EC —¿Entonces? Usted mismo había defendido mucho la posibilidad de que resolvieran al final, en el momento del retiro.
AS —Sí, porque desde mi punto de vista era una forma de buscar construir un acuerdo. El MPP (Movimiento de Participación Popular) tenía una posición de acuerdo con el proyecto original que había presentado el Poder Ejecutivo, pero en aras de construir determinados acuerdos creíamos que la elección al final podía impactar, por esto que te acabo de decir, no solo porque la gente elegía sobre la certeza, no sobre una proyección, sino que además iba a haber un conjunto de trabajadores que no se iban a jubilar a los 63 años, iban a seguir trabajando y eso bajaba los costos del proyecto. Pero eso no contemplaba las aspiraciones o las propuestas de varios compañeros, los compañeros del propio FLS en determinado momento tampoco acompañaron la idea de que fuera al final, porque entendían que había que trabajar sobre la base del recorte para dar certeza de que el proyecto iba a costar menos, entonces se cayó esa posibilidad.
La gente tiene que asesorarse con el BPS, el BPS le va a dar una proyección, no le va a decir “si se jubila a los 60 le correspondería tanto por el régimen mixto, tanto por este régimen que estamos creando; a los 61, etcétera”, va a asesorar en 10 años, le va a decir: “en estos 10 años, en las condiciones en que usted está hoy, si se jubila tiene esto”. Va a dar una proyección –no es un hecho consumado, si uno elige al final está claro que es un hecho consumado– que les va a permitir a los trabajadores elegir si les conviene o no con cierto grado de precisión.
EC —Y después, a llorar al cuartito. Si llegado el momento del retiro resultó que eligieron mal, ¿no va a haber otra movilización, no va a haber otro cambio en la normativa?
AS —No está planteado que haya otro cambio. Creo que es muy difícil que los trabajadores elijan mal, me parece que los que están en la frontera de que les podría servir mantenerse un tiempo más en el régimen de capitalización individual con esta medida no harán la opción. Quienes van a tomar esta opción son aquellos que están más lejos de la frontera, por tanto siempre va a ser más conveniente el régimen que les estamos ofreciendo que el que tienen actualmente.
EC —Por otro lado, se incorpora a la solución de los cincuentones a los afectados por el régimen mixto que ya se jubilaron. ¿De cuántas personas estamos hablando?
AS —Son unas 2.400 personas, aproximadamente. Son personas que tienen la misma condición de los cincuentones, son afectadas por el artículo 2 de la ley que estamos modificando, que fueron obligadas porque en aquel momento ganaban más de $ 5.000 y tenían menos de 40 años. Recordemos que en Uruguay hay muchas actividades laborales que obligan a jubilarse a determinada edad, sin opción para el trabajador. Por ejemplo, el Estatuto Docente obliga a que los docentes de primaria y secundaria a jubilarse después de 40 años de ejercicio. Eso hace que muchas personas pertenecientes a este colectivo de los cincuentones se hayan visto obligadas a jubilarse en ese momento.
EC —¿Qué van a poder hacer ahora con la ley?
AS —Los podemos incorporar en las mismas condiciones, es decir, si deciden optar tendrían que revocar el contrato de renta vitalicia que tienen con el Banco de Seguros del Estado (BSE), la ley se lo va a permitir. Pasarán en las mismas condiciones, con el 0,90, al BPS desde el momento en que tomen la decisión. Esto no es retroactivo, si la persona opta por el BPS, revoca el contrato en el BSE y a partir de ese momento empieza a cobrar con los topes establecidos por el proyecto de ley.
EC —Esto no estaba en el proyecto inicial del Poder Ejecutivo.
AS —No estaba en el proyecto original.
EC —¿Y no aumenta el costo? Porque la preocupación que estaba de por medio sobre todo era el costo total de la solución. ¿Qué pasa con el agregado de este grupo?
AS —Esto significa un aumento de costo. El hacer un recorte del 10 % genera una disminución del costo del proyecto que estamos considerando del orden del 38 %. Incorporar jubilados implica que el ahorro en el proyecto es del orden del 35 % del costo del proyecto original. Si bien tiene costo, entendimos que desde el punto de vista de equilibrar el proyecto es una señal hacia un conjunto de trabajadores que estaban peleando por una reivindicación, a quienes les estamos diciendo “tu reivindicación no va a ser el 100 %, va a ser el 90 %, vas a tener una pérdida del 10 %, pero con esa pérdida del 10 % no solo preservamos las cuentas públicas, sino que también incluimos a otro colectivo que no estaba, que es el de los jubilados, que tiene las mismas condiciones que tú y que tuvo los mismos problemas que tú”. Así razonamos el proyecto para tratar de hacerlo más equilibrado.
EC —Por otro lado, el proyecto que se acordó ayer establece que las comisiones por administración que cobran las AFAP no podrán exceder más de 50 % el valor de la comisión más baja del sistema. Esto no tiene referencia solo a los cincuentones, es una medida que abarca a todos los trabajadores porque rige de ahora en adelante para quienes hoy están aportando. De ahora en adelante se hace este monitoreo y se establece este tope a las comisiones.
AS —Exactamente, es de aquí hacia el futuro. Esto parte de la base de una visión bastante crítica con respecto al costo de las comisiones, que entendemos que estaban muy elevadas. Lo que estamos regulando aquí es la dispersión, establecemos que sobre la comisión mínima, que básicamente hoy es la de República AFAP, el resto de las administradoras pueden cobrar comisiones pero no pueden exceder el 50 % del valor de ese factor mínimo.
EC —Llamó la atención que apareciera esta disposición en el proyecto. Fuentes de la bancada del FA consultadas por En Perspectiva explicaron que apareció en el planteo que hizo el grupo IR a efectos de contemplar a los sectores que no querían modificar el proyecto del Poder Ejecutivo pero al mismo tiempo son críticos del sistema mixto que se creó en el año 1996. Fue una especie de concesión a esa visión crítica, que hasta ahora no ha logrado espacio en el gobierno, porque no hay medidas de cambio del sistema del año 96.
AS —No, eso es verdad. El FA ha resuelto en sus diferentes congresos programáticos la eliminación del lucro en la seguridad social. Y esto en definitiva se alinea con esa posición programática del FA, porque francamente estamos en una situación en que algunas administradoras cobraban elevadísimas comisiones a los trabajadores. Recordemos además que el sistema de comisiones merece ser regulado por la dispersión, primero porque los trabajadores necesariamente tienen que tener una administradora de su fondo, y segundo porque muchas veces se les asigna de oficio esa administradora y deben permanecer un tiempo si después se quieren cambiar.
Pero amén de esta situación, recordemos que las comisiones que cobran las AFAP son comisiones anticipadas. En el mundo en general si yo tengo dinero y se lo doy a un grupo inversor para que lo invierta y lo haga crecer –que en definitiva es lo que hacen las AFAP, invertir el ahorro individual de los trabajadores para que tenga retorno y crezca–, quien administra el dinero cobra una comisión o un porcentaje de las ganancias, pero nunca cobra por adelantado una comisión. Y tú no sabes si vas a ganar dinero o no, si ellos van a hacer bien su trabajo o no. Incluso en Chile, que es uno de los países que primero avanzaron en la reforma de la seguridad social de este tipo, se plantearon otro esquema, hacen una especie de subasta de los nuevos afiliados y el que propone la comisión más barata se lleva a todos los nuevos afiliados de ese año. Nos pareció que eso era un cambio demasiado complicado para establecer en Uruguay. Además hay tres actores privados que manejan fondos previsionales, no puede haber una dispersión tan grande entre esos tres actores que haga que uno cobre una comisión y el otro cobre el doble. Por lo menos bajémosla al 50 %.
