Entrevista central, martes 1 de noviembre: Jaime Trobo

EC —¿Por qué era necesaria esa otra investigación, si ya estaba en curso la judicial?

JT —Porque en la judicial lo que la justicia puede determinar en el marco de sus competencias es si las conductas que han ocurrido en determinada instancia o en determinado momento de la vida pública o de la vida privada son sujeto de la determinación de un delito penal determinado. La investigación parlamentaria no es judicial, por tanto nosotros no podemos determinar si existió un delito, podemos presumir y eventualmente hacer una denuncia. Sí tenemos competencia –y creo que no debemos dejar de ejercerla nunca– con relación al análisis de la forma en que se comportó la administración. Porque las conductas de la administración pública y de los administradores deben ser neutras, o sea que se adapten al régimen legal y a lo que está permitido. No olvidemos el principio de que el Estado puede hacer lo que dice la ley que puede hacer o lo que está permitido que haga, sin embargo los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido que hagan. Es un concepto que determina claramente que el administrador siempre tiene que regirse por un marco, que es la garantía de la sociedad de que cumple con las reglas de convivencia, sobre todo en el área pública.

El Parlamento entonces puede investigar y puede determinar sanciones de carácter administrativo o hasta político. No es en este extremo que está planteado, pero pensemos por qué existe el juicio político en la Constitución de la República: porque puede haber un juicio que no sea judicial ni con sanciones penales que tenga una sanción política como resultado de un análisis del comportamiento de los gobernantes.

EC —Ante la comisión preinvestigadora usted presentó un documento de 30 páginas en el que enumera las principales preocupaciones. Vamos a ir recorriéndolas, pero, para usted, ¿dónde está lo medular, lo irregular que lo inquieta?

JT —Está en la arbitrariedad con la que el Poder Ejecutivo, el gobierno, tomó decisiones que beneficiaron a privados sin que se cumplieran las reglas mínimas que tienen que ver con las garantías de neutralidad que los privados tienen que tener –las empresas o las personas–. Esa es una obligación de la administración, no es solamente una obligación que está en las normas constitucionales y en las garantías de los ciudadanos, de las personas físicas y de las personas jurídicas. Está en las normas que establecen que el comportamiento de la administración tiene que ser neutro. Por supuesto, a veces en el marco de una ley tiene que privilegiar un sector determinado o un grupo determinado de personas, pero eso tiene que ser en un equilibrio y por sobre todas las cosas como resultado de la existencia de normas jurídicas.

Entonces, el Estado administra US$ 60 millones a través del Fondo para el Desarrollo (Fondes), por ejemplo, que es el fondo de empresas recuperadas, que se nutre de recursos que gana el Banco de la República (BROU) por año, y realiza un acuerdo internacional con una República en el que esta determina que US$ 1.000 millones durante 10 o 12 años forman parte de un fondo para realizar negocios con el Estado o con privados en el Uruguay. Eso no tiene controles, no lleva controles y se dice que no hay por qué controlar. Además el Estado, para la operación que se realiza de ese fondo tan importante, toma decisiones que virtualmente designan a personas o empresas para que cumplan un rol determinado. Rol que podría cumplir cualquier otro de los que cumplen con esa tarea en Uruguay, que no se han podido presentar para que su opción o alternativa fuera la elegida en un procedimiento transparente. Por eso decimos que hay un comportamiento arbitrario de la administración, respecto del cual la investigación no significa un juicio de valor, significa investigar para saber qué es lo que realmente ocurrió.

EC —Vamos a una de las piezas centrales de su planteo. En enero de 2011, los gobiernos de Uruguay y Venezuela firmaron 13 acuerdos durante la visita que el entonces presidente José Mujica realizó a Caracas. De esos 13 acuerdos, solo dos mencionan a Aire Fresco como intermediaria. ¿Cuál es su sospecha sobre esos capítulos en particular?

JT —Yo voy un poquito antes, al año 2010, instancia en la cual los dos presidentes, Chávez y Mujica, convienen en una declaración pública una serie de asuntos que tienen que ver con la voluntad de los gobiernos de llevar adelante ciertas cuestiones. En ese momento del año 2010 se firman siete acuerdos, que son firmados por ministerios: Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y ministerios venezolanos de Alimentación, de Transporte, etcétera. En esos acuerdos, los gobiernos a través de los ministros resuelven impulsar determinadas políticas que se bajan a tierra en el año 2011, cinco meses después.

Vamos al caso de la importación por Venezuela de alimentos o de algún tipo de equipamiento, por ejemplo automóviles. En el primer acuerdo se había dicho que había voluntad de los dos gobiernos de trabajar conjuntamente para lograr que hubiera un intercambio alimenticio, etcétera, y en el segundo se dice que el Ministerio de Alimentación venezolano y la entidad estatal Suvinca (Suministros Venezolanos Industriales) firman acuerdos con la empresa uruguaya Aire Fresco SA. Se dice, por ejemplo, que el Ministerio de Alimentación comprará arroz, trigo, pollo, eventualmente carne al Uruguay a través de la empresa Aire Fresco, que de hecho se constituye en un agente, un gestor. Después veremos si es intermediario o es vendedor –sobre ese tema se han dado muchas versiones, en la discusión parlamentaria de anoche no pudimos desentrañar esa cuestión– de esos productos a Venezuela.

En Venezuela la economía está estatizada, los alimentos únicamente son importados por el Ministerio de Alimentación. Y precisamente el gobierno de Uruguay decide que el acuerdo entre Aire Fresco y el Ministerio de Alimentación venezolano se realice el mismo día en que se reúnen los presidentes, hacen otra declaración conjunta y propician la firma de otros 11 acuerdos. Ese día se firman los dos acuerdos, que benefician notoriamente a la empresa Aire Fresco. Esta empresa tiene la particularidad de que sus dueños son compañeros, militantes, amigos del presidente de la República y su movimiento político, y que ha contribuido económicamente a la campaña del MPP y ha participado en ella. Cuando lo dije a principios de este año, en el mes de enero, lo primero que escuché de diputados y senadores importantes del MPP fue “vamos a hacerle una denuncia penal por difamación e injurias a Trobo, porque está mintiendo, está diciendo algo que no es cierto”. Cuando presenté mi denuncia ante la comisión investigadora –sin perjuicio de otros temas que presentamos– confirmé que el MPP había declarado que Aire Fresco le había donado recursos para su campaña.

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