EC —Hay más de 300 causas presentadas ante la justicia relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
RO —Son 307 en este momento.
EC —En un resumen grueso, para después afinar, ¿en qué situación se encuentran?
RO —La gran mayoría se encuentra en situación de presumario. No se ha avanzado a realizar el procesamiento de nadie. La gran mayoría de ellas se encuentran en una situación de no avance, se han citado algunos imputados, se ha intentado avanzar, pero ellos han jugado con recursos de inconstitucionalidad, de casación, de apelación, y eso ha llevado a que no haya procesamientos
EC —No haya, no; ha habido.
RO —Sí, pocos.
EC —Existe la cárcel Domingo Arena. Hay una veintena de militares y policías involucrados en casos de ese estilo alojados allí.
RO —Procesados hubo 29, condenados menos, y muchos de ellos están viviendo prisión domiciliaria y muchos han muerto. En este momento no me acuerdo de memoria, pero en Uruguay hubo casi 6.000 presos políticos, 6.000 que pasaron por los cuarteles y terminaron procesados por la justicia militar, que sin ninguna duda sufrieron tortura. Ni contemos los que sufrieron tortura y no llegaron a ser procesados o que terminaron muertos en la tortura. Y sin embargo en el Uruguay hasta hace poquito tiempo no había ningún procesado por tortura. Hay alrededor de 210 desaparecidos, y sin embargo solamente hubo un procesamiento, que fue el que llevó adelante la jueza Mariana Mota en el caso de la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, que fue por desaparición forzada. Al resto los procesan por homicidio, más allá de que efectivamente no ha aparecido el cuerpo de la gran mayoría de las víctimas. No hay ningún procesamiento por apropiación de menores, cuando acá en Uruguay hubo casi una decena de menores apropiados. Ni aun en el caso Gelman, central de esta causa, se ha procesado a alguien por la apropiación de Macarena Gelman. Eso marca las dificultades que tiene el proceso judicial, algunas de carácter jurídico.
EC —¿Cuáles son, para ustedes, los obstáculos en cuanto a la actuación de la justicia?
RO —Hubo muy contados jueces que han mirado esto de otra manera y han sufrido traslados, han terminado en un juzgado civil. No es antojadizo, recordemos el caso del juez Reyes, que intentó investigar la famosa Operación Zanahoria y fue represaliado. El juez Recarey, que intentó hacer cosas en el caso de Elena Quinteros y terminó represaliado. La gran mayoría de ellos hoy están en los juzgados civiles. La jueza Mariana Mota, Estela Jubette, el fiscal Perciavale, todos los que intentaron salirse de una lógica de mirar este proceso con mucha parsimonia y sin entender que nos encontramos ante algo de carácter distinto. Porque acá no nos encontramos ante un robo de gallinas, ante delincuentes particulares, sino que la institucionalidad del Estado terrorista se transformó en delincuente, en una organización para delinquir. Cuando no se ve eso y se lo mira como un proceso penal ordinario, sin ninguna duda, las herramientas no son las más adecuadas.
EC —Usted señala que los jueces que han procurado avanzar en estos casos terminaron siendo trasladados, sufrieron represalias por eso. Eso implica que el Poder Judicial tiene algún interés en que las investigaciones se hagan de una manera más laxa, porque esos traslados no los resuelve el gobierno nacional, no los resuelve el Poder Ejecutivo, no los resuelve el Parlamento, son de resorte interno del Poder Judicial.
RO —Sí, desde el punto de vista administrativo son de resorte interno del Poder Judicial. Pero –por recordar un caso concreto– recordemos las presiones que hubo del presidente Jorge Batlle cuando el juez Recarey quiso hacer cosas en el caso Elena Quinteros que ahora se están haciendo y que se demostró que eran ciertas, que se debían hacer. El juez intentó hacer eso y hubo presiones para sacarlo, hasta trajeron a un juez que estaba gravemente enfermo para que Recarey dejara de hacer lo que estaba haciendo. En ese momento hubo acuartelamiento de los militares.
EC —Pero otros de los casos que ustedes han mencionado corresponden a gobiernos del Frente Amplio.
RO —Sí, sí.
EC —Por ejemplo, en el caso de la jueza Mariana Mota también dicen ustedes que el Poder Judicial reaccionó ante presiones de un Poder Ejecutivo de izquierda, trasladándola.
RO —Primera cosa que hay que tener clara, una organización de derechos humanos, como son el Observatorio Luz Ibarburu y las organizaciones que lo integran y el propio movimiento sindical, tiene la obligación, para ser efectivamente tal, de tener un grado de independencia para mirar, independientemente de valorar los avances y las mejores cosas que puede hacer un gobierno con relación a la política de derechos humanos, de verlo con objetividad. Por lo tanto, efectivamente ha habido dificultades en el cumplimiento de los derechos humanos en los gobiernos de izquierda, sin ninguna duda. Lo vimos desde el punto de vista del mantenimiento durante muchos años de un ministro como Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa, que no solamente no colaboraba desde el punto de vista de las informaciones que se le pedían y demás, sino por su propia prédica, y trascendiéndolo, más allá de él, los gestos.
Para mí la política no son solamente los hechos, también los gestos. Cuando uno dice “en Argentina están apareciendo los nietos por la labor de las abuelas”, está bien, las abuelas y las madres han puesto mucho, pero ha habido gestos del gobierno, hubo gestos del kirchenerismo, de Kirchner y demás que ayudan a que aparezcan informaciones. Existe una experticia, una voluntad general de la sociedad, del Estado y de las instituciones de encarar eso porque existe una voluntad política, porque todo el mundo está trabajando para eso.
Cuando existen gestos por el lado contrario, cuando se visita a gente que está procesada, cuando no se quieren viejitos presos… Ha habido una gran cantidad de gestos inequívocos y que no ayudan a esa otra parte de la política que tiene que ver con los gestos. Cuando Kirchner dice en un discurso “y estos que hicieron tal cosa son criminales” o cuando baja los retratos, son gestos que tienen efectos pertinentes a nivel de la sociedad. Acá tuvimos gestos totalmente distintos. Tuvimos gestos de querer hacer un Día de la Reconciliación juntando las dos cosas, se atraviesan varias cosas.
EC —Eso fue en el primer gobierno de Vázquez.
RO —En el primer gobierno de Vázquez. Son gestos que tienen efectos pertinentes a nivel de la sociedad y de las instituciones.
EC —¿Y en cuanto a lo que le corresponde directamente a la colaboración que el Poder Ejecutivo aporta? Por ejemplo en la investigación de la ubicación de los restos de detenidos desaparecidos, el gobierno ha seguido llevando a cabo excavaciones. ¿Cómo lo evalúan ustedes?
RO —El tema de las excavaciones también es un elemento con cierta opacidad porque a veces nos enteramos de lo que se está haciendo por la prensa. No hay un elemento que permita hacer un seguimiento de todo eso, dónde se está excavando, dónde no, en función de qué se está excavando. En aquellos casos que están judicializados podemos verlo en el expediente, pero ahí ha habido una dificultad.
Un ejemplo: cuando la CIDH condenó al Estado uruguayo, nosotros tuvimos una entrevista con varios poderes del Estado, tuvimos una entrevista con el fiscal de Corte para preguntarle cuáles eran las dificultades que podía tener la Fiscalía para encarar este proceso. Y el fiscal de Corte nos dice “yo oficialmente no conozco que haya habido una condena al Estado uruguayo, a mí no me lo han comunicado”. Entonces vamos a hablar con Javier Miranda, que era el secretario de Derechos Humanos, en la órbita del Ministerio de Cultura, le dijimos “ustedes que recibieron como Poder Ejecutivo una condena tienen que decirles al resto de los poderes del Estado: ‘Señores, tienen esta sentencia, cúmplanla’”. “Ah, no, nosotros lo pusimos en la página web”. Eso es un gesto. Eso te indica las dificultades que tenés. Este proyecto que tiene media sanción en el Parlamento de crear una fiscalía especializada en derechos humanos…
