EC —Entonces, ¿a qué aludía recién?
JS —Por ejemplo, si hay una denuncia o llaman a Atención al Cliente diciendo que el conductor está hablando por teléfono por celular o que va una persona parada al lado del conductor conversando, cuando el conductor debe estar atendiendo lo que tiene que atender, o que va fumando adentro de la unidad, ahí tomamos las medidas que hay que tomar, en eso no dejamos pasar nada.
EC —Le preguntaba si Cutcsa tenía conocimiento de este tipo de situaciones porque en octubre de 2014, dos años antes de que se iniciara esta investigación de la justicia de crimen organizado, el INAU dio a conocer un informe titulado Un secreto a voces. Percepciones sobre la explotación sexual comercial en Montevideo. ¿Ustedes tuvieron acceso a ese informe?
JS —No, para nada. No tuvimos acceso a eso ni estamos teniendo acceso al informe de cada uno de los siete restantes, el directorio todavía no ha podido evaluar su situación, están sin trabajar al día de hoy.
EC —Las otras personas que fueron detenidas y luego no procesadas. Pero yo le preguntaba a propósito de este documento, que es un documento público del año 2014, que dice, entre otras cosas: “Se han indicado situaciones de adolescentes mujeres que son explotadas sexualmente a cambio de traslados en taxi o en ómnibus, tanto en la terminal de Santa Catalina como en la del Cerro. Otros relatos vinculados al transporte indican situaciones de explotación al interior de los baños de las terminales o dentro de los ómnibus en horarios nocturnos o diurnos”. Y se transcribía un testimonio de una de las involucradas, que decía: “En la terminal de ómnibus de Santa Catalina es a diario, a cualquier hora del día, arriba de los coches, en los baños”. ¿Cómo se entiende que, aludiendo nada menos que al transporte colectivo y a algunas terminales en las que opera Cutcsa, ustedes no tuvieran conocimiento de semejantes afirmaciones?
JS —Estamos seguros, conozco la terminal de Santa Catalina. Si fuera una terminal donde los baños están en un lugar donde el inspector o la gente que está allí todo el día no tuviera control de eso, podría llegar a pasar. Nunca tuvimos ningún aviso de nada que pudiera estar pasando en ese lugar ni en ninguna otra terminal. No tenemos que tomar esto como algo normal que sucede, porque hasta me da la impresión de que cuando dicen “esto siempre pasó”, es como que es normal. No es normal.
EC —Pero acá estamos hablando de informes que fueron públicos. Entonces me desconcierta que la empresa no tuviera acceso a ese informe, y que por otro lado desde el INAU tampoco se lo hubiera pasado, que no se les hubieran hecho consultas al respecto.
JS —La verdad es que nunca tuvimos un solo aviso ni un solo acercamiento. De hecho, justo en algunas terminales los vecinos, el inspector que trabaja ahí son parte, tienen un trato familiarizado, porque se conocen. Y en la terminal Santa Catalina teníamos gente de Cutcsa, pero además están los vecinos, y nunca tuvimos una sola queja. Pero es verdad, quizás si nos lo hubieran acercado, ese informe del año 14 nos podía haber puesto algún tipo de atención especial.
Nosotros no tomamos contacto con este tipo de situaciones hasta el 10 de enero, creo que fue, que esto sucedió. Como nosotros no participamos de la defensa de ninguno de ellos, ni nuestros abogados ni los allegados a nuestros abogados, que fue lo que salió en el primer comunicado, estamos impedidos de acceder al expediente para conocerlo. Estamos haciendo los trámites legales para conocer, porque esta primera medida que tomó el directorio de dejarlos sin derecho al trabajo se caía de madura para los primeros cinco que están procesados con prisión. Ahora vamos a tomar medidas, estamos esperando, porque queremos ser justos, queremos ver la participación de cada uno de ellos en este tema, porque quizás en algunos casos no dio para un procesamiento con prisión, pero en el expediente sí puede quedar claro que tuvo un porcentaje de participación.
EC —¿Quién es la autoridad en una terminal de ómnibus?
JS —El inspector largador, el inspector que está en la terminal. Normalmente en las terminales hay tres turnos de inspectores, y seguramente en algunas hay dos turnos durante el día. Esa es la autoridad.
EC —Esa es la autoridad en nombre de la empresa, de cada una de las empresas.
JS —Exactamente.
EC —Y por arriba de ellos, ¿quién la dirige la terminal en sí misma, quién la controla, qué institución se ocupa de ella?
JS —Son las empresas, y la Intendencia controla que estén en condiciones normales de trabajo. Ese es el único control que hay. En las terminales paran coches de más de una empresa, las empresas nos encargamos de todo, de la limpieza, del mantenimiento, de la disciplina dentro de la terminal y de tener todo en condiciones. Y las autoridades son los inspectores que están ahí.
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EC —El miércoles 11 de enero la jueza María Elena Mainard procesó a cinco trabajadores y patrones de Cutcsa: cuatro de ellos por “un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad” y el otro por “un delito de retribución o promesa de contribución de personas menores de edad”.
Dos semanas después, el martes 24, Cutcsa divulgó un comunicado en el que dio a conocer la decisión del directorio de decretar la “pérdida definitiva del derecho al trabajo de estas cinco personas”. Esa expresión “pérdida definitiva del derecho al trabajo”, ¿qué significa?
JS —Es una expresión estatutaria, en el caso de quienes tienen parte, la figura es la pérdida del derecho al trabajo, que en algunos casos puede ser parcial. Es muy difícil, es una medida muy compleja para tomar desde el punto de vista estatutario.
EC —Ustedes no usan el término despido.
JS —No, porque los que eran dueños pierden el derecho al trabajo. Esa es la figura.
EC —Las personas que son dueñas o copropietarias de una unidad –generalmente tienen cuartas partes de los ómnibus– además trabajan como guardas, como choferes o como inspectores.
JS —Exacto. Y lo que pierden es el derecho al trabajo, que tiene ese nombre técnico, pero en definitiva es un despido, es lo mismo.
