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EC —La semana pasada el presidente Santos recibió a Álvaro Uribe para una reunión, la primera que mantienen en seis años. Un hecho histórico, teniendo en cuenta el enfrentamiento largo y amargo que los separa, un enfrentamiento que separa a dos líderes que fueron colaboradores, que fueron miembros de un mismo gobierno; Santos de hecho es una especie de hijo político de Uribe. ¿Qué conclusiones dejó ese encuentro? ¿Cómo se lo vio?
LG —El mensaje que nos mandó es que hay aquí unas apuestas que no son por el acuerdo de paz. En dos años se vienen elecciones presidenciales y la apuesta del uribismo parece ser empantanar esto dos años más para hacer ellos las negociaciones cuando lleguen al poder, si llegan. Entonces hay un tira y afloje muy duro entre el oficialismo y la oposición. Hasta hace una semana, hasta el día antes del plebiscito, el uribismo decía que el cese bilateral –ese que ha sido tan exitoso porque ha detenido la guerra– era la entrega del país a las FARC, que las FARC no estaban respetando este cese al fuego, que las cifras que estaba sacando el gobierno eran fabricadas, que las FARC seguían manteniendo secuestrados, en fin, decían todo tipo de cosas para descalificar el cese bilateral.
Cuando salen de esta reunión, lo primero que pide (la oposición) es el cese bilateral, porque Santos dijo: “si ustedes no aprobaron el plebiscito y no quieren participar en la renegociación y están demorados, nosotros tenemos que acabar el cese”. Ahora la oposición quiere la comodidad del cese, porque sabe que si se reanuda la guerra el primer muerto está en su cabeza, entonces quiere demorar esto hasta las próximas presidenciales con la comodidad del cese bilateral. Te imaginarás el problema ético que esto significa para todos nosotros, porque el cese bilateral es lo que tenemos que defender, porque es la gran ganancia de este proceso de paz.
EC —¿De qué depende? ¿Cuánto tiempo en principio está previsto que se mantenga el cese bilateral?
LG —Hay un cese bilateral verificado por Naciones Unidas que el presidente en su discurso, cuando reconoce la derrota, dice que lo extiende hasta el 31 de octubre. Pero el cese bilateral es un capítulo del acuerdo de paz, y como el acuerdo de paz técnicamente no existe, no hay base jurídica para ese cese bilateral, y tampoco hay base jurídica para que Naciones Unidas pueda verificarlo, y el gobierno dice que un cese bilateral sin verificación es muy peligroso. Entonces hay 15 días más en que se tendría que definir la frontera de negociación, es decir, cuánto tiempo más le damos para ver si se puede reformar este acuerdo y la oposición lo acepta o si finalmente se termina rompiendo el cese bilateral. Si se rompe el cese bilateral, Colombia habrá perdido la oportunidad más importante de este siglo de vida, de estos últimos 100 años, es la ganancia más importante que ha tenido este proceso.
EC —En cuanto a los puntos neurálgicos del enfrentamiento, de la discrepancia, me gustaría ver qué posibilidades tienen, por lo menos algunos de ellos, de consensuarse, de terminar en algún tipo de entendimiento. Me voy a basar en una carta que publicó el Centro Democrático en el diario El Tiempo el 27 de agosto. En primer lugar dice: “El Centro Democrático ha aceptado que los guerrilleros rasos, que son la gran mayoría, no sean llevados a la cárcel. Sin embargo cree que concederles total impunidad a los responsables de atrocidades es mal ejemplo que promueve nuevas violencias”. ¿Qué ves en esta materia?
LG —El acuerdo contempla una amnistía para delitos no internacionales –todo lo que no es crimen de lesa humanidad, crímenes atroces, crímenes de guerra–, esas amnistías ya están dadas, esa propuesta de dar amnistía a los rasos ya está en el acuerdo. Para los otros hay un mecanismo, una jurisdicción especial de paz que contempla que se descuentan penas con restricción efectiva de la libertad a cambio de la verdad. Significa que algún tipo de restricción habrá, pero claramente no es en una cárcel. Eso es tal como está contemplado ahora.
Pero ellos no dan más precisión de lo que tú has leído. Parte del problema es que la oposición no da precisiones de lo que quiere. El domingo en pocas horas se les hizo una oferta: “siéntense con nosotros en La Habana, tratemos de crear una comisión negociadora ante las FARC y vamos juntos a ver qué podemos lograr”. Yo tengo la convicción de que el equipo negociador colombiano trató de lograr más cosas y no se pudo en términos de cárcel, por ejemplo. Pero esta no es una negociación de uno, es una negociación de dos, y si lo que ellos plantean es negociar con el gobierno, no es negociar con las FARC, es que el gobierno les acepte las propuestas. Todos los colombianos podríamos aceptar muchas de esas propuestas. De hecho, si quieren meter a todos los comandantes en la cárcel, ¿quién se va a oponer? Pero si lo que buscamos es meter todos los comandantes en la cárcel, se nos cae el proceso de paz.
EC —Otro punto es la jurisdicción especial para la paz, el mecanismo de justicia transicional previsto en el acuerdo de La Habana para juzgar los acuerdos cometidos en el marco del conflicto. El uribismo sostiene que sería mejor reformar la justicia colombiana para lidiar con estos casos. ¿Qué dices sobre este capítulo?
LG —Es lo que te decía antes, que ellos no quieren justicia transicional, quieren la justicia ordinaria.
EC —¿Entonces?
LG —No puede haber proceso de paz sin justicia transicional. Lo que hay que valorar en la justicia transicional es la reparación de las víctimas y que sí haya medidas de justicia. Si vas a usar la medida ordinaria tienes que poner a todos los comandantes durante 60 años en las cárceles. Hay que pensar en términos de justicia transicional, pensar que hay medidas que también son justicia, como la verdad, la reparación, y no pensar solamente en términos de justicia ordinaria. Aparte los niveles de impunidad en Colombia en materia de justicia ordinaria son de 90 %, así que esa sobrevaloración de la justicia ordinaria es francamente una garantía de que sí habrá impunidad, porque en la justicia ordinaria lo que hay es impunidad, los procesos nunca avanzan. En el proceso de paz de Uribe se desmovilizaron 32.000 paramilitares –grupos que estaban en la extrema derecha que estaba siendo apoyada por el Estado– y se creó un mecanismo de justicia transicional que fue la Ley de Justicia y Paz. Vamos a más de 10 años de este proceso, ¿y sabés cuántas sentencias hubo de eso? Hubo 33 sentencias. Entonces no pueden venir a decir que sus propuestas de justicia son mejores que las que están en el acuerdo, porque claramente ni la justicia ordinaria ni lo que ellos propusieron funcionó.
