EC —Pero ¿qué es lo que logra la SUN con un comunicado como este? ¿Cuál puede ser el impacto de una comunicación así?
PR —Tanto la SLANH como la SUN creemos que las vías de salida no pasan por recortar los dineros que se dedican a este tipo de tratamientos en salud. Sabemos que son costosos, pero la salida pasa por no recortar este tipo de tratamientos e insistir, porque cuestan vidas y corresponde a las autoridades sanitarias del país resolverlas.
EC —Por eso mismo le preguntaba, ¿qué puede lograr desde Uruguay una declaración como esta? ¿No estaba la posibilidad, que se había manejado, de organizar alguna forma de colaboración con Venezuela en estos asuntos? Pienso en el envío de fármacos, en el envío de médicos incluso para colaborar, para asistir a los colegas venezolanos.
PR —Quiero dejarle bien claro que no está planteado el envío de médicos a Venezuela ni tampoco el envío de fármacos. La SLANH está haciendo tratativas y contactos a diferentes niveles y veremos qué tipo de resoluciones se toman. Además sabemos que esto no pasa por la voluntad de una sociedad científica, sino por niveles más políticos y de más alto nivel, más allá de las preocupaciones que podamos tener los nefrólogos.
Nuestra misión en este momento es alertar sobre estas limitantes en el acceso a estos tratamientos y dejar en claro eso, que esta situación no se da solo en Venezuela, sino en unos cuantos países. Usted puede revisar el Registro Latinoamericano de Diálisis, ahí se puede ver con claridad la cantidad de pacientes que se dializan por país por millón de habitantes. Hay una cantidad de países que tienen menos de 300 pacientes por millón de habitantes en diálisis, lo que habla de un acceso inadecuado al tratamiento sustitutivo de la función renal. Uruguay por ejemplo tiene 1.200 pacientes por millón de habitantes, eso habla de un acceso universal al tratamiento sustitutivo. En esos países la principal limitante es la falta de recursos destinados a este tipo de tratamiento.
EC —Usted dijo al pasar que no es a una sociedad científica que le corresponde instrumentar soluciones, colaboración con un pueblo como el de Venezuela en este caso, que se necesitan otras instancias, instancias políticas. ¿Qué está pasando con el gobierno uruguayo? ¿Ustedes están teniendo algún diálogo con el gobierno de nuestro país en esta materia?
PR —No, no hemos tenido diálogo. Hemos conversado esta situación con el Sindicato Médico del Uruguay, pero no con las autoridades del país.
EC —¿Ustedes conocen iniciativas internacionales que puedan estar preparándose para colaborar con la gente? Porque si el gobierno de Venezuela tiene las dificultades económicas que tiene, quizás apelaciones como estas que ustedes y las otras sociedades de nefrología del continente hacen no se traduzcan en hechos.
PR —No, lo único que sabemos es que la SLANH, que representa a todas las sociedades de nuestro continente, está haciendo tratativas y contactos. No sabemos todavía de medidas concretas que se puedan estar por implementar.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Qué estiman ustedes que puede significar esta situación? ¿Qué impacto puede tener en la población venezolana si se mantiene?
PR —Un paciente que está en tratamiento sustitutivo de la función renal y no se hace diálisis corre un riesgo vital inmediato. Lo mismo un paciente que no recibe la medicación inmunosupresora para su trasplante renal. Todas estas cosas dependen de la magnitud del problema, pero en la medida en que se alerta de este tipo de situaciones se genera una sensibilidad en la opinión pública y eso seguramente va a contribuir a que este tipo de cosas no sucedan o se puedan resolver. Ese es el objetivo de este tipo de comunicados que estamos emitiendo.
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Transcripción: María Lila Ltaif
