Entrevista central, jueves 5 de enero: Arturo Echevarría

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NB —Repasemos cómo se financia el sistema de salud. Una parte importante es el pago de cápitas a los prestadores, a las instituciones médicas; esto se paga con un porcentaje de sueldo que cada trabajador afiliado a la seguridad social paga, que luego es volcado por el BPS a través del Fonasa al prestador que haya elegido, y el resto lo aporta el Estado a través de Rentas Generales. ¿Cómo es esa proporción, lo que aportan los usuarios y lo que termina aportando el Estado?

AE —También está el aporte de los empresarios.

NB —Es verdad, los aportes patronales.

AE —Tanto trabajadores como empresarios aportan al seguro de salud y después el Gobierno central complementa lo que no se llegue a cubrir con esas partidas.

NB —¿Y esto cuánto es en proporción?

AE —Y… no recuerdo, usted sabe, cuál es la suma de dinero total, pero estamos hablando de 400.000 millones… contra 10.000, o sea que lo que está cubriendo el Gobierno está en 2 y algo por ciento, si no estoy sacando mal las cuentas.

RA —¿Ese aporte es el que estaba previsto inicialmente cuando se diseñó la reforma de la salud? Se lo pregunto porque en algunas cifras que se dieron en 2015 se señalaba que se debieron cubrir US$ 377 millones con dinero de Rentas Generales. ¿Eso es lo que estaba previsto cuando se diseñó el sistema?

AE —Se imagina que con tantos años de diferencia del 2007 al 2016 una proyección puede tener diferencias. Básicamente estamos en lo que estaba previsto. En el 2016 se dio el último ingreso importante de jubilados que estaba previsto y que va a incrementar la cantidad que el gobierno central debe aportar al sistema. Son unos US$ 100 millones adicionales a los US$ 300 millones y algo que tenía que aportar hasta el año anterior. La contestación es sí, básicamente sí.

NB —Una de las preocupaciones a propósito de esto es cómo aumenta año a año la cantidad de dinero que tiene que volcar Rentas Generales para cubrir esa diferencia. Usted señalaba recién la variable principal que afecta esto, las distintas poblaciones que se han ido integrando al sistema. ¿Cuáles son las perspectivas a partir de que se integra uno de los últimos colectivos?

AE —Hacia delante este factor no juega más, ya que ya se integró el último colectivo. Ahora lo que va a estar influenciando la necesidad de aporte del gobierno central es la evolución de los salarios –dado que un porcentaje importante de los aportes proviene de un porcentaje de los salarios– y la evolución de la población. En términos de perspectiva, la población uruguaya va envejeciendo y eso origina mayores costos al sistema de salud.

RA —Ese tipo de aspectos, sobre todo el envejecimiento poblacional y la necesidad de más recursos, supongo que se tuvieron en cuenta cuando se diseñó la reforma.

AE —Sí, no estamos pensando que esto no estuviera previsto. Uno es consciente de que la salud de la población se lleva mayores recursos de la sociedad a medida que envejece.

RA —¿En qué año están manejando que se saldaría el déficit en su parte más significativa? Había visto alguna estimación de que en 2020 podría llegarse a un mayor equilibrio de las cuentas en ese sentido.

AE —No, nunca estuvo pensado que vaya a haber un equilibrio entre los aportes que realizan trabajadores y empresarios y el dinero que necesita el seguro. Siempre se pensó que va a haber tres grandes fuentes de aportes, que son los trabajadores, los empresarios y el Estado. Si uno piensa en una perspectiva larga, en la cual una de las variables importantes sea el envejecimiento de la población, hay que pensar que el aporte del Estado va a ser mayor.

RA —A eso iba, siempre va a seguir aumentando el aporte del Estado.

AE —Depende también de la evolución de los salarios y del crecimiento económico que tenga el país. A mayor cantidad de población trabajando con mejores sueldos, también va a haber mayores aportes al sistema. No creo que se llegue a cubrir de modo que no sea necesaria la tercera fuente de financiamiento, que es el Estado.

NB —Más allá del costo que significa para el Estado, las propias instituciones médicas vienen advirtiendo sobre el impacto que la reforma de la salud tuvo o está teniendo en sus números. De hecho, Daniel Porcaro, que es el representantes de las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC), dijo hace poco en una entrevista en el semanario Crónicas que en Montevideo hay 11 instituciones funcionando de las cuales ocho arrastran un déficit operativo desde 2012. Esto quiere decir que los ingresos operativos recurrentes de las instituciones son menores que los costos asistenciales. ¿Cómo ven ese tema en la Junasa? ¿Comparten el diagnóstico que hacen las IAMC?

AE —Fue parte de la discusión del año 2016 en la cual se terminó un trabajo de casi dos años de análisis del valor de las cápitas para las instituciones.

NB —Llegaron a resultados distintos. En un momento la Junasa hablaba de bajar el porcentaje de las cápitas que se les pagaba a las instituciones, y por el otro lado las instituciones planteaban lo contrario, subir 2 %, 3 %, 4 % las cápitas que se les pagan.

AE —Es verdad, llegamos a valores distintos. Para nosotros el valor que están recibiendo está ajustado y hay posibilidades, no digamos que exactamente al día de hoy, pero hay posibilidades, con un mayor nivel de eficiencia, de lograr un valor de la cápita entre 1 % y 2 % menor de lo que es hoy. Esta discusión llevó mucho tiempo y estamos embarcados en ella todavía. Tenemos una proyección de trabajo hasta junio de este año para volver a establecer los valores de las cápitas en una comisión en la cual se están estudiando los parámetros utilizados para cada uno de los cálculos, los de ellos y los nuestros, utilizando la metodología elaborada por el MSP con el MEF, que se entendió que es una metodología aceptable.

NB —Entonces no tienen preocupación por la sostenibilidad de las instituciones de asistencia médica. Antes de la reforma ese era un problema bastante importante, cuando cerraban las mutualistas.

RA —Uno podría preguntar cuál es la salud del sistema de salud. La Junasa accede a los balances de las empresas, entonces en los balances, más allá de las cápitas, ¿cuántas instituciones tienen pérdidas hoy en día?

AE —Varias, pero no en un nivel que nos preocupe porque haya posibilidades inmediatas de cierre de alguna de ellas. No estamos en un escenario como el que ustedes planteaban, creo que en el año 2004 cerraron ocho mutualistas. Ni cerca, no estamos pensando que ninguna esté en un escenario próximo al cierre. Hay instituciones que tienen ingresos por encima de los gastos operativos, en promedio el sistema nos da que tiene ingresos por encima de los gastos operativos. Tenemos algunas instituciones con más problemas que otras, pero también tenemos algún mecanismo de asistencia financiera a través de un fideicomiso para tres instituciones que arrastraban este tipo de problemas. Entonces creemos que todavía hay bastante para hacer para lograr, al mismo tiempo que seguimos estudiando el valor de las cápitas, reformular los gastos en las instituciones, de modo de ser más eficientes y no necesitar un mayor valor de cápita.

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