EC —Ustedes están intentando implementar un sistema para recepcionar denuncias de la población. ¿Cómo es eso?
RGI —Es eso, exactamente. Decimos: somos un organismo con poquísimos recursos, la gente está preocupada por este tema, el año pasado hicimos algún evento a nivel de compras públicas, licitaciones, con funcionarios públicos de alto rango, nos quedaron algunas preocupaciones. Entonces la idea es que la ciudadanía pueda participar de esto si abrimos vías para que un organismo, que podría ser la JUTEP, pero puede ser cualquiera, alguien reciba denuncias de la población vinculadas al tema corrupción.
EC —Una especie de ombudsman…
RGI —Una especie de ventanilla única, donde el que tenga un tema vaya y lo denuncie por internet, sin problemas, podés prever que si quiere sea anónima o que sea con nombre. Eso implica que alguien, que podría ser la JUTEP, reciba todo eso y lo analice de la misma manera que te planteaba que analizamos esta información que pedimos a Ancap. Primero hay una zona que seguramente es absolutamente descartable, porque no hay hechos comprobados, metí la denuncia porque le tengo bronca a mi jefe, quiero perjudicar a tal o cual partido político…, Alguien tiene que recibir todo eso y decir “esto no”.
Después, “esto es grave, parece que hay un delito. Automáticamente pasémoslo a la justicia” o, después de que entre el nuevo Código del Proceso, al Ministerio Público.
Y una zona intermedia donde no hay evidencia de delito, y podemos pasarlo a tal ministerio o a tal organismo, porque parece ser una cosa interesante. Eso supone que en el ministerio o en el organismo tenés un contacto confiable. Porque todo esto supone tratamiento serio, de parte del denunciante, y por sobre todo de parte de quien lo recibe. Serio quiere decir: todas las denuncias se trabajan igual, no me importa a quién afectan, si es de mi partido o de otro partido, se dan garantías de reservas al denunciante si se sabe su nombre. Nos parece que es un mecanismo interesante para decirle a la ciudadanía: señores, acá hay una forma en que usted nos ayude; estamos todos preocupados por la corrupción, acá usted tiene un canal, úselo bien.
RA —¿A partir de cuándo prevén que esté en marcha ese canal? ¿Qué tan avanzada está esa vía?
RGI —Está avanzado en dos sentidos y no tenemos plazo. Uno es empezar a convencer de que esto sirve a, entre otros, los legisladores, para que haya un marco específico para esto. Yo podría decir que entra dentro de las potestades actuales de la JUTEP y no estaría forzando, pero creo que sería bueno tener un marco específico y tal vez el proyecto de ley que se está discutiendo en Diputados sobre declaraciones juradas pueda ayudar.
Lo otro, hay un problema de instrumentación, precisás un programa, un software, una serie de cosas. Estamos peleando con una página web, un portal nuestro que es malísimo, que tiene muchas debilidades. Si podemos arrancar con esto a principios de 2018 yo estaría superconforme.
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EC —Preguntan desde la audiencia: “¿Cuáles son los antecedentes del señor Gil? Me suena su nombre”. El contador Gil Iribarne fue entre 2005 y 2010 responsable de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, y fue director de proyectos de Gafisud, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, un organismo que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
RGI —Sí, probablemente, desde el punto de vista de Uruguay sea esa etapa, sobre todo la etapa de la Secretaría Antilavado, que al principio no era ni siquiera Secretaría Antilavado, era un organismo muy chiquito en Presidencia. Participamos mucho en algunos casos públicos en apoyo a la justicia, incluso el año pasado trabajé en una parte del caso FIFA-Figueredo, siempre trabajando con los juzgados de Crimen Organizado, por ahí puede sonar el nombre. No soy mucho más famoso que eso.
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Transcripción: María Lila Ltaif
