RA —En una entrevista que le hacíamos en 2013 aquí en En Perspectiva al entonces director nacional de Energía, Ramón Méndez, este citaba, y tomaba como un ejemplo para contestar a lo que usted dice, un informe de auditoría elaborado por el estudio Posadas, Posadas & Vecino que afirmaba que “el procedimiento licitatorio elegido en forma general es inobjetable”. ¿Usted no tuvo en cuenta ese tipo de antecedentes? Por ejemplo, en su momento, Gas Sayago señaló respecto al tema de la oferta económica que se había seguido que “en virtud de la viabilidad técnica de las ofertas recibidas y aclaradas hasta la fecha, solo la de Suez está en condiciones de ser adjudicada, por lo tanto la comparación económica se debe utilizar solamente a modo de referencia”. ¿Cómo analiza esa respuesta?
PA —No es lo que surge de los informes técnicos que estamos manejando y que manejamos ayer en la comisión preinvestigadora. El informe de la consultora RINA establece a texto expreso que la oferta de GNLS “no cumple con las especificaciones del llamado”, no cumple con el objeto de la licitación; tengo el documento y lo he presentado. Esas conclusiones que usted me está leyendo corresponden a expresiones de Gas Sayago, una empresa que se ha manejado de manera muy sombría, en el marco del secretismo. Ha sido imposible acceder –yo he tenido que hacerlo por vía oblicua– a documentación o a elementos que en tal caso Gas Sayago haya procesado en el marco de este proceso licitatorio, porque la ministra se ha negado sistemáticamente a proporcionarnos información. Y las conclusiones fueron exactamente inversas a esas.
Con relación al contrato, que en realidad no es de concesión, es un contrato de servicios, se elaboró un contrato tipo –que ayer presentamos a la comisión preinvestigadora– que rigió el llamado y en base al cual debían prepararse y presentarse las ofertas. Ese contrato terminó siendo alterado por la vía de los hechos. Entre la apertura de las ofertas y la firma del contrato hubo una modificación de las bases de la licitación, el contrato tipo fue totalmente modificado y algunas de sus cláusulas se adaptaron a las necesidades y al interés del proveedor, GNLS, el que debía proveer los servicios que se estaban contratando.
En el contrato hay cláusulas que he denominado leoninas. Por ejemplo la cláusula 35, que establecía que en caso de recisión del contrato, aun por incumplimiento del proveedor, como efectivamente ocurrió, el Estado uruguayo, que era el que encargaba la obra, para poder acceder a lo que hubiera de la obra, a los activos que se hubieran construido hasta ese momento, previamente debía cancelar todas las obligaciones financieras del contratista. Se modificó la ley aplicable, se modificó la jurisdicción o el proceso por el cual se dirimirían las diferencias que surgieran, de una manera bastante sospechosa.
RA —¿Eso no podía considerarse algo dentro de lo previsto, teniendo en cuenta que se trataba de una inversión tan compleja, que no tenía antecedentes en la historia del país y que era algo novedoso por la forma en que era planteado?
PA —Está muy bien, pero se hace un proceso competitivo para elegir la mejor oferta, comparecen cuatro ofertas, se recaban determinados asesoramientos que aconsejan que no se haga ningún tipo de adjudicación y que en todo caso se haga un nuevo llamado o por lo menos una nueva ronda con los cuatro oferentes que se presentaron y eso se desoye absolutamente. A los pocos días se resuelve avanzar en una adjudicación y se escoge una de las cuatro de manera caprichosa, cuando además esta consultora RINA establecía que otra de las ofertas, la de la española Enagás, era bastante más interesante que la de Gaz de France-Suez, por determinadas razones técnicas –también tengo el informe de la empresa Enagás y lo vamos a presentar– que ahora no voy a desarrollar, pero que desde el punto de vista constructivo podían representar una mejora o una ventaja, lo dice así. Eso no tiene nada que ver con esas conclusiones que en algún momento habrá sostenido Gas Sayago, supongo que pretendiendo justificar su posición.
EC —Para usted, ¿por qué se procedió de la forma en que se procedió?
PA —Eso es lo que quiero investigar. De que hubo un apresuramiento, un determinismo –yo he hablado de una adjudicación política–, y el Gobierno, por lo menos al nivel más alto de la toma de decisiones, no necesariamente a nivel gerencial de Gas Sayago, pretendió llegar a determinado resultado y por lo tanto sorteó todos los obstáculos que fuera necesario sortear no tengo la más mínima duda.
Otro ejemplo, que a mi juicio es en sí mismo una irregularidad, por no decir algo peor: la forma en que se tramitó la autorización ambiental, que pongo como un aspecto irregular del proceso que se llevó adelante. La autorización ambiental se tramitó en ocho días, desde la audiencia pública que se realizó en el barrio Santa Catalina, que fue bastante estridente porque hubo una gran oposición de los vecinos, hasta la firma del ministro Beltrame, que era el ministro de la época, transcurrieron ocho días. El entonces director de Medio Ambiente y actual subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, se opuso a ese procedimiento, dijo que había recibido presiones del Gobierno que integraba; se lo vamos a preguntar.
Entonces, ¿esos no son indicios, más que indicios, no son elementos que estarían pautando que las cosas se hicieron muy mal con relación a una obra de más de US$ 1.200 millones de inversión, y un negocio cuyo valor era de cerca de US$ 3.000 millones si tomamos en cuenta el valor del canon mensual que se ofertó y que se pagaría y lo multiplicamos por los 15 años de la concesión?
