EC —¿Ha hecho consultas que permitan verificar que ese tipo de instrumentos son suficientes para atraer empresas para que se instalen en las cárceles?
VA —Justamente, lo conversamos con algunos expertos vinculados a este tema y en particular con el director.
EC —El director del polo industrial le dijo eso. Pero ¿en el sector privado ha tenido conversaciones?
VA —Una de las cosas que me decía una de las empresas que están instaladas allí es que no solamente están muy contentos, sino que hasta han aumentado su productividad, porque no hay ausentismo laboral, entre otras cosas. Para tomar en cuenta. Yo además de conversar con varios expertos en este tema, además de empezar a recorrer las cárceles y ver cuál es el camino, también miré legislación comparada, analizamos cómo funciona este tema en otras partes del mundo. Y en la ley de empleo penitenciario en Barcelona hay algo que me resultó llamativo en este tema del desarrollo del empleo y de los polos industriales en cárceles: los ascensores OTIS, que todos conocemos, se producen en una unidad penitenciaria en Barcelona.
Es decir, tiene que ver con una toma de conciencia también. Y cuando hablo de cambios, tiene que ver con cambios culturales, sobre todo cuando hay esos enojos en la ciudadanía, que es razonable y entendible que los haya, pero necesitamos curar y generar oportunidades para que eso no termine atentando nuevamente contra la vida, la propiedad y tantas cosas que se generan una vez que esas personas son puestas en libertad. Esto es beneficioso desde todo punto de vista, hace bien y nos hace bien a todos, además de ser una cuestión de derechos humanos, tiene que ver con cómo nos ocupamos de esto. También tiene que ver con el concepto de qué hacemos en mi caso como oposición.
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EC —Dos o tres preguntas para terminar de entender sus proyectos. ¿En qué países existe la obligatoriedad del trabajo en las cárceles que su proyecto reintroduce –porque ya existió y se derogó parcialmente–? ¿No es un invento uruguayo?
VA —No, no es un invento uruguayo, existe en México, en Brasil, en Finlandia, hay múltiples, leyendo legislación comparada uno ve que estas prácticas existen y que funcionan. Sobre todo lo que funciona tiene que ver con este tema de instalar estos polos que implican no solamente que se instalen empresas privadas, sino también emprendimientos que implican construcción de más plazas, los presos construyendo y generando también emprendimientos institucionales o productivos. Lo que ocurre, por ejemplo, en Punta de Rieles.
En la cuestión de Punta de Rieles, donde a fin de año van a estar habilitadas esas 1.960 plazas, hay algunas diferencias en lo que tiene que ver con las prácticas que establecen que los megacentros, las megacárceles no son lo que funciona. Cuanto más chicas, mejor. De todas maneras lo de los emprendimientos es algo que está demostrado y es el camino por el cual deberíamos ir.
EC —¿Qué ocurre si el recluso decide que no quiere trabajar? ¿Es forzado a trabajar? ¿Cómo se resuelve esta situación en un escenario de obligatoriedad?
VA —Habrá que verlo con el INR una vez que esto se pueda llevar adelante, habrá que establecer determinados beneficios. Hoy cuando el preso trabaja entre otras cosas redime pena, se establece por buena conducta, hay determinadas medidas alternativas a la prisión que van generando determinados beneficios. Creo que hay que ir por ese camino, que hay que establecer determinados beneficios a quienes cumplen además con una tarea laboral socioeducativa, social. Hay que buscar esos beneficios a partir de estas políticas.
EC —Pero la ley va a estar diciendo que es obligatorio. Entonces ¿qué ocurre con el que dice “no quiero trabajar”? Se lo pregunto porque el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, decía que buena parte de los presos tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, en particular problemas de adicciones que hoy no están siendo atendidos. Entonces, ¿no hay acá un conflicto de prioridades, qué disponer primero?
VA —Está bien, coincido con Juan Miguel, de hecho conversamos este tema y creo que ese es uno de los debes más importantes. Lo vi en la Cárcel de Mujeres, hay un porcentaje enorme con problemas de drogas y no hay programas de rehabilitación. Pero una cosa no quita la otra, creo que como política tenemos que establecer que los presos trabajen, independientemente de eso. Por supuesto que no todos pueden trabajar, de los 11.100 presos que hay en todo el sistema penitenciario hay un porcentaje que no vamos a lograr que trabaje. Pero si podemos lograr que un porcentaje más alto del que hoy lo hace –en el informe del comisionado no queda muy claro si solo es un 20 % y algo, lo mismo que los que están con medidas educativas– ya sería importante. Eso no escapa a que tengamos que establecer programas de rehabilitación de drogas, sin duda.
EC —Así lo planteaba Petit en la entrevista que hicimos con él después de que se conociera su informe.
(Audio Juan Miguel Petit)
La cárcel debería ser el CTI de las políticas sociales, allí deberían estar los dispositivos más finos, más intensos, más completos, más adaptados a cada caso. Y sin embargo, es donde menos encontramos.
(Fin audio)
EC —“La cárcel debería ser el CTI de las políticas sociales.”
VA —Por eso dije al principio que hay una ausencia, está la ausencia antes. Una vez que llegamos a esta situación, tenemos que trabajar de manera mucho más mancomunada el MI con el Mides, con el Ministerio de Educación (MEC), con el Ministerio de Salud Pública (MSP), con la Junta Nacional de Drogas (JND), que acá están ausentes. La JND está ausente. Con Salud Pública, porque ASSE tiene hoy algún programa incipiente, pero no hay un programa de verdad, cuando uno de los problemas más graves de estos 11.100 es el problema de las drogas. No tengo ninguna duda de que tendría que ser una prioridad.
Y allí hay otro tema quizás más de fondo. Creo que el Mides tiene que tener un protagonismo mucho mayor con respecto al sistema penitenciario que el que ha tomado hasta ahora. Por eso cuando hoy se está discutiendo que el INR se transforme en un servicio descentralizado creo que no debería depender del MEC, sino del Mides, porque creo que los operadores penitenciarios tienen que estar vinculados mucho más a las políticas sociales que a las políticas educativas.
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