Entrevista central, jueves 21 de diciembre: Jorge Basso

EC —¿Eso indica conformidad?

JB —Ninguna explicación simple es correcta, seguramente hay muchos factores. Pero en general –eso pasa siempre en la salud– cuando uno va haciendo las cosas bien y va mejorando las prestaciones, lo único seguro es que aumente la demanda, es un mercado imperfecto. Sin perjuicio de eso, que siempre hay planteos en cuanto a la necesidad de mejorar, esto habla de cierto grado de fidelidad, porque el usuario conoce, se sabe mover, sobre todo aquellos usuarios que utilizan más los servicios. Para los que utilizan más los servicios, que conocen la institución, el cambio no es un tema sencillo, tiene que haber alguna razón, generalmente hay una razón que lo justifica.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Teniendo en cuenta esa baja movilidad que se da de una mutualista a otra, ¿cómo se entiende que se haya decidido dejar sin efecto en el próximo febrero la apertura anual del corralito?

JB —Es una pregunta lógica.

EC —Hay como una contradicción.

JB —Reitero, tiene varias lecturas. Uno diría que esas 55.000, 60.000 personas que se cambiaron en el último período, de los 2,5 millones de personas que están en el Fonasa, conforman un número realmente bajo. ¿Cuál fue la causal? Se encuentra que hay un fenómeno creciente que es que la causal es un dinero que de alguna manera llega al usuario para convencerlo de que cambie de prestador. Sin perjuicio de que pueda tener una magnitud relativamente escasa, el fenómeno ha sido progresivamente creciente, el peso de la intermediación lucrativa, lejos de disminuir, ha aumentado. Y además ha adquirido cierta sofisticación, porque antes –este es un fenómeno que viene de antes de la reforma– en la ex-DISSE era bien conocido que en los entornos del BPS había una serie de personas que cuando aparecía un candidato trataban de direccionarlo. Eso después tomó otras formas y en el último movimiento hicimos 30 denuncias penales, que fueron precedidas de una conferencia de prensa que hicimos en enero diciendo: señores, sabemos que hay intermediación lucrativa en este tema, vamos a ser inflexibles.

EC —Es un delito.

JB —Es un delito. A pesar de haber advertido, de haber conversado, nos conectamos con Crimen Organizado, porque hubo que hacer seguimientos, hubo que poner cámaras para poder identificar a las personas. Con eso se demostró que había una red muy importante que interactuaba no solo en la periferia del BPS, sino que empezaba a recorrer zonas de la ciudad, a veces puerta a puerta, en lugares donde se supone que hay personas vinculadas a ASSE y que por lo tanto son más vulnerables y podría haber ciertas posibilidades de que circunstancialmente tomaran la decisión de cambiarse a otra institución a cambio de sumas de dinero. Eso fue generando una serie de elementos que terminaron en la justicia, que hizo lo que tenía que hacer, investigó profundamente el tema. Ustedes recordarán que hubo una investigación muy importante y hubo más de 60 procesados por distintas razones.

EC —Sí, hubo un episodio muy particular dentro de esto de la intermediación lucrativa, que fue lisa y llanamente una estafa al Fonasa. No es lo mismo, se puede captar socios de una mutualista para que vayan a otra pagándoles un dinero, intermediación lucrativa. Ese es un afiliado genuino, es alguien que trabaja, que hace sus aportes a la seguridad social, etcétera, pero estuvo lo otro, que fue lo que estalló hace pocos meses, que era toda una maniobra en la que sí se pagaba a personas, pero esas personas eran empleados truchos de empresas truchas, etcétera, con lo cual había además una estafa al Fonasa. ¿Qué era lo que veían venir ahora?

JB —Hay que tener claro que acá lo que estamos defendiendo es la capacidad de elección del usuario, no que esa elección estuviera mediada, contaminada por dinero, que no tiene nada que ver con la competencia. No solamente es un delito, sino que conceptualmente que alguien elija porque le dan dinero no tiene nada que ver con la competencia que queremos. Lo que vimos es que había toda una estructura montada muy potente, que simplemente había que esperar que pasara más de lo mismo.

RA —Cuando usted mencionó las cifras, dijo al pasar que han comprobado que de esos 50.000, 60.000 afiliados que se cambiaron las últimas veces la mayoría lo hacen por intermediación lucrativa, porque se les ofrece dinero.

JB —Sabemos que hay un porcentaje importante. No podemos ser precisos porque muchas personas que cambiaron de institución a partir de ese dinero no necesariamente lo denuncian, como pasó en algún momento, sobre todo con usuarios de ASSE que circunstancialmente pasaron a una institución y después tuvieron necesidad de atenderse, no podían hacerse cargo de los copagos y volvieron a la Junasa diciendo “fui engañado, no me puedo atender, quedé atrapado, quiero volver a ASSE”. Tuvimos varios elementos que demostraron que el fenómeno estaba fuertemente instalado y después había que salir a corregirlo.

EC —Pero si el fenómeno está tan instalado, ¿por qué no se identifica a los responsables y punto, en vez de tomar una medida tan drástica como esta de eliminar la apertura del corralito?

JB —Es una buena pregunta.

EC —Porque además la pregunta siguiente es quién paga por ese pase del afiliado de una mutualista a otra. ¿Son las mutualistas?

JB —Le digo más, recibimos personas anónimas con pendrives, con videos en los cuales se grababa –hoy es bastante frecuente– el momento en que se acercaba una persona a ofrecer dinero. En primer lugar, le dimos todo eso a Crimen Organizado, lo pasamos a la justicia y son esos organismos los que hacen las investigaciones, hacen lo que tienen que hacer, no es competencia nuestra identificar culpables. Sí identificamos que teníamos situaciones irregulares a las que hay que darles curso, y se les dieron los cursos correspondientes. Reitero, veníamos haciendo un promedio de cuatro, cinco denuncias penales comprobadas y saltamos a 30, y a partir de las investigaciones quedó demostrada una verdadera red que interactuaba en todo este proceso.

En segundo lugar, lo sustantivo es que se consolidó una práctica de las instituciones que de acuerdo al marco legal existente pueden hacer, que consiste en contratar, antes de esta instancia de febrero, fuerza de venta, empresas. Son vendedores, promotores, que en algunos casos son empresas unipersonales y en otros son funcionarios que en ese momento pasan a tener esa actividad. Estos promotores salen a promover la institución con folletería, se instalan en determinadas zonas de la ciudad.

EC —Hasta ahí no hay objeciones.

JB —Pedimos ver los contratos y en todos ellos hay una cláusula que establece que el prestador no se hace responsable del uso que hagan estas personas del dinero que reciben como comisión. En general las instituciones contratan a estas empresas y trabajan a comisión, reciben un dinero en función de la cantidad de usuarios que puedan captar, por ejemplo reciben tantas cuotas, hay distintas modalidades.

EC —O sea que la intermediación lucrativa, si ocurre, si efectivamente se le paga a alguien para cambiarse de una mutualista a otra, de acuerdo a ese contrato que menciona es responsabilidad de esa fuerza de venta, de esa empresa intermediaria, no de la mutualista.

JB —A eso llegó la Justicia, porque la Justicia procesó a esas personas.

RA —¿Qué está queriendo decir? ¿Que también es difícil comprobar el hecho de que haya instituciones de por medio? Porque es cierto que la justicia fueron casos puntuales y aislados.

JB —La denuncia penal siempre es así, usted hace una denuncia por situaciones puntuales, no genéricas, y tiene que tener comprobaciones.

RA —Claro, pero si va a hacer una maniobra de ese tipo la mutualista no va a dejar sentada la prueba en un mail que le diga a la persona, a la fuerza de venta, “vamos a hacer intermediación lucrativa”.

JB —No, pero solicitamos todos los contratos, porque todas las instituciones asumieron que para poder competir tenían que poner en acción un equipo de promotores a los cuales no se les paga un sueldo fijo, se les pagan distintos montos en función de la cantidad de socios que ingresen, en distintas modalidades. Se les paga con dinero del Fonasa, no es un dinero etéreo. Y a su vez contratan medios de comunicación, hacen campañas publicitarias, lo que vemos habitualmente. Todo eso está dentro de los marcos legales existentes, pero quedó claro que en algún momento se genera un proceso por el cual se comete un delito. Ese delito, que se llama de intermediación lucrativa, no es nuevo, pero hemos constatado que no solamente creció, sino que adoptó nuevas modalidades, y ahí aparecen autos, equipos informáticos, impresoras, un montón de cosas.

EC —Obsequios que se dan a cambio del pase.

JB —Y procedimientos.

EC —Sorteos.

JB —Viajes, en fin, aparecen varias alternativas, todas bastante discutibles si eso es algo para estipular en términos de una competencia entre prestadores, que todos defendemos, porque acá nadie puede pensar que la promoción de la competencia es algo malo; al contrario, hay que competir. Pero no parece razonable que la competencia esté vinculada a estas formas de pago por cambio de institución.

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