EC —A comienzos de este año, en medio de las turbulencias que se habían generado por la capitalización de Ancap, entrevistamos aquí en En Perspectiva a Pablo Regent sobre aquel estudio. En aquella ocasión se mencionó el ranking latinoamericano de “calidad del gobierno corporativo de la empresas públicas”, y vimos que Uruguay estaba muy mal parado, pero no lo analizamos a fondo, el foco de la entrevista era otro. Vamos a detenernos, hoy sí, en ese ranking. ¿Qué es lo que mide?
IM —Nosotros tomamos datos de una investigación original de la CAF, pero los procesamos de una forma original y distinta para concentrarnos y entender bien cómo está posicionado Uruguay. El trabajo de la CAF es para todas las empresas de América Latina, se buscó información pública de más de 105 empresas públicas de todos los países de América Latina. Eso está disponible en internet, como debe ser, porque para hacer un trabajo de buen gobierno corporativo la información tiene que estar disponible fácilmente para todo el público, no es cuestión de tener que llegar a los datos a través de un trabajo arqueológico. Esto lo hicieron buscando en internet.
Nosotros agarramos los microdatos de ese trabajo, los procesamos de forma diferente y los presentamos. Llama mucho la atención que Uruguay esté hoy último en América Latina, por debajo de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina. Está último en la forma como se gobiernan las empresas del Estado. Es importante entender qué componentes están detrás del buen gobierno corporativo.
EC —Expliquemos los indicadores. Son mediciones por cuatro: marco legal, revelación de información, conformación del directorio y ejercicio de la propiedad.
IM —Exacto. Hay dos que a nuestro entender son críticos, porque es en lo que nos está yendo muy mal. Pero hay que tener presente que el marco legal, que busca evaluar si el propietario es independiente del regulador de la actividad en la que opera la empresa pública, si la empresa pública se encuentra en el derecho público o en el derecho privado, si tiene beneficios especiales, es algo que es importante que esté claro y esté explícito.
Por ejemplo, el régimen de las empresas satélite que operan en la órbita de las empresas del Estado tiene que ser visto con mucho cuidado, porque ahí los controles del Estado no son claros, hasta dónde llega la regulación no tiene mucha claridad. Es un tema que está claramente discutido y está en el debate, pero hay otros de similar importancia.
EC —El puntaje en la tabla que había elaborado la CAF era 10. En ese indicador, el de marco legal, Uruguay está casi último.
IM —Tiene casi 3 puntos.
EC —Tiene 2,9, solo superamos a dos países de América Latina: Venezuela y Panamá.
IM —Exacto. Ahí hay un rumbo para hacer mejoras. Me voy a ir deteniendo en los otros indicadores, que son más duros para el Uruguay y que traen asociadas potenciales mejoras directas en la gestión y en los resultados de las empresas del Estado.
El segundo indicador es el de revelación de información. Es bien simple, es el acceso a la información, y no solo a estados contables auditados seis meses después de que terminó el ejercicio, sino información sobre decisiones relevantes, sobre proyectos de inversión, sobre los miembros que conforman el gobierno de las empresas, tanto el directorio como la gerencia. Eso tiene que estar disponible con muchísima claridad en la página web. Aquí Uruguay queda a mitad de tabla.
EC —Tiene 5 puntos, no es el rubro más grave, es el mejor de los cuatro indicadores en las empresas uruguayas. Igual, estamos a mitad de tabla.
IM —A mitad de tabla y en un grupo que no se caracteriza por ser de los mejores del mundo. Este estudio solo mira gobierno corporativo de América Latina, no de los países avanzados. Es un punto clave para tener presente, porque en los países europeos, los países de la OCDE, los grupos de países con mayores y mejores prácticas de gobierno, el gobierno corporativo de las empresas del Estado es un pilar fundamental en el que se pone mucho énfasis. Eso explica que no solo la CAF le dé mucha importancia a esto, que tiene sus propios manuales de gobierno corporativo, sino la OCDE y el Banco Mundial, que tienen realmente libros blancos de cuáles deben ser las buenas prácticas de gobierno corporativo.
Estudiamos a fondo esto el año pasado, y si uno lo lee, lo estudia, es muy difícil no estar de acuerdo. Son prácticas muchas veces tan de sentido común y de buen gobierno, de transparencia, de rendir cuentas, de tener determinadas políticas para desarrollar las decisiones, de ser responsable por las decisiones que se toman que realmente es difícil no querer alinearse con esto. El tema es cómo ir hacia eso.
El tercer indicador es la conformación del directorio. Aquí se busca determinar en qué medida existen autoridad e independencia en el nombramiento y remoción de los directores de las empresas públicas, si estos directores tienen un balance adecuado de conocimientos y experiencia, y si existe información pública sobre el perfil de los miembros del directorio. Aquí, de vuelta, estamos bastante cerca del fondo.
