Entrevista central, lunes 29 de agosto: Raúl Rosende

EC —Otra singularidad, otra diferencia, si la comparamos con otras misiones de Naciones Unidas en otros puntos del mundo, es que esta no tendrá miembros armados. ¿Por qué?

RR —Exactamente, en esta misión vamos a tener civiles y militares. Los militares son fundamentalmente de países de la Celac, países latinoamericanos, no únicamente, pero fundamentalmente de la Celac, que van a estar desarmados, sin uniforme y subordinados al mando de Naciones Unidos y no de sus respectivos países. Esta fue una solicitud de las partes y a nosotros nos pareció bien. En otras partes del mundo los contingentes militares de Naciones Unidas, los cascos azules, están a cargo de la seguridad del proceso; pasa en muchos países de África y en otros lugares. En Colombia se partió de la base de que la seguridad de todo el proceso va a estar a cargo de la fuerza pública. La fuerza pública –policía, ejército– va a tener el rol de asegurar la protección del mecanismo de verificación y también la protección de todo el proceso, incluyendo los campamentos o las zonas donde las FARC se van a ubicar para hacer el desarme o la dejación de armas. Esa protección va a estar a cargo del Estado colombiano, es el Estado colombiano el que garantiza las condiciones de seguridad. Por lo tanto los militares de Naciones Unidas están desarmados y sin uniforme.

EC —Usted está a cargo del componente civil en esta misión. ¿Cuáles son sus tareas, concretamente?

RR —Exactamente, la misión de los componentes civiles, fundamentalmente la relación con los diferentes actores de la sociedad colombiana –sociedad civil, gobierno, Iglesia–. La verificación de un cese al fuego requiere un nivel muy alto de información, vamos a estar recibiendo información muy regular, muy permanentemente de lo que está pasando en el campo. Colombia es un país enorme, con una geografía sumamente compleja, muy linda pero muy compleja para este tipo de procesos, con montañas, con selva. Ahí es donde ha estado el conflicto y ahí es donde se va a realizar la verificación, por lo tanto lograr información de lo que está pasando en el terreno […] es fundamental. Para lograr esa información necesitamos una relación muy fuerte y muy cotidiana con los diferentes actores sociales y políticos, tanto en Bogotá como en el campo colombiano. El componente civil de la misión va a tener ese rol, construir la relación con las redes sociales, con las autoridades, con las iglesias, para lograr esos niveles de información.

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EC —En esta entrevista quizás hemos dado como un hecho que Colombia está dando vuelta la página de esta guerra. Y es una tentación, no solo en este diálogo se da, seguramente aparece en varias crónicas periodísticas, en muchos análisis, en editoriales. Pero en realidad todavía falta que la población avale el acuerdo. El 2 de octubre habrá un plebiscito y por ahora las encuestas muestran que lidera el no. ¿Cómo analiza ese escenario?

RR —Faltan algunos pasos. El plebiscito es uno de los más importantes. Otro paso que también va a tener lugar va a ser la conferencia guerrillera, los días 13, 14 y 15 de setiembre. En algún lugar de la selva colombiana alrededor de 300 personas de las FARC, las de nivel más alto, van a concentrarse para discutir durante varios días el acuerdo y fijar una posición final. Descontamos que esa posición va a ser favorable.

Y el 3 de octubre, efectivamente, va a tener lugar el plebiscito. Las encuestas están arrojando resultados muy disimiles. Hasta el momento registramos cinco encuestas, de las cuales dos dan mayoría al no y tres dan mayoría al , y las diferencias son enormes. Desde alguna que le da al un porcentaje de 30 y pico por ciento hasta otras que le dan un porcentaje de 60 y pico por ciento. O sea que el margen de diferencia es enorme.

Sin duda hay una controversia fuerte, hay sectores políticos colombianos a favor del , hay sectores políticos colombianos al favor del no; hay expresidentes como Gaviria, Betancur que han expresado públicamente el apoyo al , y hay otros expresidentes, como Uribe y Pastrana, que han dado el apoyo al no. O sea que hay una gran controversia. Del lado del gobierno se ha dicho que si saliera el no, no habría lugar para la renegociación.

EC —Es un punto muy delicado. ¿Qué pasa si en el plebiscito los colombianos rechazan este acuerdo? ¿Cuál es el plan B?

RR —El negociador del gobierno, el señor De la Calle, ha dicho –lo dijo en La Habana la semana pasada– explícitamente que si saliera el no, no habría espacio para renegociar. Por otro lado, los sectores que apoyan el no, en particular el expresidente Uribe, que es la figura más visible de esta tendencia, ha dicho que el no abriría las puertas a una renegociación. Es evidente que no está claro, es una incertidumbre con la cual vamos a tener que lidiar.

EC —Da la impresión de que se está jugando a todo o nada. El gobierno en particular está jugado a que la respuesta sea , a que la población apruebe el acuerdo. Y si la respuesta es no, no se sabe qué pasa, se cae todo. ¿Qué puede pasar? ¿Al día siguiente pueden regresar las hostilidades, puede volver el enfrentamiento armado? ¿Qué pasa con las propias estructuras de la guerrilla, que van a estar flexibilizándose?

RR —En estos momentos el gobierno ha iniciado una muy fuerte campaña a favor del . Efectivamente los representantes del gobierno han dicho que si saliera el no, eso implicaría terminar con el proceso de negociaciones, terminar con el proceso de paz y estaría el riesgo inminente de que se volviera a las hostilidades. Esto es una posición que el gobierno ha manejado. Partidarios del no han dicho que si saliera esta posición finalmente en el plebiscito se darían las condiciones políticas como para renegociar el acuerdo. Esto es negado por el gobierno. Obviamente las posiciones están muy polarizadas. Nosotros como Naciones Unidas nos declaramos neutrales y vamos a estar a lo que resuelva la ciudadanía. La misión ya la estamos preparando, estamos desplegados en Bogotá, nos estamos desplegando en el terreno. Nos parece importante estar preparados, es lo que nos pidió el gobierno, es lo que nos pidieron las FARC, pero obviamente vamos a estar a lo que resuelva la ciudadanía el día 3 de octubre.

EC —Otra instancia fundamental que falta cumplirse es la aprobación por el Parlamento de una ley de amnistía para los guerrilleros, uno de los factores de controversia. ¿Cómo es este paso?

RR —El Parlamento todavía tiene que aprobar varias cosas. Hoy aparentemente aprobaría la convocatoria al plebiscito; si bien el presidente ya anunció el plebiscito, hoy o en los próximos días el Parlamento debería aprobar la convocatoria para que toda la organización del proceso marche de una manera eficaz.

Otra de las leyes importantes es la ley de amnistía. Lo que se acordó en La Habana es que va a haber amnistía para los delitos de rebelión y conexos, la amnistía va a cubrir particularmente a aquellos combatientes que tengan como causa penal solamente haberse incorporado a las FARC y delitos eventualmente conexos con esto. Quedarían fuera de la amnistía los crímenes de guerra o los delitos de lesa humanidad.

EC —¿Cómo se los juzgaría? ¿Qué es esto de la justicia transicional?

RR —En los acuerdos también se estableció que, además de la amnistía, en paralelo a la amnistía, se va a crear una jurisdicción especial, todo un sector del Poder Judicial que va a ser el encargado de juzgar tanto a exguerrilleros como a miembros de la fuerza pública por eventuales delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En el acuerdo se establece que en esos juicios, que se van a llevar a cabo en la Jurisdicción Especial de Paz, en caso de que una persona se declare culpable las penas no serían punitivas, de cárcel, sino que serían penas de reparación, penas de revelar la verdad de lo que ha pasado, penas de servicio a la comunidad y penas de garantías de no repetición. Esto es la aplicación del concepto de justicia transicional, que ha ocurrido en varias partes del mundo, ha pasado en Sudáfrica y en otros lugares. Seguramente con este acuerdo Colombia es donde el concepto de justicia transicional se lleva a un nivel más sofisticado. No son penas punitivas, no son penas de cárcel, sino que fundamentalmente son penas restaurativas.

EC —Y allí radica buena parte del rechazo de una parte de la población, el hecho de que los guerrilleros culpables de crímenes como homicidios, por ejemplo, no paguen con cárcel, pero además tengan asistencia del Estado, puedan dedicarse a la actividad política.

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