RA —Una de las principales críticas que recibe el proyecto de inclusión financiera es el costo que implica para los comerciantes, en especial para los pequeños, el cobro con tarjeta, tanto de crédito como de débito. ¿Podemos ordenar esa información y ver cuánto deben pagar los comercios por vender con tarjetas de crédito o de débito?
MV —Ese fue uno de los focos que tratamos de poner ayer en las reuniones en Maldonado. Como se ha manejado mucha información imprecisa, errada, hicimos un esfuerzo de recopilar datos e información y se los entregamos a la Cámara Empresarial de Maldonado y a los directivos de Crece.
En el mundo el tema de los aranceles es una información muy opaca, en general no hay información pública transparente sobre cuánto se cobra. De todas maneras hicimos un relevamiento de información de los países de la región, en particular de los aranceles máximos, que son los que paga el pequeño comerciante. Muchas veces cuando se discuten estos temas se mezclan aranceles de crédito y aranceles de débito, que son cosas diferentes, o se compara un máximo con un mínimo, que no tienen nada que ver. Por poner algunos ejemplos, de una lista de ocho países de los que pudimos obtener información, solo dos tienen aranceles máximos menores que los de Uruguay, que son Argentina y Chile. En Argentina y Chile el arancel máximo está en el orden del 1,5 %, y en Uruguay el arancel máximo por tarjeta de débito que paga el pequeño comercio está en 2 %. Pero hay un cronograma definido que nos lleva al 1,5 %, al que estimamos que vamos a llegar sobre fin de año, con lo cual nos estaríamos ubicando en el arancel máximo por tarjeta de débito menor de la región.
Pongo otros ejemplos para poder comparar. El arancel máximo de tarjeta de débito en Brasil es 2,5 %. En este mismo programa, algunos de los dirigentes de CEDU manejaban cifras sustancialmente menores, que seguramente correspondan al arancel promedio, que no es el que paga el pequeño comercio.
RA —Justamente, cuando hablábamos la semana pasada con el titular de la CEDU, Miguel Feris, él decía que según los números que manejan en el caso de las tarjetas de débito los comercios chicos están pagando 2,3 % aproximadamente y las grandes superficies, en contraste, por debajo del 1 %. Y señalaba que esos porcentajes que usted suele citar “no son comprobables”, no son contrastables, que ellos tienen la realidad de hablar con los pequeños comerciantes en el día a día y de saber cuánto le cuesta al comercio en el día a día.
MV —Nosotros sistemáticamente les hemos dicho que nosotros ponemos el marco de referencia global, cuánto debería ser el arancel máximo, pero quien sabe cuánto efectivamente les están cobrando es el comerciante. Hemos invitado a todos –cuando nos hemos reunido con Cambadu, con CEDU ayer en Maldonado– a que nos proporcionen información y no hemos encontrado ningún caso en el cual esto no se cumpla. Cuando hablamos del arancel máximo del 2 %, es para el empresario más pequeño, lo que se conoce como literal E o monotributista. El arancel máximo general está en 2,2 %. Y no conocemos ningún comercio que nos haya hecho llegar la información al que se le esté cobrando por débito un arancel mayor del 2,2 %.
Pongo otros ejemplos, en Colombia el arancel máximo es 6,8 %, en México es 6 %, y este es el único país en el cual hay información pública, porque el Banco Central de México publica en su página web esta información. Una iniciativa que nos parece muy importante porque ayuda a transparentar y que estamos trabajando junto con el Banco Central del Uruguay (BCU) para implementar en Uruguay, para que se acabe toda esta discusión.
Transparentemos la información, veamos cuánto es el arancel máximo, cuánto es el mínimo, cuánto es el promedio por ramo de actividad. Cuando tengamos ese relevamiento del BCU de las instituciones que están supervisadas por el propio banco, vamos a tener información transparente y clara para poder dar una discusión sobre bases reales y no sobre afirmaciones que muchas veces son muy difíciles de contrastar en la realidad.
RA —¿Qué grado de obligatoriedad tiene ese arancel máximo que se establece? Usted decía que no han recibido ninguna queja; supongo que hay que plantearla en el Área de Defensa del Consumidor.
MV —No, esto no es un precio regulado, por lo tanto si algún emisor de tarjeta de débito cobra por encima de ese porcentaje no está cometiendo una ilegalidad. Sí hay un compromiso público de los emisores en cuanto a que esa es la trayectoria. Y hemos bajado, hace unos años el arancel de débito estaba en 7 %, hemos ido atravesando distintos escalones de rebaja, hoy estamos en estos valores y yendo en este cronograma hacia el 1,5 %. Es un compromiso de los emisores.
Nos importa saber si hay incumplimientos de ese compromiso. Eso cambiaría la forma de relacionamiento que tenemos, porque se estaría incumpliendo un compromiso que no es de orden legal, pero sí se basa en la palabra de cada uno de los actores, instituciones financieras y no financieras en todo este proceso, que para nosotros es muy importante.
EC —Por ahora, el Poder Ejecutivo, el MEF, se mantiene en la tesis de que no hay que legislar en esta materia, no hay que regular esta materia.
MV —Las experiencias de regulación administrativa de precios nos muestran en la región, en el mundo e incluso en nuestro país que no es un camino muy conveniente. Voy a poner un solo ejemplo que creo que ayuda a ilustrar. Había una preocupación muy grande por la tasa de interés que se les cobraba a los microempresarios por los créditos que solicitaban, entonces, en el marco de la ley de usura se estableció un tope bastante estricto y riguroso respecto a la tasa de interés máxima que se les podía cobrar a los microempresarios. La consecuencia de esa medida, que estaba muy bienintencionada, cuyo fin era facilitar y abaratar el acceso al crédito para los microempresarios, fue que este crédito desapareció, prácticamente dejó de existir, y el microempresario que precisaba un crédito terminó endeudándose como persona a tasas de interés mucho más elevadas.
Entonces regular precios administrativamente puede perseguir un objetivo muy loable, muy defendible, pero en la práctica lleva a que los mercados desaparezcan, a que exista racionamiento, a que no exista posibilidad de acceder al bien que se quiere proteger.
EC —Ya vamos a volver sobre este tema a propósito de los proyectos de ley que se están manejando. Lo marqué acá porque usted insistía mucho en que ese proceso, ese cronograma, es algo hablado, pactado, charlado de común acuerdo, no es una obligación, no es una norma.
MV —Es más que algo hablado, es un compromiso escrito, firmado.
EC —Pero no es una ley, no se dispuso en un decreto, en una ley.
RA —Otro punto que se cuestiona es la diferencia con las grandes superficies. ¿Qué datos tienen relevados de las grandes superficies?
MV —De nuevo, nos enfrentamos a que no hay información pública, por lo tanto nos tenemos que manejar con la información que recabamos. La información que manejamos en este momento es que en el caso de tarjetas de débito la dispersión entre el pequeño comercio, el literal E, el monotributista, que tiene un arancel del 2 %, y las grandes superficies no supera el 0,2 %, 0,3 %.
RA —De diferencia.
MV —La diferencia entre lo que se le cobra al grande y al más pequeño. Lo cual es una situación absolutamente extraordinaria en el mundo, tener niveles de dispersión tan pequeños es algo que uno no observa en otros países. De todas maneras, no tenemos información sobre cuánto se le cobra a la gran superficie, como tampoco tenemos sobre a cuánto les vende el proveedor de las principales marcas de yerbas del país al pequeño comercio y a la gran superficie. Seguramente el precio que los proveedores les hacen a las grandes superficies sea bastante menor que el precio que para los pequeños comerciantes. No tenemos esa información, por eso vamos a trabajar con el BCU para que esa información sea pública y podamos conocerla.
Pero tengamos en cuenta que el pequeño comercio, en toda su actividad en general, por un tema de escala y de capacidad de negociación, maneja precios superiores que los que manejan las grandes superficies. En el caso de la tarjeta de débito hemos logrado, a partir de este proceso en el que hemos venido trabajando en los últimos años, que haya una situación de virtual trato igualitario entre los dos, lo que nos parece un avance muy importante.
