Entrevista central, jueves 21 de diciembre: Jorge Basso

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EC —Usted explicaba por qué se llega a esta decisión de no abrir el corralito mutual el próximo febrero. Pero falta saber cómo se responde a las críticas que ha recibido.

“Esta disposición con respecto al corralito mutual atenta contra la libertad de los ciudadanos”, dice un mensaje que acaba de llegar.

Otro mensaje dice lo mismo: “Lo importante es la libertad del consumidor afiliado de poder elegir”.

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EC —Tengo también este mensaje de Gustavo a propósito de por qué, cuál es el problema con la intermediación lucrativa: “Claramente, crear empresas fantasma es un delito. Falsear ventas es un delito. Estafar al Fonasa es un delito. Pero ¿por qué es un delito dar dinero por cambiarse? ¿Acaso los shoppings no nos pagan en las fiestas en las compras? Y digo que pagan porque nos perdonan el IVA. ¿O las empresas de servicio de acompañantes no ofrecen una cifra a través de un seguro por cada día de internación? ¿Muchas empresas no nos hacen rebajas, precios especiales y hasta dan premios en especies, por ejemplo televisor, auto, etcétera, por comprarles? ¿Entonces?”. ¿Cuál es la diferencia en este caso?

JB —La pregunta podría tener una respuesta sencilla, que sería remitirse a la ley.

EC —¿De cuándo es esa ley?

JB —De 2007.

EC —Es una ley reciente.

JB —La Ley 18.131, que en el artículo 11 expresa el concepto de intermediación lucrativa y la cataloga como delito. Entonces una respuesta sencilla es decir que hay una ley. La respuesta que además del marco legal potencia la diferencia con estos elementos a que se hacía referencia es que el Fonasa está conformado por dineros públicos que pagamos todos los ciudadanos. No es un pago de bolsillo o una disminución de la ganancia que hace una empresa para tomar una decisión de ese tipo y asume los riesgos correspondientes. Tenemos la responsabilidad de lograr que el dinero que todos estamos aportando se destine a mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud, a tener mejores prestaciones, mejor calidad, en fin, los principios básicos de la reforma, que no haya dinero que vaya a ese otro destino que para nada estimula la libre competencia.

RA —Hay varios mensajes que plantean eso. Dice Roberto: “Lo importante es la libertad del consumidor afiliado de poder elegir cambiarse de prestador de salud. Lo que dice el ministro son casos aislados”. ¿Por qué se termina tomando la decisión de dejar en un segundo lugar la libertad del afiliado en detrimento de este problema, que es importante, pero…?

EC —Una aclaración: va a existir la posibilidad de cambiarse, pero con un mecanismo complicado. El cambio de prestador de salud requiere que la persona presente una carta ante la Junasa con fundamentos. Y solo se habilitará el cambio por tres razones: motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad con la institución.

JB —Lo primero que vale la pena aclarar es que estos procedimientos ya existen, los motivos de cambio por estas circunstancias ya están presentes. Seguramente no son demasiado conocidos por la población, pero si una persona cambia de domicilio y no tiene un prestador cercano, obviamente tiene que tener una alternativa para no tener que esperar al mes de febrero, después de los tres años, para cambiarse. O si tiene una situación económica tal que ya no puede asumir determinados costos, etcétera. O una situación de pérdida de confianza.

EC —Los dos primeros motivos son relativamente sencillos de probar y se supone que si se dan van a tener como respuesta de la Junasa: “Muy bien, señor, puede cambiarse de mutualista”. El tercero, disconformidad con los servicios de la institución, ya es más complejo. Ahí la institución puede contestar, con lo cual capaz que la persona igual tiene que quedarse, mientras que en el corralito podía irse lisa y llanamente.

JB —Ciertamente. Son dos circunstancias totalmente distintas, en una hay que expresar una causal, que creemos que está bueno que se exprese, porque ese mecanismo también estimula a las instituciones, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con la disconformidad de los usuarios o problemas de pérdida de confianza. La institución se tiene que hacer cargo de tener una política de trabajo con todo su personal para evitar este tipo de situaciones, que se pueden dar con cierta frecuencia porque la actividad sanitaria, la actividad vinculada a los servicios de salud es humanodependiente 100 %. Uno puede tener la mejor estructura, la mejor infraestructura, pero un mal relacionamiento marca claramente un problema de disconformidad.

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