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EC —En estos días los laboratorios nacionales han advertido de que la firma del TLC con Chile facilitará el monopolio, afectará la competencia y llevará a largo plazo a un aumento del precio de los medicamentos. ¿Qué es concretamente lo que los preocupa?
AA —Nos preocupa que Uruguay firma con un par, Chile, un par similar, un país un poco más grande, con una economía más poderosa, un TLC –que por cierto ya tiene, vía Mercosur– y agrega un capítulo de propiedad intelectual. ¿Qué sentido tiene? La primera impresión que nos genera es que estamos adquiriendo, por transitiva, las obligaciones que Chile se ha dado en materia de propiedad intelectual en los acuerdos bilaterales o multilaterales que ha firmado y que quizás le han generado beneficios para vender sus uvas, su salmón, sus flores, su cobre, en fin, sus productos, en Estados Unidos o donde sea; ahora acaba de firmar el TTP (Trans Pacific Partnership Agreement). Pero como en materia de propiedad intelectual Chile tiene un estatus mucho más alto que el nuestro, se firma esto –que no sé exactamente qué beneficios le va a generar al país– y se agrega un tratado específico de propiedad intelectual, el capítulo 10. El capítulo 10 contiene una convocatoria a la firma de un TCMP.
EC —En el capítulo 10 del TLC se establece textualmente que los países signatarios deberán hacer “los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCMP)”. ¿Qué es eso?
AA —Exactamente. Ratificando lo que decía antes, uno entendería que Estados Unidos o la Comunidad Europea nos planteasen un tratado así para defender sus innovaciones y sus creaciones, pero Chile esencialmente no es una economía tecnológica como para plantear un capítulo de esta naturaleza y sí nos lo plantea. El TCMP es un régimen simplificado y unificado por el cual un investigador presenta en una oficina la solicitud de una patente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Suiza la publica –esa es la fase 1– y luego, si adhiere a la fase 2, le concede el análisis profundo de la patente a una de las oficinas centrales de algunos de estos países con importantes oficinas de propiedad intelectual.
EC —Eso implica que el trámite para esa patente no es relativo a un solo país, sino que abarca a una cantidad de países, a todos los integrantes de ese tratado.
AA —En el instante en que pide el análisis profundo de la patente debe pagar un arancel y debe poner tics en los países donde pretende registrar la patente. Fíjese que hay una perversidad ahí –o una ventaja, vamos a verlo, en función de quién lo mire–, porque en la medida en que pague un poco más de arancel va a poder poner más tics y va a haber bonificación de tics, va a poder agregar más países que le van a aparecer gratuitamente si en la primera instancia los incluyó en la solicitud de la patente.
EC —Pero ¿no es lógico que el procedimiento sea así, que se desburocratice el registro de patentes en el mundo? Si alguien es el propietario de un principio como este, de una molécula por ejemplo, ¿por qué va a tener que ir país por país haciendo los trámites en las oficinas correspondientes?
AA —Totalmente de acuerdo. El problema está en que la lectura, la sintonía del observador que va a analizar esta patente va a estar influida por la política de patentes de su país. Los países centrales tienden a ser benévolos en el juicio de las patentes de sus connacionales y tienden a ser más estrictos con los productos de otras regiones. Entonces, si el informe es positivo, si bien no es vinculante y no obliga al Uruguay –en el caso de que se firme este PCMT– a inscribir la patente, entendemos que de algún modo va a relajar, alivianar, puede haber una tendencia de la oficina local del MIEM a dar por bueno lo que se ha juzgado en otro lado.
EC —Supongamos que quien está registrando uno de estos medicamentos por ese sistema del TCMP marca a Uruguay en esa selección de tics, ¿qué impacto real tiene eso?
AA —Uruguay va a tener que analizar la patente, porque los efectos no son vinculantes.
EC —Va a tener que analizarla sin que haya que haber empezado el trámite acá.
AA —Exactamente. Pero Uruguay tiene un atraso; nos consta que la doctora [Marianela] Delor, la directora de la DNPI, está haciendo enormes esfuerzos, pero me parece que necesita más respaldo de la administración para tratar de hacer de esto algo más ágil. Porque los pedidos van a venir vía PCMT y van a ser muchos más, porque va a haber muchos tics, y el análisis se tendrá que hacer igual. El riesgo que vemos es que una cosa es el análisis que hace Uruguay, que tiene una ley… Por ejemplo, Uruguay no admite las patentes de segundo uso, si un medicamento es inventado para una determinada cosa, si aparece una indicación posterior en Uruguay ese producto no puede patentarse otra vez. Un ejemplo concreto: desde que rige la ley de patentes la ANL viene oponiéndose, observando las patentes que entiende que no corresponde ser adjudicadas. Se han presentado 3.500 solicitudes y nos hemos opuesto a 1.500. Le cuento una: el ácido acetilsalicílico tiene 100 años en el mercado…
EC —La aspirina.
AA —Lo dice usted. Ese producto pretendió patentar un segundo uso por sus indicaciones cardiovasculares, pero nuestra Asociación de opuso en la oficina del MIEM, y finalmente el interesado desistió y el camino no continuó. Pero en esa avalancha de patentes alguna cosa puede pasar, alguna cosa se puede colar, en estos países que han firmado el PCMT se han colado cantidad de cosas. Y hay productos que están patentados y están en el mercado, se están vendiendo, pero puede ocurrir que consigan la patente y no vengan a venderlo y que el Uruguay ni siquiera pueda tener la chance de producirlo porque hay un monopolio para un tercero que no se interesa en este pequeño mercado. Es ahí que las empresas nacionales pierden la chance de lanzar sus productos con sus propias marcas.
