RA —A propósito de la rapidez con que se gestionó la autorización ambiental, veíamos que en octubre de 2013 Beltrame, en declaraciones de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, dijo que el trámite por la regasificadora fue iniciado en noviembre de 2012 “y desde la fecha hasta ahora se han ido cumpliendo los pasos necesarios, como la ampliación de información solicitada en cada caso, se ha cumplido con audiencias públicas”. Sobre la base de esos informes hay una resolución que tiene cuatro carillas de consideraciones y siete de resoluciones. La autorización se otorgó en octubre de 2013, ¿no cree que hubo tiempo suficiente entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 para estudiar la propuesta?
PA —No fue así, porque las ofertas se abrieron el 18 de abril, entonces noviembre de 2012 no corre. Evidentemente la autorización ambiental no estaba referida al proyecto que había diseñado Gas Sayago para conformar las bases del llamado, tenía que estar referida a las propuestas concretas que los oferentes realizaran en el marco del proceso competitivo, y particularmente a la de aquella que se escogiera como ganadora para llevar adelante la obra. Las ofertas se abrieron el 18 de abril y en mayo Gas Sayago resolvió adjudicarle a GNLS, en un mes, en un proceso competitivo de estas características. Me parece que la secuencia y el relato conducen claramente a que se actuó por lo menos con imprudencia. A esta altura lo que más les convendría a quienes en aquel momento actuaron es haber cometido un error; esperemos que no hayan cometido algo peor, que no sé qué es. Por supuesto, no quiero presumir ni prejuzgar, pero queremos investigar, porque, repito, esto se complica bastante más con los otros aspectos que serían el correlato o en tal caso un final bastante más complicado si fuera cierto lo que ahora investiga la justicia brasileña.
EC —Vayamos a ese otro capítulo que también forma parte de su informe: la conexión brasileña de este proceso. ¿De qué manera se da? ¿Cómo la analiza?
PA —El actual gobernador de Minas Gerais, que en ese entonces actuaba como ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del Gobierno de Dilma Rousseff, está acusado o señalado, en el marco de un acuerdo de delación realizado entre uno de sus colaboradores cercanos y el fiscal de una causa concreta de las que están vinculadas a la empresa OAS, como que habría realizado una gestión ante el Gobierno uruguayo, textualmente dice “ante el jefe de la casa civil del Gobierno del presidente Mujica”.
EC —¿Qué será “jefe de la casa civil en el Gobierno uruguayo”? No sabemos.
PA —No sabemos cuál es el equivalente, pero todo parece indicar que es una autoridad del entorno más cercano del presidente de la República, parece sugerirlo. La gestión habría sido a los efectos de que el Gobierno uruguayo hiciera lo que hizo: otorgarle a OAS dos cosas, la construcción del gasoducto –no nos olvidemos de la conexión del gasoducto, que era una de las obras conexas…
EC —Ahí ya estamos hablando de otra empresa, porque hasta ahora nuestras consideraciones venían referidas a quien resultó adjudicataria del proceso de la regasificadora, GNLS.
PA —En este caso la gestión era para beneficiar a OAS. Vamos a decirlo claro, en lo que se refiere al contrato de servicios, si bien la contraparte era GNLS, la empresa que vino al Uruguay es la filial de Gaz de France-Suez de Brasil. Es la empresa brasileña que se constituyó aquí y que aquí constituyó GNLS con un socio japonés de muy malos antecedentes, llamado Marubeni. Todos sabemos que venían acollaradas, Gaz de France-Suez de Brasil venía de la mano de OAS, OAS de la mano de Gaz de France de Brasil, siempre se supo.
EC —OAS es una empresa constructora.
PA —Según lo que investiga la justicia brasileña, Pimentel habría intercedido ante el Gobierno uruguayo para que se le adjudicara a OAS la conexión con el gasoducto, que era una de las obras conexas que el Estado uruguayo estaba obligado a hacer a través de Gas Sayago, y eso traía de la mano lo que después vino, que fue la adjudicación de la planta regasificadora.
Yo presenté ayer, porque lo recibí, el expediente correspondiente, porque llegó a mis manos, y por lo tanto advertí que tenía un grado de verosimilitud importante, y además porque confío plenamente en la fuente que me lo hizo llegar, lo presenté a la comisión preinvestigadora. De allí surge este acuerdo de delación entre este señor Bené, un empresario brasileño del entorno de Pimentel, y el fiscal o el Ministerio Público de Brasil. Aparecen mencionadas varias personas –aparecen mencionados dos directivos de OAS con nombre propio, aparecen mencionados dos funcionarios más del Gobierno de Minas Gerais, del entorno de este señor Pimentel, un señor Serrano, que es el jefe de gabinete–, lo cual a mi juicio le da una entidad algo mayor, porque cuando uno hace una denuncia de esta magnitud o hace un acuerdo de delación o aporta elementos e involucra a varias personas supongo que sabe los riesgos que asume.
EC —De todos modos, la justicia brasileña no se ha expedido todavía, no hay una sentencia en esta materia.
PA —No la hay, pero sí hay algo que es lo siguiente: en primer lugar, esos elementos fueron considerados por el fiscal de la causa como elementos con algún nivel de verosimilitud, porque por algo se hizo el acuerdo de delación, si no no se habría hecho. En un acuerdo de delación tiene que haber alguien dispuesto a hablar y un fiscal dispuesto a aceptar la información que ese que habla le está proporcionando. Además fue aceptado por el juez de la causa o por la justicia, porque se le dio andamiento a ese acuerdo de delación y la justicia brasileña practicó allanamiento en la propia Gobernación de Minas Gerais, fueron detenidas –creo que ahora ya liberadas– algunas de estas personas del entorno del señor Pimentel. En una palabra, el tema se investiga. ¿Con qué resultados? No lo sabemos. ¿Eso prueba algo? No necesariamente. Pero me parece que es un dato que puesto en el contexto complejo que veníamos desarrollando por lo menos merece que nos detengamos a analizar. Ese es el sentido.
