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RA —Ya vimos algunas de las críticas que con frecuencia se le hacen a ALUR en cuanto a si es razonable y si es importante para el país tener una empresa de ese tipo, y sobre todo a qué costo. Le leo un fragmento de la columna que Pedro Bordaberry escribió en El Telescopio este fin de semana:
“ALUR SA es un caso paradigmático de las equivocaciones de las administraciones del Frente Amplio. Todo se originó en una ley del año 2007 que estableció como obligatoria la mezcla de biocombustibles. Una ley que fue cuestionada en sala por el entonces senador Isaac Alfie, pero que fue aprobada con los votos del Frente Amplio y algunos otros legisladores. Esa norma autorizó a Ancap a trasladar al precio de las naftas y demás combustibles el costo de la mezcla de biocombustibles. Se dijo que ello era para promover el desarrollo del Uruguay y cuidar el medioambiente.
En ese momento Ancap tenía dos caminos: meterse a producir los biocombustibles o promover que privados se los suministraran. Optó por utilizar una sociedad anónima de su propiedad, ALUR SA, para producir desde el Estado los biocombustibles.
Le aseguró a ALUR SA (es decir, a ella misma) pagarle el costo de producción más un porcentaje de ganancia que trasladó al precio de los combustibles (es decir, al ciudadano que los compra).
Esa suerte de monopolio a la inversa tuvo el efecto que en la mayoría de los casos estas decisiones tienen: ALUR SA se convirtió en una empresa ineficiente, más costosa que otra similar, y que nos cobra a los uruguayos los biocombustibles mucho más caros que en otros países”.
¿Qué opina de esos comentarios?
L de L —Coincido con el senador Bordaberry en que los precios de los biocombustibles de ALUR se basan en una ley que votaron todos los partidos políticos, no solo el FA. Tal vez haya que revisar esa ley, lo he conversado con algunos legisladores de la oposición y tal vez ahí pueda haber una solución a este tema, habrá que buscar otros mecanismos. Reitero, en la energía eléctrica hay distintos precios, no es lo mismo la hidroeléctrica que la eólica, que la de biomasa, que la fotovoltaica. Eso es parte de la matriz energética del país. Capaz que con los combustibles líquidos hay que hacer lo mismo.
RA —¿En qué tipo de cambios está pensando?
L de L —No sé, habrá que ver. Cada litro de etanol que se produce en Uruguay para sustituir un litro de nafta que se refina tiene trabajo nacional, impacto ambiental nacional, descentralización, desarrollo local y regional, y paga y tributa mucho más que la nafta. Capaz que por ahí habría que analizar, porque la ley establece que tendría que tributar lo mismo, pero de hecho no tributa. Esa puede ser una solución, entonces no se transfiere al consumidor, pero debería tributar menos que los combustibles de origen fósil. Creo que hay que trabajar, porque ese puede ser uno de los planteos. Lo que hace ALUR es lo que está establecido en la ley, y hasta el propio senador Bordaberry lo ha planteado; en todo caso el problema es la ley de agrocombustibles.
El otro aspecto, el impacto en el trabajo, sí, hay un impacto muy importante. Mientras nosotros estamos aquí en esta entrevista, hay alrededor de 5.000 personas vinculadas a las distintas cadenas productivas de ALUR, no en trabajo directo de ALUR, sino fundamentalmente en el sector privado. Un litro de biodiésel tiene una participación –porque es una cadena productiva– de 80 % del sector privado, de productores privados, prestadores de servicios privados, acopiadores de granos privados, industrias privadas. Hay una participación muy importante del sector privado en todo esto.
Y desde el punto de vista ambiental –tiene poca prensa, tal vez ALUR no lo ha sabido comunicar bien–, hoy en Uruguay hay una reducción de entre el 8 % y el 9 % de la emisión de gases con efecto invernadero en el transporte público por la utilización de biocombustibles. Eso es muy importante, porque hoy estamos hablando de calentamiento global, de los temas ambientales, de la preocupación por los recursos naturales, y esto permite, entre otros aspectos, minimizar los impactos negativos del transporte público que utiliza combustibles de origen fósil.
RA —Se considera que ALUR recibe un subsidio de Ancap. Una de las cosas que se critican es que el ente pactó pagar el costo de la producción de ALUR más un 5 % y así comenzó a asegurarle rentabilidad. Se menciona que la petrolera al tener que hacer esta mezcla empezó por ese 5 %, pero ese porcentaje se llevó a 35 % y se hizo de modo retroactivo. La oposición señala que eso hace que se vuelva una transferencia importante y un costo importante para Ancap, y por otro lado que los números de ALUR luzcan mejor de lo que genuinamente deberían lucir.
L de L —Desde que ALUR tiene números positivos en sus resultados económicos ese margen está en un entorno de entre 5 % y 8 %, según la actividad. Nunca ALUR ha dado ganancias a partir de tener un 35 % de margen, nunca. Cuando fue de 35 % fue progresivo, cuando se empezó a producir en las plantas industriales de ALUR era una etapa de aprendizaje, de echar a andar una planta industrial de estas características, y el primer año la capacidad ociosa fue de casi 40 %. Entonces se decidió que esos años tuviera un margen para minimizar el impacto negativo de las capacidades ociosas. Pero desde que ALUR empezó a dar resultados positivos, que hace cinco años consecutivos que los da, nunca ha sido con esos márgenes que tú mencionabas. Esos márgenes fueron anteriores y en algún caso retroactivos. Los balances son públicos, toda esta información es pública y se puede ver.
RA —¿Cómo se asegura la mayor eficiencia y la reducción de costos de producción en el caso de los biocombustibles si Ancap no tiene otra opción que comprarle a ALUR y a su vez ALUR tiene garantizado que recibe el costo de producción más un porcentaje?
L de L —Ancap hoy le puede comprar biodiésel o etanol a un privado. Ha habido muchos emprendimientos privados de biodiésel, pequeños, privados, pero nunca llegaron a las calidades necesarias; había temas de eficiencia. No está establecido en ningún lugar que Ancap no le pueda comprar biodiésel a un productor privado.
RA —¿Y en el exterior? Hay oyentes que dicen “si Ancap pierde millones, que le compre biocombustible a San Pablo”, donde usted mencionó que era más económico.
L de L —Le puede comprar también, por momentos se puede comprar nafta y gasoil más baratos en el exterior que acá; carne también, hoy se podría comprar toda la carne en Paraguay y los uruguayos gastaríamos menos en carne. La leche fluida en Argentina es más barata que en Uruguay, también podríamos importar leche. Tal vez deberíamos discutir si tenemos que analizar los productos que consumimos los uruguayos, capaz que tendríamos que importar todo. Pero también debemos analizar las consecuencias que tiene eso. Fijate lo que pasó en la década del 90 cuando se abrió todo lo que era importación de productos; se desindustrializó el país y se paralizaron actividades productivas que eran centrales en el Uruguay. Me parece que hay que buscar un equilibrio. No estoy diciendo que se traslade cualquier precio al consumidor uruguayo. Reitero, en el caso de ALUR lo de Bella Unión es distinto, pero el biocombustible que produce Bella Unión debe ser entre un 15 % y un 17 % del biocombustible que produce ALUR, y el resto de la producción de ALUR son plantas, producciones y materias primas que compiten con el mercado internacional.
RA —La ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo que la situación de algunas de las empresas subsidiarias de Ancap es “complicada” y no descartó cierres. ¿Cómo describiría la situación de ALUR y qué opina de ese planteo?
L de L —Hace unos días leí una nota sobre el tema pórtland y nos preocupa mucho el planteo. En pórtland se inició un plan de inversiones muy grande porque históricamente no se había hecho ningún tipo de inversión, mientras que sí las hacía el competidor privado; cosa que está bien, porque ningún privado va a dejar de hacer inversiones o de adaptarse tecnológicamente y quedar fuera del mercado. En pórtland se iniciaron las inversiones, el proceso de inversión no terminó. Creo que la pregunta que deberíamos hacer en primer lugar es por qué no se terminan esas inversiones para definitivamente dejar a las plantas del Estado que tiene Ancap en Minas y en Paysandú en condiciones tecnológicas para ser eficientes y dar resultados óptimos desde el punto de vista productivo. Después si la gestión no se acompasa con el nivel de inversión, habrá que revisar la gestión de la empresa pórtland. La preocupación es que se cierren las dos empresas de cemento pórtland del Estado en medio de un proceso de inversión.
RA —Ese proceso de inversión quedó cuestionado cuando se tuvo que hacer una capitalización a Ancap por US$ 622 millones.
L de L —Podemos hablar de esos temas también, estoy a la orden para cuando quiera. Pero ¿quién se beneficia si hoy en Uruguay se cierran las dos plantas estatales de Ancap cuando hay un plan de inversión de US$ 12.000 millones en infraestructura vial, edilicia y próximo a montarse una tercera planta pastera? Se va a beneficiar la empresa privada. Entonces creo que hay que hacer los esfuerzos para terminar y dejar en condiciones las plantas de pórtland estatales y poner indicadores para verificar que se obtengan rápidamente resultados positivos desde el punto de vista de la producción y económico. Y poner el mejor equipo para gestionar pórtland. Entendemos que es estratégico que el Estado uruguayo tenga plantas en el derecho público, porque un país que está creciendo, que tiene que desarrollarse en infraestructura, en vivienda, en puertos, en infraestructura en general, vial y edilicia. Debe asegurar eso sin depender del sector privado ni de los oligopolios que hay en la región.
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Transcripción: María Lila Ltaif
