RA —¿Están reglamentadas de manera especial las interpelaciones?
DC —Sí, el funcionamiento de una interpelación está previsto en el reglamento de cada cámara. Está disponible en la web, cualquier ciudadano puede bajarlo y mirar cuánto tiempo disponible tiene el interpelante, cuánto tiene el ministro y cuánto tienen los diputados.
Lo cierto es que la interpelación, a diferencia del llamado en régimen de comisión general, tiene un cierre. El cierre supone tomar una decisión en la cámara, los reglamentos indican que esa decisión tiene que estar vinculada con las respuestas que dio el ministro, o sea si la cámara está satisfecha o no con las respuestas que dio. Ahí es que empiezan a pesar las mayorías, si un partido tiene mayoría y ese partido está en el gobierno, va a cerrar filas detrás de su ministro. Eso es lo que ha pasado desde que gobierna el Frente Amplio (FA). Yo tengo unos datos bastante interesantes que indican que desde que el FA está en el gobierno se realizaron 55 interpelaciones y las 55 se cerraron del mismo modo: votando una declaración en la que se expresaba la satisfacción con las respuestas del ministro.
RA —Uno de los aspectos que más se cuestionaron en la interpelación del miércoles a la ministra María Julia Muñoz fue la duración de las intervenciones. La diputada Gracia Bianchi habló inicialmente más de tres horas, y después las autoridades del gobierno hablaron durante casi ocho horas. ¿Está previsto que sean intervenciones de esa extensión?
DC —No tengo presente ahora exactamente cuánto es el tiempo que está establecido para el interpelante y para el interpelado, pero eso está definido en el reglamento. Si se conceden extensiones de tiempo ya es un problema de voluntad política, porque el reglamento permite hacerlo. Muchas veces el hilo de la reflexión lleva a que alguien pida la palabra y mocione para extenderle el tiempo, y tal vez el espíritu del reglamento termina siendo vulnerado por este tipo de prácticas, pero esas prácticas no son ilegales, están previstas. En ese sentido tal vez el reglamento requiera algún tipo de cambio, de modificación, de manera de volver el debate un poco más comprensible para el ciudadano.
RA —Esa es una de las críticas que se hacen: ¿qué deja un debate de 18 horas que es imposible seguir con un nivel de atención importante? Otro aspecto que se cuestionó en estos días es que durante la propia sesión, mientras se estaba haciendo la interpelación, tanto la ministra de Educación, María Julia Muñoz, como la diputada interpelante, Graciela Bianchi, salieron de sala a hacer declaraciones a la prensa, a dar entrevistas y demás. ¿Eso está permitido?
DC —Sí, está permitido, nadie puede retener en un lugar durante tantas horas a una persona. Cuando se extiende tanto es admisible que salgan, que vayan al baño y cuando salen está la prensa y ahí declaran. Lo razonable sería que las interpelaciones fueran más cortas y que el interpelante y el interpelado estuvieran dentro de sala, pero cuando se extienden tanto se admite que haya ese tipo de cosas.
RA —¿Está obligado el miembro interpelante a hacer preguntas?
DC —Sí, está obligado.
RA —¿De qué tenor tienen que ser las preguntas para que quede claro, y de qué tenor tienen que ser las respuestas? El otro día se señaló que Graciela Bianchi no había realizado preguntas concretas y que la ministra había ido con un discurso previsto, ya redactado, sin tener en cuenta lo que diría la miembro interpelante.
DC —Sí, la interpelación del otro día fue una mala práctica. En realidad el instituto de la interpelación no es nuevo, lo tenemos desde la Constitución del 18, es un mecanismo que le permite a la oposición, con un quórum relativamente bajo, de un tercio, convocar a un ministro. En otros sistemas presidenciales como Chile, Argentina, Perú, donde existe la interpelación, se exige la mitad de la cámara, una mayoría de la cámara para hacer venir a un ministro. Eso lleva a que los ministros nunca van porque si alguien tiene la mayoría es el gobierno. En Uruguay se admite con un tercio. Este instituto fue creado precisamente para eso, para que el Parlamento pudiera controlar a los ministros del gobierno, que en ese entonces eran gobiernos del Partido Colorado (PC), y el que impulsó este mecanismo de la interpelación con un tercio de las bancas fue el Partido Nacional (PN).
Pero cuando se instala en la Constitución ese artículo se dice con mucha claridad que el ministro va para que le hagan preguntas, y las preguntas tienen que ser sobre la marcha de su administración, sobre su gestión. Entonces toda interpelación debería cerrarse con un número determinado de preguntas. La mayoría de las interpelaciones terminan con un número de preguntas que el ministro debería contestar. Ha habido muchas interpelaciones en las que los interpelantes adelantan las preguntas para que el debate se centre.
Yo digo que esto es una mala práctica, porque si la interpelante no hace preguntas precisas y la interpelada trae un informe redactado, es un diálogo de sordos, no están dialogando. Y la interpelación desde el punto de vista sustantivo es un encuentro en el que se produce un debate que la ciudadanía puede escuchar. Puede haber consecuencias políticas o no, pero es un gran foro donde la ciudadanía puede observar con bastante claridad qué es lo que piensan sobre una determinada política pública el gobierno y los partidos de la oposición.
