EC —Tengo una cantidad de preguntas de los oyentes. Por ejemplo, este mensaje que viene de Rivera: “Me obliga la ley a aceptar el pago por tarjeta y no en efectivo. En algunas tarjetas de pocos usuarios me cobran el cheque, el envío y la comisión, en una venta de poco monto no gano nada”.
MV —El primer punto ya lo aclaramos, el comercio no está obligado a aceptar tarjetas de débito y menos aún tarjetas de crédito. Y los otros aspectos son de esos detalles operativos que muchas veces los comerciantes no conocen. Es posible que le cobren el envío de estado de cuenta, pero tiene la posibilidad de recibirlo de manera electrónica y que eso no tenga costos. Si el comerciante opta por cobrar con cheques, es posible que le cobren el cheque e incluso que el plazo de pago –en débito, por ejemplo– no sea 24 horas sino mayor, pero es importante recordar que todos los pequeños comercios tienen el derecho, a partir de la Ley de Inclusión Financiera, a tener una cuenta bancaria gratuita en la cual recibir los cobros, y ahí el pago con tarjeta de débito se acredita a las 24 horas hábiles y no tiene ningún costo. Por lo tanto, hay costos en los que eventualmente algún comerciante puede estar incurriendo, pero es importante aclarar que hay mecanismos por los cuales esos costos se pueden evitar, tanto en cuanto al envío de los estados como al cobro de cheques sustituyéndolo por cobro mediante acreditación en cuenta.
RA —El oyente termina planteando “no gano nada”. Esa es otra crítica que se suele escuchar de los comerciantes más pequeños en este último tiempo, que el margen de negocio se les achica. Señalan que a veces hay un margen de 5 % y que, por los aranceles que terminan pagando, sea 2 %, sea 4 %, se les reduce mucho su ganancia. ¿Al gobierno no le preocupa que estos pequeños negocios puedan terminar cerrando, o incluso pasando a la informalidad, quedando por fuera del sistema para lograr sobrevivir?
MV —Obviamente la preocupación del gobierno va en la dirección de generar condiciones para que la actividad económica se sostenga y crezca y que la actividad de los pequeños comercios pueda desarrollarse cada vez de mejor manera. Y las acciones que estamos tomando van en esa dirección. Decíamos que el uso de los medios de pago electrónicos es una tendencia, que si no hubiéramos generado todas estas mejoras para el pequeño comercio su situación sería peor. Sobre los márgenes de utilidad, nosotros no los conocemos, pero si hoy un pequeño comercio paga de arancel más o menos lo mismo que una gran superficie, hemos logrado generar condiciones por las cuales la mayor utilización de los medios de pago electrónicos no se distorsione la capacidad de competencia del pequeño comercio con el grande.
Otro elemento importante que fue manejado en la entrevista que realizaron ustedes la semana pasada. A partir de afirmaciones de que se estaba dando un cierre masivo de pequeños comercios, hemos chequeado en particular cifras del departamento de Maldonado para poder aportar información que clarificara la discusión. Cuando comparamos enero y febrero de este año con enero y febrero del año pasado, la cantidad de comercios formales –formales en la medida en que están aportando a la DGI– en Maldonado ha aumentado, y precisamente ha aumentado la cantidad de pequeños comercios. Por lo tanto con información, con datos firmes, no estamos observando un proceso creciente de cierre de pequeños comercios. Al contrario, cuando comparamos los datos de quienes están aportando a la DGI, lo que vemos es que la cantidad de comercios aumenta y ese aumento se da en los pequeños comercios.
RA —Ese impacto en los pequeños comercios está generando inquietud en varios legisladores de distintos partidos. Por ponerle un ejemplo, el más reciente, el senador frenteamplista Leonardo de León informó ayer que la bancada del oficialismo acordó presentar en los próximos días en la Cámara Alta un proyecto de ley para topear los aranceles en las transacciones con tarjetas de débito en 0,5 % y de crédito en 1,5 %. ¿Está al tanto de esta iniciativa? ¿Qué opinión tiene al respecto? Ya explicó en líneas generales por qué entienden que no es conveniente regular, pero ¿pudieron conversar sobre esto?
MV —Nos enteramos por la prensa de este proyecto. Hoy en la mañana tuve oportunidad de conversar telefónicamente con el senador De León; hasta donde entendemos, no es un proyecto de la bancada, es una iniciativa que ha tomado el senador o el sector, que se va a discutir próximamente en la bancada. Nuestra opinión es claramente contraria a iniciativas de este tipo. Regular administrativamente los precios es un camino de ida, una vez que uno empieza por acá, después dice “si regulo este precio, ¿por qué no regulo este otro?”, y terminamos en una economía con precios regulados. Creo que hay bastante evidencia de que no es un camino adecuado.
Por otro lado, es muy difícil fijar un valor máximo en un mercado que es muy opaco, en el que hay poca información. No manejamos toda la información de todos los países, pero yendo de nuevo al caso de México, donde hay información pública, oficial, prácticamente en un solo sector de actividad el arancel mínimo de tarjeta de débito es de 0,5 %, en todos los demás los aranceles son mayores, llegan a ser de 6 %. Entonces, plantearnos, con la escala que tiene Uruguay, que es posible funcionar con un arancel máximo para tarjetas de débito de 0,5 % requeriría mucho trabajo, mucha fundamentación, que desconocemos, tendremos oportunidad de conversarla y analizarla con el senador y con la bancada. Pero nuestra primera reflexión es que Uruguay ha venido transitando un camino que creemos que ha dado resultados positivos y que lo que tenemos que hacer es profundizar en esa línea y no innovar en caminos que muchas veces se aproximan a un atajo, cuando en estos temas los atajos no siempre son los mejores compañeros.
RA —La contracara de eso puede ser cuánto están ganando los emisores de tarjetas de débito y de crédito. ¿Tienen relevada esa información? Porque es otro aspecto que se suele señalar cuando se debate a propósito de los aranceles que están cobrando.
MV —Sí, ahí sí hay información.
RA —¿Qué tan atractivo está siendo para el negocio?
MV —Están los estados de resultado de los bancos que publica el BCU. Hace unas semanas hubo una discusión al respecto. Dos comentarios. Por un lado, la rentabilidad del sistema bancario en Uruguay es relativamente reducida cuando uno compara con la región, con el mundo. Son valores que no alcanzan a cubrir lo que se entiende que es un resultado razonable. Y por otro lado, uno tiene que hacer una evaluación global; es cierto, la tarjeta de débito se está utilizando más y eso genera mayores ingresos para los bancos, a pesar de que el arancel ha bajado de 7 % al 2 %. Esa operativa genera un montón de costos, pero sobre todo la ley les ha generado un montón de beneficios a los trabajadores y a los pequeños comerciantes. La ley obliga a los bancos –en ese caso sí se está obligando– a proveer servicios de manera gratuita a toda la población y a los pequeños comercios, servicios por los cuales antes los bancos cobraban o que no ofrecían porque no les interesaban porque no eran rentables.
Tenemos que visualizar que hay un cambio global en cómo con las políticas públicas nos posicionamos frente al sistema financiero y en cómo avanzamos para que toda la población, personas y empresas, pueda acceder a los servicios financieros básicos. Y no solo acceder, porque sería muy fácil acceder y que después no se pudieran utilizar por los precios que me cobran, sino acceder y poder usar efectivamente porque tengo una serie de servicios que son gratuitos. Eso tiene para nosotros un valor muy importante que va en la dirección de democratizar el acceso al sistema financiero y en esa perspectiva es que tenemos que evaluar globalmente estas políticas.
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EC —Varias preguntas que vienen de la audiencia tienen que ver con los POS, los aparatos, la tecnología que permite hacer las transacciones con las tarjetas y que debe estar disponible en los comercios a partir de la inclusión financiera, a partir de este sistema.
MV —No debe estar disponible, porque eso está asociado a la idea de obligatoriedad. El comercio que decide aceptar tarjetas debe tener un POS para poder aceptar las tarjetas.
EC —Perfecto. Las preguntas vienen a propósito de los costos.
RA —Antes de puntualizar lo de los costos, ¿cuántas empresas hoy en día ofrecen este servicio en el mercado?
MV —Son unas ocho empresas que están registradas en el BCU y ofreciendo este servicio. A veces se ha manejado, en todo esto que ha sido un manejo bastante poco claro de la información, que son solo dos, pero son ocho las empresas que proporcionan información al BCU y que ofrecen a las empresas la posibilidad de contratar el servicio de administración de una red de POS.
RA —Pero en algunos casos una determinada empresa solo puede operar con determinadas tarjetas y no con otras, y el comerciante en ese caso tiene que alquilar dos tipos de POS.
MV —Esa era la situación que teníamos antes del programa de Inclusión Financiera. Uno de los componentes en que hemos avanzado –el programa tiene muchísimos elementos– ha sido el de reglamentar lo que denominamos la interoperabilidad de las redes de POS con las tarjetas. Hay un decreto que genera que todas las redes de POS, cumpliendo los estándares de seguridad que las tarjetas establecen, deben recibir todas las tarjetas, y a la inversa, que cualquier tarjeta tenga derecho a pasar por una red de POS, cosa que antes no sucedía. Por lo tanto hoy esa interoperabilidad está reglamentada, están los mecanismos que generan condiciones para que cualquier tarjeta pueda aspirar a pasar por cualquier POS y que cualquier POS reciba cualquier tarjeta.
RA —O sea que para el comerciante un solo POS es suficiente. ¿Y qué beneficios o qué tipo de subsidio puede tener el alquiler de ese POS?
MV —En el marco de la Ley de Promoción de Inversiones se establecieron una serie de beneficios para facilitar la ampliación de la red de POS. La cantidad de comercios que aceptan tarjetas se ha multiplicado por más de tres en este período, tenemos cerca de 50.000 POS en la economía y cuando empezamos a trabajar había 13.000. Realmente ha habido una expansión de la plataforma tecnológica muy importante. Y en el marco de la ley de promoción que da beneficios a las empresas que administran las redes de POS, una de las contrapartidas que se les exigen es reducir el costo del arrendamiento. Por lo tanto quienes adhieran –esto no es obligatorio– a los beneficios fiscales deben arrendar los POS a un costo máximo que para el POS más simple, más sencillo, está en este momento en $ 316.
Y en el caso de los comercios pequeños, que tienen ventas anuales por debajo de 4 millones de unidades indexadas, hay un subsidio que en este momento es del 70 %, por lo tanto el comercio solo paga el 30 % del arrendamiento, lo que implica que está pagando unos $ 95 por mes para tener el POS y aceptar las tarjetas.
