Entrevista central, lunes 29 de agosto: Raúl Rosende

EC —Hoy es un día histórico para Colombia, a la hora 0 de este lunes entró en vigor el cese al fuego definitivo entre el ejército y la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos había dado su orden la semana pasada, aclarando que regía desde hoy. El anuncio de las FARC demoró algo más, se produjo ayer y estuvo a cargo del líder máximo de esa organización, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

(Audio Rodrigo Londoño.)

En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy.

(Fin audio.)

***

EC —¿Cuál es el plan para integrar a la vida civil a los miembros de la guerrilla?

RR —Esto es muy importante. Como Naciones Unidas hemos visto que a veces los procesos de paz fracasan por no tener un plan claro de […] la reintegración de los excombatientes. Esto significa algún plan con acciones concretas para que los exguerrilleros puedan reincorporarse a la vida civil. Muchos procesos han fracasado por esta situación. Recuerdo hace muchos años, a comienzos de los 90, en Nicaragua, los planes que se adoptaron inicialmente para la reintegración fueron muy débiles, fueron malos, y a los pocos meses de la desmovilización ocurrió lo que era evidente que iba a ocurrir, un proceso de rearme de aquellos que se habían desarmado y desmovilizado. Esto ha pasado en varias partes del mundo y se ha acumulado mucha experiencia.

Para nosotros es claro que debe apoyarse el proceso de reintegración. Estamos hablando de combatientes o guerrilleros que han estado en la guerra por decenios a veces; como sabemos, en Colombia las FARC ha peleado por más de 50 años. Entonces para gente que ha estado en la guerra muchos años la posibilidad de capacitarse, de educarse, de aprender un oficio ha sido prácticamente nula. Por lo tanto la salida de los desmovilizados de los campamentos es un desafío.

Las partes en La Habana han logrado un acuerdo muy importante en cuanto a cómo reincorporar a los exguerrilleros, a los desmovilizados, que implica dos o tres cosas fundamentales. Por un lado, los desmovilizados van a recibir individualmente una ayuda económica por una determinada cantidad de meses, que no es gran cosa, incluso es menos que el salario mínimo en Colombia, pero es algo que les permite sobrevivir mientras logran un trabajo, logran aprender un oficio, logran una capacitación. Es una ayuda de emergencia en un primer momento.

Posteriormente se plantea la posibilidad de darles crédito a aquellos desmovilizados que quieran establecer una microempresa o un emprendimiento económico a los efectos de que puedan salir adelante. Y en tercer lugar la capacitación y la educación para aquellos que lo deseen. Estos son elementos económicos fundamentales para que los desmovilizados logren cumplir de manera efectiva el tránsito de la guerra a la paz, de la violencia al posconflicto.

Además hay otro elemento fundamental tiene que ver con la seguridad de los desmovilizados. Eso también lo hemos visto en otras partes del mundo, procesos que fracasan porque la gente se desarma, sale de los campamentos y después no tiene garantías de seguridad. Aquí se ha establecido un acuerdo entre las partes, como parte del acuerdo global, para que los desmovilizados tengan garantías de seguridad una vez que se van reincorporando a la vida civil.

EC —¿Cómo se logra eso? Cuesta pensar en un mecanismo.

RR —La fuerza pública ya no va a tener como tarea combatir a las FARC. Si bien en Colombia hay diferentes grupos armados, hay otra guerrilla que todavía está en el campo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal fuente de confrontación eran las FARC, la violencia entre el gobierno y las FARC. La fuerza pública, ejército y policía, ya no va a estar dispuesta en el territorio para pelear con las FARC, por tanto va a haber recursos disponibles para poder proteger las zonas y las áreas geográficas donde las FARC van a tener más presencia, y de esa manera tratar de brindar garantías de seguridad. Es un desafío, pero hemos visto los planes que tiene para proteger las zonas donde las FARC se van a reinsertar y nos parece que lo está haciendo de una manera seria.

EC —Leo un fragmento de una nota del New York Times publicada al día siguiente de la firma del acuerdo (textual): “Todavía existen dudas sobre cómo se adaptarán los guerrilleros a la sociedad y si la sociedad colombiana está lista para aceptarlos. Y un punto muy importante: ¿los guerrilleros están dispuestos a entregar no solo sus armas, sino también el control que ejercen sobre el negocio del narcotráfico?”. ¿Cómo ve este capítulo en especial?

RR —La posición de la población en cuanto a recibir a los excombatientes. Esto pasa en todos lados, como le decía, hay gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra. De cualquier, el centro-sur del país es donde las FARC han estado presentes por décadas y uno podría pensar que allí tal vez haya un mayor nivel de receptividad.

Sobre el tema del narcotráfico, uno de los capítulos del acuerdo final tiene que ver con cultivos ilícitos y con soluciones para el problema de las drogas. En estas soluciones ha habido un compromiso muy fuerte tanto del gobierno como de las FARC. Básicamente la solución que se plantea es la sustitución de cultivos, generar una estrategia para que aquellos campesinos que estén dedicados a los cultivos ilícitos puedan hacer una sustitución voluntaria de esos cultivos y dedicarse a plantar otro tipo de cultivos. Va a haber un plan, cuyas bases están establecidas en el acuerdo.

El plan de sustitución de cultivos implica fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, darles ayuda económica a los campesinos para que logren este tránsito de los cultivos ilícitos a cultivos lícitos mediante créditos, subsidios, asistencia técnica, formalización de la propiedad rural. Esto último es muy importante porque en Colombia hay grandes baldíos, grandes tierras fiscales que están ocupadas por campesinos, muchísimos de los cuales se han dedicado a los cultivos ilícitos, entonces formalizar el tema de la propiedad es fundamental para que ellos puedan hacer el tránsito hacia los cultivos lícitos. También hay medidas de fomento a la comercialización de esos nuevos cultivos que los campesinos harían.

Entonces por un lado ayuda económica a los campesinos para que puedan sustituir los cultivos ilícitos, y por otro lado protección de las áreas mediante un mayor despliegue de la fuerza pública. O sea, protección de los campesinos que viven en estas áreas y que voluntariamente aceptan la sustitución de cultivos, protección mediante una mayor presencia de la policía en esas zonas.

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