EC —Catedráticos y abogados consultados por la prensa en estos días (por ejemplo el doctor Martín Risso, que habló con nosotros aquí) coincidieron en que el decreto no implica novedades importantes con respecto a la normativa vigente. El propio ministro el Interior, Eduardo Bonomi, indicó eso, que ya había otro decreto que básicamente estipulaba lo mismo. Ese decreto aparece incluso citado, es el 127/999, de mayo de 1999. Lo digo porque incluso en la prensa hemos tendido a decir que es un decreto que habilita al MI a disolver piquetes sin intervención policial, pero aquel decreto del año 99 dice en su artículo 1: “El Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”. Y eso es textual lo que dice el artículo 1 el decreto nuevo, no hay ni una palabra cambiada.
JP —Por eso le decía que este decreto recoge cosas que ya estaban, no sé si para recordarlas o qué, pero gran parte de lo que el nuevo decreto tiene en su redacción ya venía de antes.
EC —Incluso el hecho de que después de actuar tiene que dar cuenta a la justicia, eso también estaba previsto en el artículo 3 del decreto del año 99.
JP —Exactamente. Aparentemente el Poder Ejecutivo –pienso, sin haber escuchado a los compañeros– con la firma de este nuevo decreto recuerda refresca todo aquello. Supongo que esa es la razón que tuvo el Poder Ejecutivo. Eso es lo que queremos escuchar del MI, que fue el que llevó adelante esto.
EC —Sí, esa es una de las interpretaciones, que el Poder Ejecutivo y el MI quieren que quede claro nuevamente lo que ya estaba vigente, refrescar que esa potestad del MI ya existe. Pero –y ahí voy a lo otro que ha dicho el propio ministro Bonomi– con algunos agregados. Lo básico ya existía, pero ahora se introduce, en el segundo párrafo del artículo 1, que el MI “podrá requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos, así como coordinar en tal caso la actividad tendiente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior”. De eso han hablado las autoridades, de que eso es una novedad –y efectivamente no estaba en el decreto del 99–, porque “más de una vez ocurre que por ejemplo dejan un camión en la ruta y se van, entonces el que interviene no puede hacer cumplir el decreto retirando el camión o lo que sea, por eso se habilita a que se llame a otro organismo del Estado para que tenga la posibilidad de retirarlo”. Esa posibilidad, se argumenta, tiene que estar puesta a texto expreso.
JP —Exacto. Justamente, por todas estas razones que usted marca, queremos que estas situaciones se expliquen o se vuelvan a explicar a todos nuestros compañeros, porque esto ha generado –como es notorio, no hay nada oculto en eso– un grado de tensión, hay compañeros que se han expresado con respecto a esto diciendo prácticamente que es una cuestión para reprimir a los trabajadores. Me parece que esto merece que tengamos una reunión como la que vamos a tener, que lamentablemente no pudimos hacer antes; mi idea era hablar con el ministerio y reunirnos hoy si podíamos, hice contacto el viernes con el ministerio. No pudimos por todo lo que está pasando hoy y mañana en torno a la investigadora del Cambio Nelson. Nos habría gustado que fuera hoy, pero queremos tener esa reunión lo antes posible para que se dé cuenta exactamente de los alcances, pero además de las razones que llevaron a tomar una medida de este tipo. Porque pienso que tiene que haber razones –aunque no las tengo todavía, nadie me las ha explicado concretamente– y es bueno que los compañeros sepan cuáles son. Esto no nace de la nada, nace por alguna cosa, y es lo que queremos escuchar del ministerio.
EC —Quizás la explicación más cercana a ese punto que ustedes están poniendo arriba de la mesa sea la que dieron el propio Bonomi y la ministra Marina Arismendi.
JP —Algo de eso hay.
