RA —Cuando entrevistamos al titular de la Confederación Empresarial del Uruguay nos señalaba otras cifras de las grandes superficies, que estaban en torno a 1 % o menos incluso. De todas formas, ¿por qué el gobierno permite que exista esa distinción entre grandes superficies y pequeños comerciantes que se pueden ver más perjudicados? ¿No debería regularse para unificar ese costo y que los pequeños comercios no queden en desventaja competitiva?
MV —Ayer nos plantearon esas cifras y les pedimos que nos proporcionaran información sobre de dónde surgen esos valores, quedaron en enviar esa información. Cuando nos la envíen podemos analizarla.
Uno como consumidor cuando va a cualquier local quisiera que le cobraran la mitad de lo que le están cobrando por cualquier producto, es razonable y legítimo. Pero los productos y los servicios tienen un costo. Y al momento de enfrentarse a negociar con el proveedor, las condiciones son muy diferentes entre el pequeño comerciante y el gran comerciante. ¿Eso nos va a llevar a regular todos los precios de todos los proveedores y todos los productos? ¿Ese es el enfoque que queremos para el funcionamiento de nuestra economía? Nosotros entendemos que no.
Creemos que es importante primero transparentar la información, y en eso estamos, pero además proteger al pequeño comerciante. Porque una cosa cierta de lo que decía Feris aquí en la radio es que el pequeño comerciante no tiene quién lo defienda. En el tema específico de los aranceles de las tarjetas de débito el gobierno ha hecho acciones muy importantes que han permitido que el pequeño comerciante baje el costo de las tarjetas del 7 % que pagaba hace unos años al 2 % que paga hoy y dentro de unos meses estará pagando el 1, %. Esos nos parecen ejemplos claros, concretos de acciones que van en una dirección marcada de protección, de defensa del pequeño comerciante, con resultados concretos. Uno siempre puede aspirar a mejorar, y nosotros no es que pensemos que estamos bien, siempre hay posibilidades de mejorar, pero nos gusta mirar el vaso medio lleno en lugar del vaso medio vacío, valorar lo que se ha hecho, valorar los avances y seguir profundizando en la línea que venimos transitando, que entendemos que ha dado resultados muy positivos.
EC —Sí, una parte del malestar puede venir de un razonamiento como este que el comerciante puede hacer: lo que usted está planteando a propósito de cómo son las comisiones en otros países del mundo, incluso del proceso que se está dando acá, es muy interesante, pero a mí me obligan a cargar con esos costos. Hasta ahora yo no tenía esa obligación, podía vender como se me ocurría, y por lo tanto si me parecían altos los aranceles, no asumirlos. Ahora tengo que asumirlos, el gobierno me obliga a asumirlos.
MV —Ese es otro de los temas en los cuales se ha manejado información de manera muy imprecisa y muy equivocada. El comerciante no está obligado a aceptar tarjetas, ni de débito ni de crédito.
EC —¿En qué etapa se encuentra el proceso de obligatoriedad?
MV —No hay ningún proceso de obligatoriedad. Este tema nos llevó muchísimo tiempo ayer, que los comerciantes de Maldonado entendieran que no hay obligación. No está previsto como criterio general que los comerciantes estén obligados a aceptar tarjeta; al contrario, la ley a título expreso establece en su artículo 64 que el comercio podrá aceptar y podrá no aceptar. Hay una única excepción vigente en este momento, que son las estaciones de servicio en la noche y estamos discutiendo cómo se va a implementar las 24 horas. Y estamos avanzando en algún tipo de restricción al uso del efectivo en el taxi. Son los dos únicos sectores de actividad, estaciones de servicio y taxis, en que por razones de seguridad está planteada la restricción al uso de efectivo. En todo lo demás el comerciante es libre de aceptarlo.
RA —De todas formas, algunos señalan: está bien, no tengo obligación de aceptar tarjeta, pero el sistema tiende a eso, si el gobierno establece que es obligatorio el pago –por ejemplo– de sueldos a través de la inclusión financiera y de los sistemas electrónicos y de las tarjetas, si no lo acepto quedo fuera del circuito, quedo fuera del sistema. Eso nos lo señalaba Feris, por ejemplo.
MV —Aun sin ley, antes de la implementación de la Ley de Inclusión Financiera, la mitad de los trabajadores ya cobraban su sueldo a través de cuentas bancarias y el uso de la tarjeta de débito era insignificante. Entonces que uno cobre a través de una cuenta con una tarjeta de débito no es sinónimo de que la vaya a utilizar. Por lo tanto, que tendamos a que el pago del salario se haga a través de medios electrónicos no implica su uso.
Pero el mundo va en esta dirección, es una realidad. La tendencia a usar medios de pago electrónicos es algo que uno observa en todo el mundo, no solo en el mundo desarrollado, sino también en la región. Porque los consumidores están cambiando sus hábitos desde todo punto de vista, desde el uso del celular en adelante. Los consumidores hoy no tienen nada que ver con los consumidores que teníamos 10, 15 o 20 años atrás. La tendencia a usar los medios electrónicos está instalada y el mundo avanza en esa dirección, aun sin ley.
Entonces si el gobierno, mediante las políticas públicas, no tomaba ninguna acción, este proceso de mayor uso de los medios de pago electrónicos iba a llevar a profundizar la brecha entre el pequeño comercio y la gran superficie, porque las condiciones eran muy diferentes. Por tanto si de alguna manera no revertíamos esa diferencia en un proceso que profundizaba el uso de los medios de pago electrónico, este generaría mayores inequidades para el pequeño comercio. Hemos logrado igualdad en el tratamiento y en muchos aspectos un tratamiento favorable para el pequeño comercio, porque se han dispuesto subsidios, por ejemplo para los POS (point of sale, punto de venta), se han establecido incentivos y rebajas, por ejemplo en las retenciones de impuestos para los pequeños comercios. Hay una serie de medidas que apuntan a favorecer al pequeño comercio. Precisamente, como el mundo va en esa dirección, tenemos que generar condiciones para que el pequeño comercio se pueda incluir y que este avance en el uso de los medios electrónicos no signifique una mayor exclusión de los comercios pequeños.
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