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EC —Diputado Lema, usted ha puesto énfasis en contrataciones de ONG objetadas por el TCR. Veamos algunos ejemplos.
ML —Un tema que me parece no menor. Está bien que estuvimos nueve horas y está la versión taquigráfica, pero por algo nos prestamos a este intercambio público; si vamos a repetir la versión taquigráfica, se la enviamos y ahorramos un montón de tiempo. No me queda claro si las actas de Época Dorada están realizadas, como anunció la propia ministra. En las nueve horas no está la respuesta, y si está, vamos a la versión taquigráfica a ver si aparece, pero no aparece esa respuesta. De hecho lo ha reconocido.
GN —La respuesta fue dada en el momento.
ML —¿Cuál fue la respuesta?
GN —La respuesta estaba, fue dada en el momento en que sucedieron estos hechos. Desgraciadamente se pretende hacer una utilización política de un hecho lamentable y triste, en el que deberíamos todos poner, más que la intencionalidad política, el corazón y la ayuda, y no generar incertidumbre. Insisto, las actas, las versiones taquigráficas son públicas, cualquier ciudadano puede entrar a la página del Parlamento y leer lo que dijo la ministra.
EC —Creo que el diputado Lema habla de otras actas.
GN —No, son las actas de inspección.
ML —Pero son clandestinas.
GN —Son las actas de inspección que la ministra dijo que estaban en su momento y lo volvió a ratificar el otro día. Eso es lo que estoy planteando en este momento.
ML —Yo las vengo pidiendo desde hace un año y parece que son clandestinas, son documentos que no se pueden ver, que no se pueden hacer públicos, parece que la ciudadanía no puede conocer cómo el Mides inspecciona los hogares. La ciudadanía tampoco sabe cuántos carecen de habilitación de Bomberos, tampoco conoce los niveles de déficit. Se ve que hay un montón de situaciones que supuestamente están pero la gente no las conoce.
GN —No, lo que los ciudadanos saben en nuestro país es que hay más de 3.000 personas que se podrían catalogar en el curso de la vejez que hoy tienen una asistencia a la vejez. Eso lo sabe la ciudadanía. La ciudadanía sabe que se está haciendo un trabajo muy fuerte en cada uno de los centros de salud, muy fuerte, interministerial, para resolver aquellas situaciones que desembocaron en aquella triste situación, como otras tantas. Pero establezcamos las responsabilidades, porque por momentos parece que todo lo público es malo, y los centros privados –a muchos los hemos denunciado nosotros en diversas comisiones del Parlamento porque han violentado derechos humanos– no se tocan. Toda la responsabilidad es del ámbito público y no de los sectores privados que administran determinados espacios.
Entonces volvamos a centrar el debate en cuál es el objetivo de la oposición al establecer este tipo de planteamientos. Desde nuestro punto de vista, se corta por el lado más fino, se intenta atacar a las políticas sociales, a los sectores más carenciados. Pero este mismo PN que tanto apunta a las políticas sociales, a los sectores más débiles, poco dice de los altos privilegios que tienen sectores muy poderosos en nuestro país. Entonces centremos el debate, discutamos en profundidad, sin caretas, sin atajos, para establecer un diálogo que sea productivo. Creo que lo que quieren los uruguayos es que construyamos políticas que beneficien realmente a la ciudadanía y no discursos que ya sabemos en qué terminan.
ML —Seguimos en los discursos extensos sin acreditar acciones concretas.
EC —Propongo que tratemos de avanzar un poco más, que vayamos a los puntos que estuvieron en debate en comisión. Por ejemplo, contratos con ONG.
ML —El tema TCR. El TCR hace una cantidad y variedad de observaciones a contrataciones por entenderlas irregularidades. En muchos casos debió llamarse a licitación pública y se contrató en forma directa sin que aplicaran las excepciones que prevé el Tocaf en el artículo 33. En otros casos, cuando hacían licitación, en el pliego incluían una serie de exigencias y terminaban contratando sin que se cumplieran esas exigencias que el mismo Mides había establecido en el pliego. En otros casos se pagaba una partida única a la ONG antes del vencimiento del contrato, lo que muestra un apuro por pagar, pero no un apuro por controlar el cumplimiento de las ONG. Por otro lado, en algunas situaciones no se acreditaba que se estaba contratando una cooperativa social, a pesar de que para ello era el llamado. Y podemos seguir, acá tengo las resoluciones del TCR.
Se daba el tema de San José, contratación directa de una ONG representada entre otros por un edil del FA, que aparte fue un proceso totalmente turbio, porque en el año 2016 fue contratada en forma directa, después se llamó a una licitación general, se desestimó a la Asociación Eusebio Vidal en el departamento de San José para un refugio nocturno, y finalmente aparece contratada en la página del Mides, después de haberla desestimado.
Nosotros estamos tan a favor de las políticas sociales que estamos tratando de que se ponga orden al despilfarro de los recursos y que dejen de hacer cumplidos en los discursos. Hasta ahora no soy solo yo el que plantea esto, ni varias personas del Parlamento, como la diputada Graciela Bianchi y demás, y el TCR. Informes de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) son lapidarios acerca de la mala gestión del Mides. Acá tengo un informe sobre la Tarjeta Uruguay Social del año 2012 en el cual se establece falta de confiabilidad en la información, que no se controla si los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social con el tiempo han obtenido el desarrollo anhelado, y se dice que de 80.000 personas que habrían estado recibiendo el programa en el año 2012, 29.000 no habrían entrado en los requisitos para ser destinatarias. Ese programa que se le brinda a una persona que no lo necesita se le priva a una persona que sí lo necesita. No es la oposición la que dice esto, vamos a dejar de buscar fantasmas donde no los hay, es la AIN.
EC —En esta intervención del diputado Lema aparecieron varios temas. Vamos por partes.
GN —Empecemos por lo último. Insisto, o no se escucha o no se quiere escuchar. El otro día el Mides fue muy claro, dijo que de las más o menos 73.000 tarjetas que hay distribuidas hoy en Uruguay, en el año 2016 se retiraron 40.000 y se volvieron a otorgar unas 30.000, en números gruesos. Entonces insistir en que no hay controles, cuando además también se dijo de manera clara que se está trabajando con la AIN a los efectos de construir protocolos, de construir procedimientos cada vez más transparentes… El Mides ha incluido muchas de las observaciones que le hicieron el TCR o la AIN. Se ha incluido, se está trabajando en la inclusión. Porque acá no se pretende dejar en la turbiedad que decía el diputado Lema algunos asuntos. Nadie más interesado que las autoridades del Mides en construir una transparencia, precisamente porque a través de la transparencia, del debate de la transparencia, se está atacando a las políticas sociales. Entonces tener una fortaleza en la transparencia es también proteger las políticas sociales y sus beneficiarios, que son los sectores más postergados.
Respecto a la situación de la ONG en San José, me gustaría preguntarle al diputado Lema si la observación del TCR –ya que tanto insiste– está relacionada con el carácter político-partidario del edil o si tiene que ver con otro asunto.
EC —Usted dice que el TCR no cuestiona esa contratación por factores políticos o de compañerismo político.
GN —No, porque eso no existe.
EC —No aparece mencionado ese factor.
GN —No está mencionado. Pero además el Mides desarrolló una licitación, la declaró desierta y luego contrató directamente a esta organización. ¿Por qué se insiste en un aspecto que no es mencionado por el TCR? ¿Por qué se tiene que partidizar este asunto?
