EC —El estudio que se presentó la semana pasada mostró que el consumo de drogas en fiestas electrónicas es alto: de las 28 muestras estudiadas, el 82 % dio positivo a la cocaína. ¿Qué conclusión hay que sacar?
DO —Justamente, una de las cuestiones que decíamos asociada a los riesgos: el policonsumo, la combinación de distintas sustancias, que genera cuadros mucho más complejos en términos de los efectos para la salud a cortísimo plazo, por las intoxicaciones que puede haber en la propia fiesta, pero también a mediano plazo.
EC —¿Cómo se controlan este tipo de fiestas? El consumo no está prohibido, pero el tráfico sí. Y es un hecho que mucha gente utiliza estos eventos para comercializar ese tipo de sustancias.
DO —Tenemos una estrategia de coordinación entre distintas instituciones que tiene varias facetas o varias áreas de trabajo. Una de ellas es la fiscalización. Es claro por la normativa que al Estado le corresponde un rol de fiscalización de distintos aspectos. Combinamos, por ejemplo, la participación del INAU en todo lo que tiene que ver con el acceso y la eventual dispensación de bebidas alcohólicas u otras sustancias a menores de edad; la administración de Servicios Sanitarios del Estado (ASSE) para tener un acceso fluido a asistencia médica, que tiene que existir, y las intendencias en lo que refiere al contralor de eventos públicos y a las condiciones en las que estos se desarrollan desde el punto de vista de acceso a espacios, a salidas bien iluminadas, la diferenciación de espacios. Hay varias prácticas que hacen a las obligaciones de los gestores y los productores de eventos, y ahí es muy importante fiscalizar y hacerlo bien y de forma coordinada entre los organismos públicos. Eso lo estamos haciendo. En vez de que cada organismo salga por su lado a ver solamente la parte que le toca, potenciamos el efecto fiscalizador compartiendo información y haciendo operativos coordinados.
Además hay una serie de prácticas que hacen a la producción de eventos, de fiestas y particularmente de eventos masivos que pueden generar un valor agregado en términos de cuidado de las personas. Muchas de esas acciones las promovemos, promovemos si se quiere una especie de calidad, que es este sello “evento cuidado”, que incorpora que se disponga de buenas zonas de descanso, que las fiestas tengan lugares donde los participantes puedan replegarse, salir de las zonas de más decibeles, estimulaciones y luces para poder descansar, y que haya un correcto acceso al agua potable, porque las drogas de síntesis generan episodios de deshidratación.
EC —¿Un buen acceso incluye que el agua esté disponible de manera gratuita o a precios razonables? Porque a veces aparece la polémica por el precio al que se vende el agua en esas fiestas.
DO —Sin duda. Entendemos que sería importante ir a algún tipo de regulación que no permita que se venda el agua a precios que resultan muy inapropiados, en algunos casos inaccesibles. Además son eventos muy largos, que comienzan muy temprano y terminan muy tarde, entonces las personas pueden quedarse sin dinero para seguir comprando agua, por eso es importante ofrecerla en forma gratuita. En estos espacios que denominamos “carpas de achique” –porque es bien importante tener una comunicación empática con los usuarios y habilitante– disponemos de agua potable gratuita para los casos en que sea necesaria, para que nadie se quede sin poder acceder al agua.
También estimulamos que los planos de distribución de los espacios estén muy visibles para las personas, que las personas sepan dónde encontrar, si los necesitan, espacios de descanso, de salida, para poder salir rápidamente del evento, y de atención médica. Coordinamos esto en una línea promocional, pero entendemos que en eventos importantes, cuando la participación supera las 1.000 personas, deberíamos ir a mecanismos de regulación que contemplen estas que por ahora son buenas prácticas para hacerlas cada vez más obligatorias. Contamos con una muy buena disposición del sector privado, cada vez más son las empresas y los productores de eventos que se acercan de forma voluntaria para que en los eventos que van a llevar adelante existan medidas de cuidado. Lo toman como un valor agregado, y entre los usuarios de las fiestas, las personas que asisten a las fiestas, también se ha generado una buena cultura de reclamar estos espacios y vincularse con quienes trabajan allí.
EC —Hace poco hubo una fiesta de La Terraza que resultó particularmente polémica, porque por iniciativa de los organizadores se instaló un laboratorio para analizar el contenido de las pastillas que habían llevado o que tenían en su poder los asistentes. Eso fue en el mes de julio. Lo hicieron en coordinación con Proderechos, que son activistas que desde 2006 trabajan en políticas de drogas, y de Energy Control, un programa de una organización española. Resultó controvertido ese sistema, incluso el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lo cuestionó, dijo “lo que se ha hecho está mal”, “si bien el consumo no está prohibido, sí su venta y distribución, por lo tanto no corresponde que un laboratorio analice la calidad del producto”. ¿Qué pasó con esta línea de trabajo?
DO —Sucedió en un evento, generó una gran polémica. No es la línea de trabajo que propone el gobierno; nosotros no desarrollamos en ningún caso en estos dispositivos de cuidado un testeo de sustancia in situ.
EC —El testeo era teóricamente para que la persona antes de consumir la pastilla tuviera un informe sobre qué contenía.
DO —Exacto, ese dispositivo buscaba que la persona conociera si había un riesgo inminente para su salud. El tema es que el límite entre avalar y promover el consumo y generar un dispositivo de reducción de riesgos y daños es muy delicado. Entonces el mensaje que se puede estar dando con un dispositivo de este tipo puede ser complejo.
EC —La JND no avala esa política, ese tipo de recursos.
DO —No es que no los avale; no nos corresponde, no tenemos competencia para avalarlo ni para prohibirlo. No es la forma de trabajo que estamos llevando adelante, que es esta otra que estaba contando: con operadores sociosanitarios, con información oportuna y con muy buena accesibilidad a un dispositivo de emergencias médicas para los casos en que fuera necesario, para poder actuar a tiempo y no nos pase aquí en Uruguay el triste episodio que pasó en Argentina.
EC —¿Los operadores sociosanitarios son los que algunas crónicas de prensa han definido como “socorristas”?
DO —Sí, aparecieron como socorristas. No es la manera como nosotros los definimos. Son personas que trabajan en muchos casos de forma voluntaria en la política de drogas, y otros son parte del equipo de la JND que están disponibles para atender situaciones. Son personas jóvenes, que no tienen un rol de contralor o de fiscalización, sino que están disponibles para desarrollar escucha y atención en lo que hace a la gestión de riesgos y daños en ese momento en particular.
EC —Se lo pregunto porque en esa nota se describía que uno de estos socorristas recorre la fiesta y va observando si encuentra algún joven, algún asistente que esté en un momento complicado y entonces opta por asesorarlo.
DO —Eso se puede haber realizado en algún caso, no es una práctica sistemática. Nosotros hacemos un buen plano del predio de la fiesta que todos los usuarios puedan tener para así saber en qué lugar –para su uso personal o para acompañar a un par, a un amigo– está ubicado el dispositivo sociosanitario, la ambulancia y la atención médica.
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