RA —Usted menciona en la denuncia que el Estado ha sufrido fuertes pérdidas económicas que estima en US$ 65 millones por esta operación de adjudicación de la planta regasificadora, y dice que esto se dio pese a que se ejecutó la garantía contra GNLS de US$ 100 millones, tal como estaba previsto, por incumplimiento del contrato. ¿Cuáles son sus cálculos, concretamente? ¿A qué obedece esa pérdida de dinero?
PA —Es muy sencilla la cuenta. Aprovecho para decir que me parece que la garantía es otra prueba más o un señalamiento adicional de la falta de equilibrio en cuanto a las prestaciones de las partes y en cuanto a las obligaciones y a los derechos que asumían el Estado por un lado y el contratista por el otro. Una garantía de US$ 100 millones por incumplimiento parece mucho dinero. Estamos hablando de un negocio que tiene un valor económico de más de US$ 3.000 millones. Si uno relaciona eso con las garantías que asumió el Estado, que mucho daño nos están provocando ahora y que fueron de dos tipos, una fianza solidaria que otorgaron UTE y Ancap de manera indivisible, ilimitada, imprescriptible e irrevocable y con renuncia a la inmunidad soberana, y una garantía soberana del Estado otorgada por el presidente Mujica y el ministro Fernando Lorenzo, amplia e ilimitada como la anterior, evidentemente no hay relación entre una cosa y la otra. Y esa garantía soberana que se extendió, que a mi juicio fortaleció la posición del privado y debilitó la posición del Estado, ahora nos está generando problemas.
EC —¿En qué se traduce esa garantía?
PA —Yo decía que hay un daño doble, un daño en términos de pérdida de recursos públicos y un daño económico a un conjunto muy importante de empresas nacionales. Estamos hablando de más de 380 empresas de distinto porte y distintos rubros, que son acreedoras de OAS, que se presentaron al concurso de OAS porque OAS no le pagó a nadie, y que tienen créditos por lo menos por US$ 22 millones, ahora por mucho más que eso, porque el concurso fue creciendo y se fueron agregando más facturas y créditos adicionales. Evidentemente hubo un claro incumplimiento y un claro perjuicio para ese conjunto de empresas que no han podido cobrar por los servicios que prestaron. Allí están los subcontratistas de la obra, los que prestaron servicios de remolque, de pontones, de grúas, pero hay imprentas, barracas, agencias de viaje. OAS no le pagó absolutamente a nadie. Entonces el daño es doble.
¿Cómo se llega a los US$ 65 millones de los recursos del Estado? De una manera muy sencilla, a través de las distintas capitalizaciones que realizó fundamentalmente UTE en Gas Sayago, del crédito que se contrajo con la Corporación Andina de Fomento para financiar esas obras conexas que no sirven para nada. Una es la conexión con el gasoducto de la que ya hablamos, que si no hay terminal no tiene ningún sentido. Otra obra grande eran las tareas de apertura del canal de acceso y de dragado de la zona del foso donde se iba a construir la escollera, que salió muy mal y se perdió; se perdió entre otras cosas por la irresponsabilidad de Gas Sayago de no realizar estudios previos, de no realizar las batimetrías adecuadas. Un solo caso: cuando fueron a abrir el canal de acceso se encontraron con una roca de un kilómetro, que habría demandado una inversión adicional de unos US$ 30 millones para removerla. Todo eso totaliza más de US$ 150 millones en términos de recursos públicos.
RA —Eso en caso de que no se dé la obra. ¿Qué pasa si efectivamente se llega a concretar? El Gobierno todavía tiene esperanzas, así lo ha manifestado.
PA —Para serle franco, yo no creo en eso.
RA —El Gobierno ha insistido en la capacidad que quedó instalada y por otro lado en los recursos de conocimiento que adquirió el Estado uruguayo.
PA —La ministra, en términos de qué fue lo que nos contestó y qué no, se refirió al tema específico de las pérdidas –sobre esto sí hablamos en la interpelación de setiembre del año pasado y también después–, nos trasmitió que habían llegado a un maravilloso acuerdo de recisión con GNLS, que siempre se negó a exhibir. Yo le hice seis pedidos de informes a la ministra desde marzo de 2015 para acá, y el viernes pasado –estamos hablando de pedidos de informes que se hicieron en marzo, en mayo, en setiembre de 2015, a principios de 2016–, el día en que el PN presentaba la denuncia, que veníamos anunciando desde mucho antes, me mandó tres respuestas a mi despacho con fecha 11 de noviembre. Francamente creo que eso es hasta irrespetuoso, por eso lo que dije al principio, que capaz que fue bastante duro con la señora ministra Cosse.
Entre otras cosas ahí la ministra me dice que no me puede dar ni el acuerdo de recisión que se celebró con GNLS ni el acuerdo que después se celebró con la empresa Mol –que es la constructora del barco regasificador, y ahí también hay un agujero negro, o por lo menos una cosa que no se sabe bien qué es, no se sabe en qué términos prorrogaron la relación con la empresa constructora, que en realidad era una relación de GNLS, no de Gas Sayago, y en qué términos subrogamos a GNLS, a qué estamos obligados y a qué no, no se sabe–, porque es información confidencial.
Cuando hablamos del acuerdo de recisión la ministra nos dijo “los activos transferibles valen más de US$ 100 millones”. Y los activos transferibles son unos pilotes que quedaron en la zona donde se iba a construir la escollera. El domingo pasado con un amigo que tiene avión estuve sobrevolando la zona donde se iba construir la planta regasificadora y saqué algunas fotos, y tengo fotos sacadas a nivel del mar, de gente que está vinculada a la obra que sacó fotos. Esos pilotes están totalmente herrumbrados, porque fueron mal colocados. Yo no soy ingeniero, pero alcanza con mirar para darse cuenta de que ni siquiera hay una alineación adecuada de los pilotes, lo dice gente que sabe. No fueron colocados con equipos de precisión adecuados, no fueron bien tratados, su vida útil ya está totalmente agotada. O sea, no solo no tienen ningún valor, sino que además debió habérsele exigido al particular cuando se rescindió el contrato que los sacara, que por lo menos limpiara la zona. Esto que estoy diciendo está refrendado por la propia Gas Sayago. Si ustedes analizan el balance, los estados contables del año 2015, allí se dice claramente que no están en condiciones de […].
