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EC —Seguimos conversando con el doctor José Eduardo Cardozo, ex ministro de Justicia del gobierno de Dilma Rousseff y hoy jefe del equipo de abogados que la defiende en el proceso de impeachment. Si, como usted decía, los argumentos que están en juego en el intento de sacar a Dilma del poder son políticos y no jurídicos, ¿por qué los opositores no buscaron el impeachment antes, por qué se consolida ahora?
JEC —Bueno, le puedo decir que antes de que comenzara este mandato, en 2015, tuvimos una elección muy difícil, en 2014. Hubo un enfrentamiento muy fuerte con la oposición y en el resultado electoral la diferencia fue muy pequeña. Inmediatamente después de que se conocieran los resultados de la elección, la oposición empezó una acción de deslegitimación del mandato.
Primero dijo que los resultados eran incorrectos, que el recuento de votos no había sido correcto y quería que se hiciera de vuelta; el Tribunal [Superior Electoral] dijo que era correcto. Después dijo que las máquinas en las que los brasileños votan tenían fallas y pidieron que fueran examinadas; se hizo ese examen y estaba todo correcto. Después decía que las finanzas que habían sido presentadas por la señora presidenta en el período electoral no estaban correctas; las cuentas fueron aprobadas por la justicia electoral. Y ahí empezó a discutir un impeachment, inmediatamente después de las elecciones.
Nosotros tuvimos una situación difícil en Brasil, que empezó en lo económico, la crisis internacional nos afectó. Era una situación perfectamente posible que se podía superar, pero la conjugación de situaciones generó una acción política que tiene un gran jefe, que es el [ex] presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Él es acusado de muchos crímenes -de corrupción, de tener cuentas en el exterior, en Suiza- y la señora presidenta siempre garantizó la investigación, dio la posibilidad a la Policía Federal de actuar con libertad, garantizó la autonomía de los fiscales del Ministerio Público para que pudieran hacer las investigaciones. El señor Cunha quería que las investigaciones en su contra no avanzaran. Cuando él tenía un proceso político en su contra en la Cámara de Diputados, que podía hacer que perdiera su mandato por sus crímenes, dijo a la señora presidenta: Si tú no detienes esto, no haces una acción en tu partido para que yo no sea apartado de mi cargo, yo abro inmediatamente el proceso de impeachment. La señora presidenta dijo: No, yo no voy a hacer esto. Y él empezó el proceso de impeachment con el apoyo de la oposición. Al mismo tiempo, Cunha dispuso la votación en el Congreso de proyectos que iban a destruir la economía de Brasil, que aumentaban mucho los gastos, y la señora presidenta decía: No [en referencia a que los vetaba].
Esta situación política agravó la crisis económica y la crisis económica agravó la crisis política. El resultado es [la aprobación] del proceso de impeachment, con el impulso de Cunha, que era un presidente muy fuerte en la cámara baja. En esa primera fase del proceso de impeachment, por la legislación brasileña –que creo que es muy antigua, es de 1950-, la presidenta no podía presentar pruebas en su defensa. Los parlamentarios, que en su gran mayoría querían un cambio -porque por cuenta de la situación económica y política había realmente una pérdida de la mayoría parlamentaria- utilizaron pretextos para que la señora Dilma no pudiese seguir ejerciendo sus funciones de presidenta de la República. Ese es el resultado: una situación que empieza por una crisis económica, que a su vez genera una situación política, un acto de venganza del presidente de la cámara baja que impulsa el proceso… Es una situación muy fea, característica de un golpe de Estado donde la Constitución brasileña no está siendo mínimamente respetada.
EC —En esa explicación que usted da llama la atención que, si el origen de todo el proceso de impeachment es la situación de Cunha -los problemas con la Justicia que enfrenta o debería enfrentar quien entonces era presidente de la Cámara de Diputados-, después se hayan sumado a ese intento, a esa jugada política, tantos sectores aliados de Rousseff, grupos políticos que formaban parte de la coalición de este mismo gobierno, negociada muy pocos meses antes, para empezar el Partido del Movimiento Democrático Brasileño [PMDB], ¿no?
JEC —Exacto. Ahora, tenemos que prestar atención a una cuestión muy importante: Cunha y el señor vicepresidente de la República, Michel Temer, también son del PMDB. Tenemos una situación en la que Cunha decía a la señora Dilma -no él directamente, mandaba a sus mensajeros-: Si no se detiene la investigación de la Operación Lava-Jato [que investiga el esquema de corrupción en Petrobras], si no se paran las investigaciones contra mí y otros parlamentarios –porque en Brasil tenemos a muchos diputados y senadores que están siendo investigados por la Policía Federal y la fiscalía-, nosotros abriremos fuego contra el gobierno. La señora Dilma dijo: No, no vamos a hacer nada. Es legal y correcto que tengamos una investigación, poco importa si son compañeros de mi partido o no. La investigación es correcta, lo que no podemos hacer es cometer abusos legales en relación a esas investigaciones. La posición de la señora presidenta hizo que Cunha abriera el proceso [de impeachment]. Claro, el descontento de muchos parlamentarios con la señora Dilma también […] Esto crea una crisis económica, tenemos la situación que tenemos hoy.
Ahora, curiosamente hoy no tenemos encuestas de los grandes periódicos sobre la popularidad de la señora presidenta y del proceso de impeachment. La última encuesta es de hace un mes, creo, y muestra que rápidamente la población brasileña comenzaba a cambiar su posición con respecto al impeachment, en pocos dígitos: 8 % de los brasileños que habían querido un impeachment no lo querían más. Lo que tenemos hoy es una división muy clara. En el nordeste los gobernadores nos dicen que la mayor parte de la población no quiere el impeachment…
EC —Eso en las encuestas todavía no se refleja.
JEC —Curiosamente no sale en los periódicos. El gobierno de Maranhão, Flávio Dino, vino ayer y dijo que en su estado, hoy, 65 % de la población no quiere el impeachment. El gobernador de Piauí, Wellington Días, me dijo también que 55 % de las personas de su estado no lo quieren. Curiosamente la última encuesta decía que solamente 1 % de los brasileños querían a Temer presidente. Yo no sé hoy los datos reales -no tenemos condiciones de hacer encuestas, estamos fuera del gobierno-, pero la sensación que tenemos en la calles, de las manifestaciones de la gente, de los artistas, de los intelectuales, es que la mayor parte de las personas en Brasil me parece que están tomando consciencia, incluso las que no respaldaban a este gobierno, de que lo que está en juego ahora es la democracia, la Constitución, el Estado de derecho. Por eso las personas comienzan a decir “No” al impeachment.
