y otro en contra de la estatización de Vicentin. Esta empresa, que cayó en default de su deuda por 1.240 millones de dólares, es la líder de la exportación de harina y aceite de soja y se ubica en el sexto puesto de las mayores exportadoras agrícolas, con 8,4 millones de toneladas, un 9 por ciento de las ventas agroindustriales argentinas al exterior.

Sus problemas se intensificaron hace dos años, cuando la devaluación la sorprendió con una deuda en dólares. Además, uno de sus prestamistas más importantes es el Banco Nación, el principal banco estatal, lo cual da un condimento político al tema, porque hay una sospecha de créditos otorgados en condiciones irregulares.

Para colmo, Vicentin fue una de las empresas que hicieron mayores aportes a la campaña reeleccionista de Mauricio Macri, a pesar de que ya se encontraba bajo estrés financiero.

Alberto Fernández justificó la intervención con el argumento de que la empresa podría ser objeto de una compra oportunista por grupos extranjeros y que había que garantizar la “soberanía alimentaria”.

Pero en el campo y en la oposición política se denunció de inmediato que el verdadero objetivo era tener una mayor injerencia en el negocio del campo. Sobre todo, después de que el Banco Central hubiera acusado a los exportadores de hacer maniobras para forzar una devaluación.

Para los funcionarios, es sospechoso el bajo nivel de liquidación de divisas, que está un 19 por ciento debajo del ingreso del año pasado. En el campo se defienden con el argumento de que es todo producto de los bajos niveles de precios en el mercado internacional, pero el gobierno cree que hay una conspiración para retener los granos de soja en las silobolsas.

(Corresponsal Fernando Gutiérrez)


VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL

Una encuesta de Opción Consultores para las elecciones departamentales del 27 de setiembre en Montevideo registró 57 % de intención de voto al Frente Amplio y 34 % a la coalición multicolor.

Los resultados de la consulta, presentados ayer por Telenoche, se completan con un 5% que no sabe/no contesta y un 4% de voto en blanco, anulado o a otro partido.

Con respecto a la encuesta que Opción Consultores presentó en febrero, el Frente Amplio creció un punto y la coalición multicolor creció cuatro puntos.

En comparación con las elecciones departamentales de 2015, el Frente Amplio registra cinco puntos porcentuales más y la multicolor recibe siete puntos menos que los que consiguió el Partido de la Concertación en aquella oportunidad.

Si la comparación se hace con el resultado de la segunda vuelta de las elecciones nacionales del año pasado en Montevideo, el Frente Amplio crece de 55 % a 57 % y, la multicolor cae de 41 % a 34 %.


El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció ayer que el gobierno incluirá en el Presupuesto la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para no más de 300 reclusos. 

Larrañaga también informó que se levantará varias “micro cárceles”, de menos de 300 presos, para disminuir la población en los grandes penales como el exComcar, Libertad y la cárcel de Canelones.

Las novedades se conocieron luego de la comparecencia del ministro ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que comenzó a analizar el proyecto de ley de urgente consideración aprobado el sábado por el Senado.

Según dijo el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, en conferencia de prensa, “hoy Uruguay no cuenta (con una cárcel) para aquellos reclusos vinculados al narcotráfico y que representan una gran peligrosidad".

La propuesta de una cárcel para los presos más peligrosos estaba incluida en el ‘Compromiso con el país’, firmado en noviembre del año pasado por el entonces candidato a presidente, Luis Lacalle Pou, y los demás líderes de la coalición multicolor. 

Larrañaga indicó en el Parlamento que la inversión estará a cargo del Estado y no bajo el régimen de Participación Público Privada, como se hizo con la nueva cárcel de Punta de Rieles.


Apareció la carpeta verde que se presumía robada por un ex funcionario de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

Según El Observador, la carpeta que había sido vista en imágenes de video en manos del hombre denunciado, no desapareció sino que estaba en la propia Ursec y no contenía información relevante sino únicamente papeles personales.

La fiscalía sigue investigando el caso porque hubo allanamientos y requisa de documentos en varios domicilios particulares, a raíz de la denuncia por presunto robo que presentó la semana pasada la presidente de la Ursec, Mercedes Aramendía.


ECONOMÍA Y EMPRESA

La venta de vehículos 0 km en mayo mostró una caída de 53% respecto al mismo mes de 2019, según datos difundidos este martes por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

Según ACAU, la gran caída respecto a mayo de 2019 fue en la categoría automóviles, con una contracción de 55% y, en utilitarios, donde la reducción de ventas fue de un porcentaje similar.

En mayo de 2019 fueron vendidos 3.483 vehículos, mientras que este año fueron  1.632.

De todos modos, los números registran un repunte de 24% respecto a las cifras de abril, cuando fueron vendidos 1.308 vehículos.


El Intendente de Colonia, Napoleón Gardiol, los tres diputados de ese departamento -el nacionalista Mario Colman, la colorada Nibia Reisch y el frenteamplista Nicolás Viera- y la Asociación Turística de Colonia se reunirán hoy con el presidente Luis Lacalle Pou en procura de soluciones a los trabajadores del sector turismo.

Los tres legisladores han estado trabajando juntos en las últimas semanas, según El Observador, para dar respuesta a los reclamos de los agentes turísticos colonienses surgidos debido a los efectos provocados por la emergencia sanitaria.

La diputada Reisch señaló que Colonia es “el departamento que ha tenido mayor impacto negativo” debido a su “dependencia muy grande del turismo argentino”.

Viera, por su parte, dijo que “se necesita una respuesta estructural” porque se está “camino a producirse un cierre definitivo de muchos comercios”.

Los dos legisladores resaltaron que uno de las principales “mochilas” de los emprendimientos es el pago de los costos fijos de energía.


Tras una consulta ayer con diferentes filiales, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT definirá posición hoy sobre las pautas salariales que definió el Poder Ejecutivo para empezar a discutir mañana en la reunión del Consejo Superior Tripartito.

Los lineamientos del gobierno apuntan a una pérdida de salario real durante un año y la promesa de sea “recuperada en posteriores negociaciones en la medida en que las condiciones de crecimiento lo permitan”.

Tras la reunión de consulta de ayer, el secretario general del PIT CNT, Marcelo Abdala, dijo a La Diaria: “Está garantizada la pérdida salarial pero, por el contrario, todavía no está tan garantizado que si hay inflación y el PIB crece y se recupera la actividad, el salario real recupere sus pérdidas de inmediato”.


En el mercado local, el dólar subió ayer apenas 0,09%. El interbancario fondo se operó en promedio a $ 42,522.

El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.

En lo que va del año, el billete verde acumula una suba de 13,89% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2019)

En pizarra del Banco República, el dólar cerró ayer a $ 41,50 para la compra y $ 43,90 para la venta.

En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y se ubicó en R$ 4,905.

En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 69,17. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 124,00.

Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1344.


OTRAS NOTICIAS

Fue detenida ayer la dueña de una whiskería de Guichón (Paysandú) donde la Policía encontró a ocho mujeres extranjeras.

Las presuntas víctimas, de nacionalidades cubana, venezolana y dominicana que fueron trasladadas a Montevideo para ser abordadas por la Unidad de Víctimas y Testigos Protegidos de la Fiscalía. 


Dos asaltantes armados rapiñaron la joyería Revello ubicada en la avenida 18 de Julio y Germán Barbato, frente a la sede de la Intendencia de Montevideo.

Uno de los delincuentes que llegó caminando y con tapaboca, y el otro arribado en moto, redujeron a los presentes y se llevaron varias joyas que estaban acondicionadas en un cofre.

Según Subrayado, en el local había más piezas de lo habitual porque iban a ser trasladadas a los shopping centers con motivo de la reapertura.

 

 

Foto: Presidencia de la República

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