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Entrevista central, martes 15 de noviembre: Pablo Abdala

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EC —¿Usted señala que la ministra Cosse informa algo contradictorio con lo que evalúa Gas Sayago?

PA —Absolutamente. La ministra habló de US$ 100 millones de valor de estos activos, y repito, yo presenté ayer, entre la documentación que agregué, los estados contables del año 2015, y la propia Gas Sayago dice –lo dice honestamente, porque además lo habría observado el auditor externo– que no está en condiciones de valuar el valor de esos activos en la medida en que no hay elementos que permitan asegurar su valor futuro en función de su aplicación a determinado proyecto. No tienen ningún valor y fueron transferidos a valor cero. Esa es la realidad.

EC —Estábamos hablando de su cálculo a propósito de las pérdidas que termina enfrentando el Estado uruguayo.

PA —Son US$ 65 millones en función de esos US$ 150 millones de capitalizaciones y de aportes de recursos públicos para financiar estas obras; descontando la indemnización de US$ 100 millones estamos en US$ 50, a lo que hay que agregarle US$ 10 millones más que Gas Sayago gastó a principios de este año en hacer lo que debió haber hecho en 2011-2012 y no hizo por aquel apresuramiento del que hablábamos hoy, que fueron los estudios de geotecnia, los relevamientos y los estudios de suelo, que no se habían hecho antes y debieron haberse hecho y que intentaron hacer ahora para ver si el proyecto proseguía o no. A lo que también habría que agregar entre US$ 4 y US$ 5 millones que se van a gastar a fines de este año 2016, que es el costo anual de mantener a Gas Sayago funcionando.

Gas Sayago ha sido un agujero negro y también lo queremos investigar. Ha demandado un costo de más de US$ 18 millones –es parte de la misma cuenta, esto no hay que agregarlo– a lo largo de estos cinco años, en funcionamiento, contratos de consultorías. La mitad de eso se ha ido en salarios; los salarios que paga Gas Sayago, empezando por el de su gerenta general –antes la señora Jara, ahora hay una nueva–, son elevadísimos para la media de los salarios públicos, que después de todo esto también son salarios públicos, aunque se trate de una empresa privada, porque los paga el Estado. Creo que todo eso forma parte del mismo procedimiento desacertado que queremos que se esclarezca.

EC —¿A partir de las garantías que asumió el Estado hay más pérdidas en el horizonte?

PA —Yo entiendo que sí, porque de ese universo de 380 empresas que mencionaba, que tienen créditos por más de US$ 22 millones, hay un grupo minoritario de unas 15 o 20, que son las que condensan la mayor parte de los créditos, que son precisamente los subcontratistas de la obra y los que estuvieron más directamente vinculados a ella, que tienen créditos en el entorno de los US$ 15 millones o algo más. Esas empresas, como OAS no les pagó, como no les pagó GNLS, han iniciado el camino de demandar al Estado como garante por esa garantía soberana que oportunamente les extendió. Ya se han realizado audiencias de conciliación en la justicia ordinaria por estas personas interesadas, con legítimo derecho, porque son empresas nacionales que en su momento se jugaron a esta obra, tomaron personal, invirtieron en equipamiento, postergaron otras tareas u otros trabajos porque en aquel momento la construcción de la planta regasificadora era cosa segura, era negocio seguro, era ganancia segura para el país y para todos los que estuvieran vinculados a ella. Y pasó todo lo contrario.

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