EC —Simplemente se publicó la segunda sentencia y el que la leía tuvo que darse cuenta: “acá hay un razonamiento distinto del de la otra sentencia”.
JC —Hace unos meses dijeron una cosa y ahora dicen otra, como si no existiera la primera sentencia. ¿Qué ha pasado? Como decíamos, estas sentencias están siendo redactadas en paralelo por cuatro de los ministros, excluyendo al presidente, porque en general se acuerdan de a cuatro, entonces se reparten por sorteo entre los ministros. La sentencia que se acordó simultáneamente con la que acaba de salir, en la que consta la nueva posición de la Corte, el cambio de posición, y se explica, todavía no se terminó de redactar. De dos sentencias que se acordaron en el mismo momento, el mismo día, ha salido una que no debió salir antes que la otra, debió salir simultáneamente con la que explica que la Corte ha cambiado. Ahora se va a subsanar y en la próxima se va a explicar lo que pasó. No porque lo vayamos a cambiar ahora, sino porque ya estaba acordado así. Simplemente salieron con días de diferencia y se da esta situación que usted con toda agudeza señala: dictaron dos sentencias que no dicen lo mismo y no explicaron por qué cambiaron de posición.
EC —Gustavo Gómez, uno de los asesores del Gobierno de José Mujica y que impulsó esta ley, escribió en estos días una columna en la que marca la contradicción. Luego de analizar los argumentos, termina diciendo: “Mis respetos a nuestra SCJ. A sus jueces y sus decisiones autónomas. En los fallos que me agradan y en los que no. Pero este cambio de posición con fundamentos tan cuestionables en un tema tan sensible y complejo nos hace mal. Y a la primera que le hace muy mal es a la propia Corte”. ¿Qué responde a propósito de reacciones como esta, que evidentemente se están dando?
JC —Debe tomarse en cuenta esta situación. De hecho no debió pasar, debió comunicarse primero la sentencia en la que la Corte toma nota de que cambió de posición y lo explica, y no ha pasado. En los próximos días saldrá la sentencia y todo quedará más claro. Pero sí avalar la importancia de la seguridad jurídica, y en el caso de la jurisprudencia la seguridad jurídica pasa por la previsibilidad. Los fallos de los tribunales tienen que ser previsibles, porque los jueces mantenemos determinada conducta, determinada posición respecto de determinados temas, y si cambiamos de posición tenemos la carga de la argumentación: “yo cambié de posición, dije tal cosa tal año en tal sentencia, ahora estoy diciendo otra, por esto y por esto”. La Corte debe cumplir con eso, y lo hizo, pero la sentencia en la que lo hizo, que se acordó simultáneamente con esta, todavía no se terminó de redactar.
EC —Hay un riesgo de afectación de la credibilidad de la Corte.
JC —Hay un riesgo, que se va a subsanar a la brevedad. Yo tengo dos o tres sentencias para redactar, no sé si esa en la cual se deja constancia del cambio de posición de la Corte, como corresponde, es una de las mías o la tiene alguno de los otros ministros. Lo que empezaría a ser extraño sería, y es totalmente contrario al principio de la seguridad jurídica, que cualquier juez, incluso la SCJ, oscilara, dijera una cosa, luego otra y volviera a la original.
EC —Esa es la pregunta siguiente, ¿qué cabe esperar a partir de ahora con respecto a este artículo 56? ¿Todas las sentencias de la SCJ van a salir con esta última postura?
JC —Allí otra de las situaciones del control de constitucionalidad en el Uruguay es que las declaraciones de inconstitucionalidad se aplican exclusivamente para el caso concreto. Uno tiende a pensar que si ya se conformó una jurisprudencia estable que determinó que para la Corte estos ocho artículos ya analizados y declarados son inconstitucionales, son inconstitucionales. Tenemos, sin embargo, dado que la realidad es muy rica, la situación de que el doctor Jorge Tomás Larrieux cesa en la SCJ el 26 de noviembre de este año.
