EC —Así que esta nueva era de la JUTEP arrancó a los tropezones.
RGI —Arrancó a los tropezones, pero a la vez nos permitió dar un mensaje de cómo queremos trabajar, de que queremos hacer más cosas, de que queremos hacerlo en serio, de que no nos sumamos a los tiroteos político-partidarios para sacar rédito. Está bien, el que lo haga que lo haga, pero nuestra función no es esa. Entonces el domingo yo estaba preocupado y hoy estoy menos preocupado, porque nos permitió aclarar ese tipo de cosas, mostrar que queremos trabajar de otra manera; lo que tú mencionabas, una actuación de oficio es un hecho nuevo e importante. Y también nos importaba ver cómo reaccionaba todo el sistema y cómo reaccionaba la gente, y hemos recibido por varios lados que nadie lo ve mal y que la mayor proactividad de la JUTEP parece interesante.
EC —Teniendo en cuenta que, como usted mismo lo marcó, la justicia ya tiene el tema, porque a las 24 horas de haber salido la nota inicial de Búsqueda, dos legisladores de la oposición le llevaron el material, ¿para qué actúa la JUTEP?
RGI —Por varias cosas. Primero, porque, como te decía, de un artículo periodístico yo no concluyo si hay o no delito si antes no hablo con el organismo que me pueda dar la información objetiva. Segundo, ¿lo único que puede pasar en estos temas es un delito? Estoy tratando de mostrar que no.
EC —Ese es un punto importante.
RGI —Hay cosas que no son delito pero están mal. Algunas están mal y violan normas de Uruguay, hay un decreto 30 del año 2003 que dice muy claro cómo se tienen que comportar los funcionarios públicos. Y aunque no haya delito, puede haber faltas y faltas graves.
EC —El artículo 34 del decreto 30 del 23 de enero de 2003 dice: “Prohíbese a los funcionarios públicos el manejo de fondos en forma distinta a la legalmente autorizada. Siendo responsable de su pago cuando comprometa cualquier erogación sin estar autorizado para ello. El funcionario está obligado a rendir cuenta documentada y comprobable de la versión, utilización o gestión de los fondos recibidos”. Usted dice que la violación de ese decreto no es un delito.
RGI —No necesariamente es un delito. Ese decreto tiene más cosas interesantes, habla de la probidad. Entonces, a veces llevar siempre a la justicia estos casos se traduce en que si la justicia dijo que no hay delito el tipo estuvo bárbaro, estuvo bien, yo digo que no siempre, aunque la justicia diga que no hay delito, estuvo bien. Además, además de los decretos y de la norma, hay temas éticos, creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace cuando, primero, el que nos paga es el ciudadano, y segundo, el mundo cambió, y hoy el tema de la corrupción obliga a que un funcionario público tenga que estar mucho más dispuesto a poner la cara frente a la gente y hacerse responsable de lo que hizo.
RA —¿Qué grado de comunicación tuvo con la ministra de Educación y Cultura? Porque si bien la JUTEP tiene independencia técnica, se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del MEC y a partir de ello puede haber una lectura contradictoria. Por un lado, trascendió que el gobierno y el propio presidente de la República respaldan a Sendic, pero, por otro, un organismo gubernamental lo está investigando.
RGI —Un organismo gubernamental con independencia técnica. Nosotros no tuvimos en ese tema ninguna comunicación con ningún integrante del gobierno.
EC —Ustedes no consultaron al gobierno…
RGI —No.
EC —… ¿y no recibieron del gobierno después, cuando se conoció la noticia, ninguna reacción?
RGI —No. No tenemos por qué consultar y no consultamos, y no nos debería llamar nadie por hacer lo que la ley nos permite hacer. Y no nos llamó nadie, por suerte.
***
RA —¿Específicamente qué información le solicitaron a Ancap? ¿Qué diferencia tiene con el detalle de las compras que publicó el semanario Búsqueda a partir del pedido de acceso a información pública que hizo? ¿Ustedes van a pedir ese listado detallado de todas las compras de las tarjetas corporativas del directorio en determinada fecha?
RGI —No, lo que nos importa es la posibilidad de que haya un uso indebido. Entonces lo que pedimos no fue ningún detalle de los gastos, en qué gastó cada cosa. La pregunta fue: ¿nos puede dar la información de si los gastos fueron institucionales o hubo algún gasto de tipo personal? ¿Se detectaron gastos personales?
EC —Se ha dado mucha discusión a propósito de algunas de las compras que se divulgaron, como una compra que Sendic realizó en el surfshop de La Paloma en enero de 2011 o la compra de un colchón en Divino. ¿Consultan sobre esos casos específicos?
RGI —No, no consultamos con ningún nombre, de ninguno de los directores o funcionarios, ni siquiera hablamos de directores o funcionarios, decimos “las tarjetas corporativas”. Lo que preguntamos es: ¿hubo uso de tarjetas corporativas para fines personales? Y si lo hubo, ¿el funcionario o directivo reintegró el dinero?
RA —Apunta al análisis que hace el propio organismo de esos gastos.
RGI —Y a ver si el propio organismo tiene las herramientas para dar respuesta a eso.
EC —Y una vez que tengan esos datos, ¿qué van a hacer?
RGI —Analizarlos.
EC —¿Los van a divulgar? ¿Van a transparentar esa información?
RGI —Depende de lo que sea. La idea nuestra en este tema es: todo lo que se pueda transparentar hay que transparentarlo. Al analizarlo puede pasar, primero, lo más fuerte –esto es totalmente hipotético–, que haya elementos que nos dejen dudas sobre la eventualidad de una irregularidad de tipo delictivo. Ahí automáticamente lo pasamos a la justicia y el dueño de la información es la justicia, yo no puedo transparentar algo que tiene un dueño que es la justicia. Yo he trabajado mucho con la justicia y con los juzgados de Crimen Organizado, los dueños son ellos. Segundo, puede pasar que uno diga: esta respuesta amerita que se archive esto, se terminó este expediente. O, tercero, una zona intermedia en que puede haber ampliación, puede haber algo que no es delictivo pero es censurable o sancionable. Entonces no me puedo anticipar a la respuesta, no especulo. Esperemos la respuesta y ahí veremos.
