Entrevista central, martes 1 de noviembre: Jaime Trobo

Entrevista con el diputado Jaime Trobo (Todos, PN).

Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 01.11.2016, hora 8.50

EMILIANO COTELO (EC) —Ayer en la Cámara de Representantes pasó lo que se esperaba que ocurriera: no se aprobó la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los “negocios que se han realizado desde Uruguay con la República Bolivariana de Venezuela”.

El Partido Nacional (PN) había solicitado esa comisión ante la sospecha de que el gobierno de José Mujica favoreció a personas allegadas al Movimiento de Participación Popular (MPP) y a una empresa en particular, Aire Fresco SA, para que intermediara en negocios millonarios entre empresas privadas uruguayas y la administración chavista.

Vamos a ocuparnos del debate con dos puntos de vista. En primer lugar, dialogamos con quien impulsaba el trabajo de investigación, vamos a conocer los argumentos del diputado Jaime Trobo, del PN.

La participación de la empresa Aire Fresco en los negocios entre Uruguay y Venezuela está siendo actualmente investigada por la justicia a partir de una denuncia que presentó el año pasado el abogado penalista Gustavo Salle. De hecho, está previsto que en las próximas semanas algunos de los principales directivos de Aire Fresco SA sean interrogados por la jueza María Helena Mainard, especializada en crimen organizado. ¿Por qué entendía usted, entonces, que era necesario generar, además, una comisión investigadora en la Cámara de Representantes?

JAIME TROBO (JT) —Esa denuncia del doctor Salle, que es notorio que está radicada en la justicia de Crimen Organizado, resulta de nuestra preocupación, y planteé en la Cámara de Representantes, dos semanas antes de la presentación de esa denuncia. Más precisamente en el mes de julio del año pasado, cuando se analizaba el proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a prestarle o a donarle o a darle a Ancap unos US$ 270 millones para que Ancap a su vez les pagara a los productores que le habían vendido a Venezuela. De ese modo se buscaba satisfacer la necesidad de que Venezuela se hiciera cargo de sus deudas, en un momento además de una crisis importante para el sector lechero por una cuestión de precios internacionales, etcétera. En aquella ocasión teníamos identificada a la empresa Aire Fresco, porque nos había llegado la versión de que para hacer negocios con Venezuela había que hablar con ella.

Después de esa denuncia judicial seguimos trabajando a nivel parlamentario, buscando información. Yo solicité un pedido de informes a la cancillería para conocer los antecedentes del acuerdo por el cual Aire Fresco virtualmente se constituía en un actor principal en las negociaciones con Venezuela. Fuimos recogiendo material que concluyó en la formulación de una denuncia a nivel parlamentario con el propósito de que el Parlamento investigara, de acuerdo a lo que establecen la Constitución y la ley en cuanto a sus competencias, y la ley de comisiones investigadoras, que establece que el Parlamento puede crear comisiones de investigación con fines legislativos o con fines investigativos propiamente dichos.

EC —¿Por qué era necesaria esa otra investigación, si ya estaba en curso la judicial?

JT —Porque en la judicial lo que la justicia puede determinar en el marco de sus competencias es si las conductas que han ocurrido en determinada instancia o en determinado momento de la vida pública o de la vida privada son sujeto de la determinación de un delito penal determinado. La investigación parlamentaria no es judicial, por tanto nosotros no podemos determinar si existió un delito, podemos presumir y eventualmente hacer una denuncia. Sí tenemos competencia –y creo que no debemos dejar de ejercerla nunca– con relación al análisis de la forma en que se comportó la administración. Porque las conductas de la administración pública y de los administradores deben ser neutras, o sea que se adapten al régimen legal y a lo que está permitido. No olvidemos el principio de que el Estado puede hacer lo que dice la ley que puede hacer o lo que está permitido que haga, sin embargo los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido que hagan. Es un concepto que determina claramente que el administrador siempre tiene que regirse por un marco, que es la garantía de la sociedad de que cumple con las reglas de convivencia, sobre todo en el área pública.

El Parlamento entonces puede investigar y puede determinar sanciones de carácter administrativo o hasta político. No es en este extremo que está planteado, pero pensemos por qué existe el juicio político en la Constitución de la República: porque puede haber un juicio que no sea judicial ni con sanciones penales que tenga una sanción política como resultado de un análisis del comportamiento de los gobernantes.

EC —Ante la comisión preinvestigadora usted presentó un documento de 30 páginas en el que enumera las principales preocupaciones. Vamos a ir recorriéndolas, pero, para usted, ¿dónde está lo medular, lo irregular que lo inquieta?

JT —Está en la arbitrariedad con la que el Poder Ejecutivo, el gobierno, tomó decisiones que beneficiaron a privados sin que se cumplieran las reglas mínimas que tienen que ver con las garantías de neutralidad que los privados tienen que tener –las empresas o las personas–. Esa es una obligación de la administración, no es solamente una obligación que está en las normas constitucionales y en las garantías de los ciudadanos, de las personas físicas y de las personas jurídicas. Está en las normas que establecen que el comportamiento de la administración tiene que ser neutro. Por supuesto, a veces en el marco de una ley tiene que privilegiar un sector determinado o un grupo determinado de personas, pero eso tiene que ser en un equilibrio y por sobre todas las cosas como resultado de la existencia de normas jurídicas.

Entonces, el Estado administra US$ 60 millones a través del Fondo para el Desarrollo (Fondes), por ejemplo, que es el fondo de empresas recuperadas, que se nutre de recursos que gana el Banco de la República (BROU) por año, y realiza un acuerdo internacional con una República en el que esta determina que US$ 1.000 millones durante 10 o 12 años forman parte de un fondo para realizar negocios con el Estado o con privados en el Uruguay. Eso no tiene controles, no lleva controles y se dice que no hay por qué controlar. Además el Estado, para la operación que se realiza de ese fondo tan importante, toma decisiones que virtualmente designan a personas o empresas para que cumplan un rol determinado. Rol que podría cumplir cualquier otro de los que cumplen con esa tarea en Uruguay, que no se han podido presentar para que su opción o alternativa fuera la elegida en un procedimiento transparente. Por eso decimos que hay un comportamiento arbitrario de la administración, respecto del cual la investigación no significa un juicio de valor, significa investigar para saber qué es lo que realmente ocurrió.

EC —Vamos a una de las piezas centrales de su planteo. En enero de 2011, los gobiernos de Uruguay y Venezuela firmaron 13 acuerdos durante la visita que el entonces presidente José Mujica realizó a Caracas. De esos 13 acuerdos, solo dos mencionan a Aire Fresco como intermediaria. ¿Cuál es su sospecha sobre esos capítulos en particular?

JT —Yo voy un poquito antes, al año 2010, instancia en la cual los dos presidentes, Chávez y Mujica, convienen en una declaración pública una serie de asuntos que tienen que ver con la voluntad de los gobiernos de llevar adelante ciertas cuestiones. En ese momento del año 2010 se firman siete acuerdos, que son firmados por ministerios: Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y ministerios venezolanos de Alimentación, de Transporte, etcétera. En esos acuerdos, los gobiernos a través de los ministros resuelven impulsar determinadas políticas que se bajan a tierra en el año 2011, cinco meses después.

Vamos al caso de la importación por Venezuela de alimentos o de algún tipo de equipamiento, por ejemplo automóviles. En el primer acuerdo se había dicho que había voluntad de los dos gobiernos de trabajar conjuntamente para lograr que hubiera un intercambio alimenticio, etcétera, y en el segundo se dice que el Ministerio de Alimentación venezolano y la entidad estatal Suvinca (Suministros Venezolanos Industriales) firman acuerdos con la empresa uruguaya Aire Fresco SA. Se dice, por ejemplo, que el Ministerio de Alimentación comprará arroz, trigo, pollo, eventualmente carne al Uruguay a través de la empresa Aire Fresco, que de hecho se constituye en un agente, un gestor. Después veremos si es intermediario o es vendedor –sobre ese tema se han dado muchas versiones, en la discusión parlamentaria de anoche no pudimos desentrañar esa cuestión– de esos productos a Venezuela.

En Venezuela la economía está estatizada, los alimentos únicamente son importados por el Ministerio de Alimentación. Y precisamente el gobierno de Uruguay decide que el acuerdo entre Aire Fresco y el Ministerio de Alimentación venezolano se realice el mismo día en que se reúnen los presidentes, hacen otra declaración conjunta y propician la firma de otros 11 acuerdos. Ese día se firman los dos acuerdos, que benefician notoriamente a la empresa Aire Fresco. Esta empresa tiene la particularidad de que sus dueños son compañeros, militantes, amigos del presidente de la República y su movimiento político, y que ha contribuido económicamente a la campaña del MPP y ha participado en ella. Cuando lo dije a principios de este año, en el mes de enero, lo primero que escuché de diputados y senadores importantes del MPP fue “vamos a hacerle una denuncia penal por difamación e injurias a Trobo, porque está mintiendo, está diciendo algo que no es cierto”. Cuando presenté mi denuncia ante la comisión investigadora –sin perjuicio de otros temas que presentamos– confirmé que el MPP había declarado que Aire Fresco le había donado recursos para su campaña.

EC —Vamos por partes. En el punto 13 de los acuerdos de enero de 2011, uno de los dos en los que se menciona a Aire Fresco, el título es “Acta compromiso para la comercialización de alimentos”. Allí se explica: “Objeto: estudiar la factibilidad para desarrollar mecanismos de cooperación para la comercialización hacia la República Bolivariana de Venezuela de rubros alimenticios desde la República Oriental del Uruguay, con especial énfasis en los siguientes rubros y las cantidades que corresponderán a una primera fase de suministros prevista para el año 2011. A saber: 40.000 toneladas métricas de arroz en cáscara (arroz paddy), 20.000 toneladas métricas de trigo, 3.000 toneladas métricas de pollo congelado”. Está firmado por Venezuela por el ministro del Poder Popular por Alimentación, y por Uruguay por Omar Alaniz, presidente de la empresa Aire Fresco.

En este punto lo que se prevé es estudiar “la factibilidad para desarrollar mecanismos de cooperación para la comercialización”. ¿Entonces?

JT —Hay otra acta en esa fecha en la que Aire Fresco conviene con Suvinca poner en marcha la conformación de una empresa mixta de comercialización, que es el instrumento a través del cual se realizarían las exportaciones de Uruguay al mercado venezolano.

EC —Sí, el objeto de ese otro era “crear una empresa mixta de carácter comercial” que permitiera “la importación, exportación, representación, intercambio, distribución, comercialización, compra y venta de productos, bienes y servicios asociados, para atender los requerimientos de diversas entidades públicas y privadas de ambos países”.

JT —O sea, por un lado el Ministerio de Alimentación, que es el que se encarga de la distribución de los alimentos en Venezuela, y la entidad estatal Suvinca, especializada en la importación de todo tipo de bienes –no se importa nada en Venezuela si no lo autoriza el ministerio o esta entidad, porque son los que están autorizados a conceder líneas de percepción de dólares o de divisas para poder comprar los bienes que se van a importar a Venezuela–, y por otro lado Aire Fresco. De hecho es cerrar un círculo en el cual Aire Fresco termina siendo una empresa virtualmente monopólica para esos productos. Si el Uruguay quiere exportar arroz, quiere exportar pollo, quiere exportar trigo, es notorio que va a tener que hacerlo a través de Aire Fresco o con la intermediación de Aire Fresco, porque se ha asociado con el comprador, con el que está del otro lado.

EC —Ayer durante el debate, el diputado Óscar Groba, que integró la preinvestigadora, decía: “Esta empresa mixta con Aire Fresco nunca se conformó. Nunca hizo ningún negocio. Nunca vendió nada. Ni dice en ningún lado que cualquier tema tiene que pasar por Aire Fresco. O sea, una desinformación total. Algo que nosotros hemos constatado. Y por lo tanto, en este caso queremos también decir con total claridad que tampoco amerita una comisión investigadora”.

JT —Cuando decimos que hay un protocolo –lo dice el protocolo– que pretende que se cree una empresa mixta de comercialización, estamos diciendo lo que el gobierno uruguayo prohijó permitiendo o facilitando –porque los acuerdos tienen todos el mismo tipo de redacción, se deben de haber hecho en la misma oficina y por la misma persona–, que una empresa privada uruguaya hiciera un acuerdo con dos entidades públicas venezolanas que tienen el monopolio de la compra de determinados bienes.

Que no se haya configurado la creación de esa empresa mixta de carácter internacional es una circunstancia, no quiere decir que Aire Fresco no haya intermediado o vendido. Lo que no quedó claro anoche en la sesión de la Cámara y nosotros queremos investigar es cuál es el volumen de recursos o de bienes que se exportaron a Venezuela con la intermediación o la gestión de Aire Fresco. Se reconoce que Aire Fresco ha intervenido en un volumen de venta de productos del entorno de los US$ 150 millones…

EC —Sí, por ejemplo, el diputado socialista José Querejeta, del Partido Socialista, dice que la empresa Aire Fresco representa solo 8 % de los negocios de Uruguay con Venezuela, por lo que no se puede decir que sea o haya sido el peaje de esa relación.

JT —El 8 % de los negocios con Venezuela, si estamos hablado de un volumen que puede llegar hasta los US$ 1.000 millones, es una cantidad muy importante. Pero además el 92 % restante de los negocios con Venezuela lo han hecho 114 empresas, y el 8 % lo ha hecho una sola empresa, Aire Fresco SA, que no debemos olvidar que es la empresa de los amigos del presidente Mujica y a su vez contribuyente y cooperante con el MPP. Cuando lo dijimos nos lo negaron y luego pudimos confirmarlo con documentación oficial. Es increíble que nos hayan negado algo que luego pudimos probar mediante una fotografía, un impacto de la página de la Corte Electoral donde los sectores políticos dejan constancia de las donaciones que han recibido.

EC —Hicimos algunas consultas en el sector académico a propósito de acuerdos como estos que se firmaron entre Uruguay y Venezuela. La respuesta que se nos dio es que “no resulta muy habitual que una empresa intermediaria participe desde el vamos en un acuerdo entre dos países. Lo normal es que el acuerdo se lleve a cabo y lo firmen representantes de los gobiernos. Y después sí, en general, aparecen los intermediarios para concretar los negocios entre los privados o entre privados y un gobierno. La participación de intermediarios es particularmente frecuente en acuerdos que tienen como bien a comerciar los alimentos, porque son precisamente ellos los que tienen los contactos y saben cómo comercializar. Pero esto ocurre casi siempre después de que se firme el acuerdo, no antes”. La puntualización que venía agregada, de todos modos, es que “no es algo necesariamente ilegal, solamente es poco frecuente”.

JT —Cuando digo que acá hay un proceso en el cual en el año 2010 los gobiernos convienen en llevar adelante cierta política y en el año 2011 aparece un acuerdo que establece que hay una empresa privada uruguaya que es la única que puede desarrollar esa política o esa actividad conjuntamente con la actividad oficial y monopólica del otro país, estoy diciendo que hay una especie, como nos decía alguien que analizaba estos temas, de “traje de medida”. Como que se prepara algo y luego se decide –si no se decidió antes– que se introduzca al privado para poder llevar adelante la actividad.

Pero además la empresa Aire Fresco es una empresa que no tenía ninguna experiencia. Su primera actuación en negocios de exportación de productos o de venta de productos desde el Uruguay es en el año 2011, precisamente a partir de la firma de ese acuerdo.

EC —¿Qué es lo que usted sospecha?

JT —Lo que presumo es que hubo quien tomó la decisión de beneficiar a esta empresa para que fuera la única, la primera, la que estaba en la plataforma de lanzamiento de negocios que tenían una perspectiva de volumen realmente muy importante. Que la tuvo, porque en las últimas horas nos han reconocido que Aire Fresco participó en negocios del entorno de los US$ 150 millones. Si la administración durante los últimos años fue construyendo acciones de gobierno que tenían como directa consecuencia que un empresario privado vinculado política y económicamente al sector del presidente de la República o de su cuerpo de asesores –porque yo no tengo por qué decir que el presidente hizo esto, lo que quiero decir es que alguien lo hizo del entorno del presidente–, me pregunto por qué el Frente Amplio (FA) no quiere que en una comisión investigadora se conozca todo el proceso, se conozca la razón, se conozca quién trajo el papel, quién trajo el nombre, quién lo puso encima de la mesa, quién dijo “estos señores son quienes van a llevar adelante esa voluntad y vocación que tienen los presidentes Chávez y Mujica para que haya complementariedad en el área de la alimentación”.

Esa es la razón, entre otras –por supuesto, porque la denuncia es mucho más amplia–, para conformar una comisión investigadora que lamentablemente, en razón de los votos del FA y de Asamblea Popular (AP), no se conformó. Curiosamente AP, un sector de izquierda que se proclama una especie de azote al FA por los renunciamientos que este ha tenido en materia de ética, de política, programática, materia ideológica, anoche le dio los votos para que no se investigara.

EC —¿Por qué “curiosamente”?

JT —Porque me extraña, construir un discurso en torno a que lo que nosotros planteamos es parte de una conspiración internacional de la derecha contra el gobierno del chavismo o del socialismo del siglo XXI…

EC —Ese fue el argumento de ap.

JT —Ese fue el argumento, que hay una operación, que el PN, el Partido Colorado (PC), el Partido Independiente (PI) y el diputado Mujica del FA se han puesto de acuerdo en llevar adelante para complicarle la vida al gobierno de Nicolás Maduro, por esa razón no van a investigar qué es lo que hizo el gobierno de Mujica.

EC —De los 13 acuerdos que se firmaron en aquel enero de 2011 entre Uruguay y Venezuela, dos incluyen explícitamente a Aire Fresco, pero hay otros dos que mencionan, incluyen, de manera directa a otras dos empresas, Urutransfor y Atlansur. El de Atlansur “tiene como objeto avanzar en la instalación de dos plantas de recepción, acopio, mezclado y producción de alimento balanceado para ración animal, una ubicada en el puerto de Nueva Palmira, Uruguay, y otra en puerto Cabello, Venezuela”. ¿Sobre este acuerdo usted también tiene inquietudes, sospechas?

JT —Sí, sobre los cuatro acuerdos que se firmaron, los dos de Aire Fresco, este que usted menciona y el de Urutransfor. Porque el acuerdo que firma esta empresa con una entidad venezolana de puerto tiene en correlato en otro acuerdo firmado el mismo día por la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay y Bolipuertos, que es la entidad que está a cargo de los puertos en Venezuela. La pregunta que hicimos –y nadie nos respondió, han salido a decir cualquier cosa, por ejemplo que Atlansur es una empresa vinculada al PC o a ciudadanos del PC…

EC —El diputado Óscar Groba destacó ayer durante el debate que el dueño de Atlansur, Dulio Albertoni, no es frenteamplista sino del PC.

JT —¡Con más razón la investigación! No tenemos ningún interés en Aire Fresco porque sea de tupamaros o del MPP.

EC —Ustedes han puesto un foco importante en Aire Fresco.

JT —Por supuesto, porque demostramos la vinculación económica entre Aire Fresco y el MPP. Militantes del MPP, amigos de José Mujica, uno de ellos administrador del Fondo Raúl Sendic, que se benefician con un negocio muy importante como consecuencia de un acuerdo en el cual aparecen como contraparte uruguaya de una entidad monopólica venezolana para exportar nada menos que productos de alimentación de la canasta básica. Tiene todas las características de un rinoceronte y yo le quiero llamar elefante o hipopótamo. Es un rinoceronte. Tengo la duda legítima que le surge a cualquier ciudadano que analiza este proceso: ¿por qué apareció Aire Fresco, por qué no otro, por qué no se llamó a licitación?

EC —Acá aparecen otros, aparecen colorados.

JT —Perfecto, pero acá estamos ante otros dos casos. Yo me pregunto: por qué la ANP conviene una cosa con la entidad pública venezolana de puertos y el mismo día un privado firma con una entidad pública venezolana de puertos dependiente de aquella un acuerdo casi de las mismas características. Nos preocupamos por hacer un comparativo de los textos y parecen iguales, solamente han cambiado algunas cosas, alguien se encargó de hacer el texto de los dos. Eso hay que saberlo, por qué fue este operador logístico, que tiene años en el mercado en Uruguay, y no otros que eventualmente podrían haber concurrido a una competencia abierta entendiendo que están en condiciones de establecer una planta logística en Montevideo y en los puertos venezolanos para la exportación de alimentación.

Y el caso de Urutransfor, que es una cooperativa, es una empresa gestionada que recibió fondos del Fondes y que tiene la particularidad de haber firmado un convenio con Corpoelectric, una compañía estatal venezolana que es la única que se encarga del tema de la electricidad, la trasmisión, la distribución, etcétera, también nos interesa. Queremos saber por qué aparece allí, también el proceso anterior, que se expliquen las razones para impulsarla a que firmara ese acuerdo. Además es una empresa que ha sido financiada por el Fondes. Y según nos ha dicho el propio presidente del Fondes-Inacoop hoy día, el exdiputado Bernini, Urutransfor, como Funsacoop, si no cobran lo que le venden a Venezuela, mueren. O sea que son dependientes del mercado venezolano.

Hemos puesto dinero de las rentas del BROU, que resultan de los intereses que el banco les cobra a los jubilados, a los empleados públicos, a los empresarios, a los productores rurales de sus créditos, en un agujero negro, que es el Fondes, que también está integrado en la denuncia, en negocios que sabemos que son incapaces de desarrollarse por sus propias capacidades o por sus propias virtudes en la competencia económica. ¿Cómo no vamos a poner encima de la mesa preguntas, que son las que eventualmente se tienen que realizar en una investigación, para conocer cuáles han sido el talante y la actitud del gobierno en estos casos?

***

EC —Luego de conocer las razones, de repasar con usted los argumentos por los cuales entendían que había que crear una comisión investigadora, vayamos a la realidad: la comisión investigadora se frustró, no salió. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos?

JT —Lo próximo es analizar qué pasos seguir con los partidos que hemos votado la creación de la comisión investigadora. Creo que no podemos tomar una determinación si no conversamos con ellos. Obviamente parece lógico que un camino inevitable es que ingresemos los antecedentes que hemos podido recoger y las suspicacias que tenemos en un planteo que eventualmente sea presentado ante la justicia.

EC —¿Hay elementos para una denuncia penal?

JT —Eso lo va a juzgar el juez. Nos hemos asistido conversando con algunos especialistas en derecho penal en el sentido de lo que podrían significar algunos de los comportamientos que allí están incluidos, la sospecha que puede haber. Era obvio que, como todo lo que tiene que ver con la política y el debate ciudadano que se da en ese microclima que existe en el Parlamento, se iba a generar un hecho político durante algunos meses. Pero no por eso pueden ni el país ni un sector político pensar que lo que hay allí es maliciosidad y propósito de dañar; lo que queremos es utilizar un instrumento legítimo de conocimiento ciudadano, a través del Parlamento, de qué es lo que pasa en la Administración. Porque esto se ha hecho todo oculto y se quiere mantener oculto. Entonces tendremos que ponernos de acuerdo en qué formato le damos a la presentación de estos antecedentes, y eso va a ocurrir como consecuencia de lo que vamos a conversar con el PC, el PI, el propio diputado Mujica y quienes han acompañado esta instancia parlamentaria.

Video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

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