EC —Recuerdo la entrevista que hicimos con la presidenta de ASSE después de la interpelación del diputado Martín Lema. Ella sostenía que en esa época la normativa daba lugar a distintas interpretaciones posibles, que después se fue a corregirla.
ER —Primero, la normativa no da lugar a muchas interpretaciones, desde mi punto de vista. Pero además, hay un tema de ética, de transparencia, creo que es inadmisible que un jerarca en cualquier unidad ejecutora se contrate a sí mismo. Me parece que es inadmisible, que razones de buena administración y de transparencia lo descartan.
Y no es solo el Hospital de Bella Unión. En la denuncia presentamos varios casos que repiten la misma situación, en Soriano, en Dolores. Recientemente estalló un problema en el Hospital de Rivera, que está incluido en la denuncia. Me parece insólito, el hospital contrata médicos a través de una “cooperativa” que vende servicios, y esta cooperativa es de funcionarios de Salud Pública. Y no contrata uno, en la plantilla de esta empresa hay 60 médicos más 20 funcionarios de la salud. Y la contratación se hacía además usando rubros que no corresponden y sobregirándose en los rubros, lo que había ameritado observaciones de ASSE, porque un rubro como compra de servicios médicos se sobrepasaba más de 100 %. Pero esto pasa desde hace cuatro años. Es totalmente irregular, ¿y cuánto se paga por el servicio? Más de lo que cobran los médicos de ASSE, por supuesto.
EC —Usted en la denuncia hace mucho énfasis en este capítulo, las tercerizaciones. Dice que son una forma de privatizar la salud. De hecho en la comisión preinvestigadora señaló que “con las políticas de privatización se abre el camino a irregularidades, ilicitudes e, incluso, a situaciones con fuerte apariencia de corrupción”. ¿Hay una razón ideológica entonces detrás de esta parte de su planteo de investigación?
ER —La denuncia consta de 73 páginas, de las cuales dos son de introducción y el resto son de denuncias, hechos concretos, no hay nada de literatura. En la introducción de pique planteo la diferencia ideológica, allí decimos que nuestra concepción es que la salud como derecho humano esencial no puede ser una mercancía, planteamos eso. A renglón seguido reconocemos que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) consolidó un sistema en el que se intenta complementar o coordinar lo público con lo privado, y partimos de la base de que esto no es posible, que donde hay una empresa que tiene fines de lucro y una institución que no tiene fines de lucro y se complementan, siempre pierde una. Eso es un planteo ideológico, y decimos: la realidad que vivimos es esta, entonces lo que pretendemos es que en esta realidad se cumpla la ley, se cumplan las normas y se evite la corrupción o la conjunción del interés público y el privado.
Discrepamos con este sistema, pero la investigadora no va a cambiar el sistema, lo que tratamos es que en este sistema por lo menos se cumplan las normas y se evite la corrupción. Porque ¿de qué manera podemos llamar a estas situaciones que se nos dan en las cuales jerarcas contratan a sus empresas y en los hechos –no es que nos parezca– se generan sobrecostos tremendos en los servicios que venden? Entonces ya que está este modelo, este sistema, que funcione, pero velemos por el cumplimiento de la ley, y evitemos, descartemos, desalojemos del medio la conjunción del interés público con el privado. Yo sé que ASSE sacó una circular –creo que es de este año– en la que impulsa o va a plantear algo así como una declaración jurada de cada profesional para evitar que estén de los dos lados del mostrador.
EC —Sí, lo anunció la doctora Muñiz cuando se produjo la interpelación al ministro de Salud Pública por estos asuntos.
ER —Eso fue a principios de año. Yo vi la circular, está fechada más recientemente. Ese es un paso concreto, espectacular, avancemos en ese camino. Pero no es lo que está pasando en general. ASSE es el principal comprador de servicios médicos a los prestadores privados de salud. ¿Cómo me pueden explicar que una cama de CTI valga distinto en los distintos lugares del país? ¿Cómo ASSE puede pagar en un lugar $ 33.000 por día, en otro $ 28.000 por día, en el otro $ 20.000 por día por el mismo servicio? Cuando es ASSE la que “vende” el servicio, ahí hay un arancel fijado siempre por debajo del arancel del privado. Estas son cosas que hay que corregir. ASSE contrata en mutualistas de distintos lugares del país camas de CTI por mes y las paga aunque no las use, dice que la que no use queda en la cuenta corriente. ¿Alguien paga por algo que no usa? ¿Y paga el precio que le pidan y que le digan?
Las tomografías que contrata ASSE sobre camas de CTI están demostrado –lo demostró el Hospital de Rivera– que cuando un hospital construye su propio CTI se generan ahorros importantísimos para ASSE, porque es muy caro contratar una cama de CTI. Partiendo de la base además de que en la salud privada los salarios de los médicos son el doble que en la Salud Pública, los costos son más altos, más la ganancia, a ASSE le conviene tener su propio CTI. ¿Por qué en el Hospital de Canelones –esto está en la denuncia y pedimos investigar– se instaló un CTI a nuevo, completo, y una vez que estaba instalado decidieron desmantelarlo? El argumento que dio una gerenta de ASSE era que no tenían personal para colocar en el CTI. Desmantelaron el CTI, mandaron las cosas a distintos lugares. La consecuencia es que desde la ciudad de Canelones y todo el entorno se siguen contratando camas de CTI a los privados y se siguen contratando traslados privados para llevar a los pacientes.
Esas cosas tienen que tener una explicación, por lo menos frente al Parlamento. Capaz que nos demuestran que era imposible poner a andar un CTI. Yo creo que no es así, tenemos denuncias de trabajadores de Salud Pública de que a veces tienen camas de CTI pediátricos vacías porque no colocan un turno más de personal y eso implica que inmediatamente hay que salir a contratar camas a los privados y son muy caras. Y tenés la cama instalada y no la usás. Hay ahí una zona oscura en que ASSE pasa a ser el principal financiador de los prestadores privados de salud. Incluso como rescatador de empresas de salud que están en la quiebra.
Hubo un caso en Treinta y Tres –fue público el año pasado– que implicó la renuncia del director del Hospital de Treinta y Tres por un convenio que realizó ASSE con una mutualista que –dicho por el director, yo transcribo textualmente las palabras del director– no está en condiciones de dar nada de lo que dice que va a dar. Incluso los servicios que ASSE le compra se los vende tres o cuatro veces más caros de lo que se venden en cualquier lugar. ¿Cuál es el rol entonces de ese convenio? Es salvar a esa empresa. ¿Ese es el papel de ASSE?, nos preguntamos nosotros.
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